Los obstáculos legales y logísticos al plan de Kast para controlar ingreso irregular de migrantes

Varias medidas para frenar el ingreso irregular de migrantes contempla el futuro gobierno del Presidente electo José Antonio Kast.

La migración fue uno de sus temas de campaña y en su equipo creen -según informó El Mercurio- que  si se consiguen resultados positivos, esto permeará otras áreas como la sensación de inseguridad, la lucha contra el crimen organizado e incluso en otras materias como los campamentos.

Según el censo de 2024, en el país hay 1,6 millones de migrantes, de un total aproximado de 18 millones de habitantes, con lo cual representan un 8,8% de la población total. Según cifras del INE del mismo año, unas 337.000 migrantes residen de forma irregular.

Kast conversó del tema con su par de Argentina, Javier Milei, el canciller de Perú, Hugo de Zela, y el mandatario ecuador Daniel Novoa.

“Estamos preocupados de plantear lo que nosotros trabajamos por meses en el ‘Plan Escudo Fronterizo'”, explicitó el Presidente electo esta semana en el marco de su último viaje.

Coordinadores del plan

Este plan ha sido trabajo en un equipo coordinado por la abogada republicana Beatriz Hevia, ex presidenta del Consejo Constitucional, entidad que presentó una propuesta rechazada en un plebiscito en 2023 por un 55% de los votos.

Además está integrado por varios ex uniformados: el exgeneral de Carabineros Enrique Basaletti (Carabineros), el exgeneral Cristian Vial (Ejército), el excoronel Luis González (Gendarmería) y el excontraalmirante Jorge Parga (Armada).

Basaletti pasó a retiro en 2021, en medio de cuestionamientos durante el estallido social. Vial causó polémica al desafiar el Presidente Gabriel Boric en una Parada Militar.

En tanto, Parga fue llamado a retiro en 2022, debido a las declaraciones que formuló defendiendo al cabo Leonardo Medina, chofer de un camión de la Infantería de Marina que atropelló y dio muerte al joven de 23 años Manuel Rebolledo, padre de una niña, en Talcahuano, que participaba en una manifestación en los días posteriores al estallido social. Medina fue condenado por cuasidelito de homicidio y el Estado debió otorgar una millonaria indemnización a los familiares de la víctima.

Además está el abogado y exalcalde de la comuna de La Florida Rodolfo Carter, quien junto a Vial y Basaletti fue electo en las últimas parlamentarias para asumir en el Congreso el próximo 11 de marzo.

Antecedentes

El plan “se hace cargo de la crisis de seguridad por medio de la crisis inmigración”, explicó Vial a fines de octubre cuando presentaba la estrategia que tiene como objetivo controlar la frontera y mejorar el control de complejos fronterizos.

Para ello contó que el equipo recorrió la zona norte, analizaron los 170 kilómetros de límite con Perú y los 860 con Bolivia, visitaron los complejos fronterizos de día y de noche y acotaron a 299 kilómetros la sección más vulnerable.

En ese tramo se centran las acciones que están programadas en tres fases, cada una con plazos y objetivos específicos. En ellas consideran la dotación de tecnología, inteligencia, construcción de obstáculos físicos como zanjas y cercos dependiendo del lugar y el despliegue de fuerzas armadas.

Se trata de desplegar desde el inicio una fuerza de tarea interagencial militar, policial y civil dirigida por civiles coordinada por el Estado Mayor Conjunto y con estándares militares que tenga foco en la zona norte, pero sin dejar de lado el resto de las fronteras, que entienden como “un globo, si se aprieta en un lugar los ingresos ilegales pueden crecer en otro”.

Indicadores de éxito

También se trazaron indicadores de éxito del plan como la disminución de los flujos ilegales en 40% en los primeros tres meses de gobierno y 80% a los seis meses, aumento del 100% del número de reducciones en los primeros tres meses, disminución de delitos asociados como tráfico de personas de droga y contrabando en un 50%, los primeros seis meses y mejoramiento de la tecnología para tener el 50% de las fronteras vulnerables vigiladas los primeros tres meses y 100% a los seis meses.

Todo esto se complementa con otras medidas como las conversaciones con otros países para crear un corredor humanitario para que migrantes, principalmente venezolanos, puedan trasladarse a su país, que fue en materia de conversación con las autoridades de Ecuador y Perú, y tramitar en los primeros 90 días de gobierno un proyecto de ley que tipifique como delito el ingreso ilegal.

La estrategia ha sido trabajada y afinada durante meses. Igualmente, cercanos al equipo detectan desafíos ante los cuales reconocen deberán ser extremadamente cuidadosos, uno de ellos es la eventual sobrecarga de las Fuerzas Armadas y el riesgo de exigirles gestión administrativas y de políticas públicas e instituciones diseñadas por la fuerza que carecen de la estructura que tiene el trabajo de civiles.

Oposición a medidas

Desde el punto de vista de la gestión advierten que existe el riesgo que funcionarios con ideas contrarias a la próxima administración (mencionaron los denominados “amarres”) pudieran obstaculizar la labor. Asimismo suman la preocupación de si se contará con la capacidad aérea y terrestre para hacerse cargo de un eventual masivo flujo de salida de migrantes, algo que se le planteó Kast durante la campaña.

Por otro lado, algunos cercanos al equipo Kast creen que las políticas que implementa el próximo gobierno podrían ser enfrentadas mediante recursos de amparo u otras acciones ilegales impulsadas por ONGs e instituciones de derechos humanos, dando paso a una masiva judicialización.

Respecto a la implementación misma observan consideraciones como que por error una incorrecta instalación de obstáculos físicos (zanjas, cercos), entre otros, deriven en conflictos diplomáticos con los países vecinos o que se vulnera el libre tránsito de comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT) y se generan problemas locales.

Migración y seguridad

El abogado cubano Mijail Bonito, ex asesor de política migratoria durante la segunda administración de Sebastián Piñera, llegó a Chile en el año 2000, casado con una chilena.

Él estima que el plan “ataca la causa principal y más urgente a atacar, que es la migración vinculada a la seguridad”.

Destaca que al tener etapas y metas preestablecidas se podrá evaluar algo necesario, dice, en políticas públicas. Eso sí, advierte que si bien es correcto el enfoque, hay un segundo punto que se debe tomar en cuenta, “en cómo se organiza el stock de inmigrante que ya está adentro. ¿Qué se hace con ellos?”.

A esto se suma la situación que dará de la actual administración. En entrevista con El Mercurio, el senador Pedro Araya, del PPD, contó que consultó al Servicio Nacional de Migraciones sobre los permisos de residencia temporal por reunificación familiar pendientes y estos suman 42.533.

“El presidente Boric le dará un fierro caliente acá en materia migratoria, va a ser imposible que el gobierno resuelva todas las soluciones, todas las solicitudes pendientes, antes del cambio de gobierno”, señaló el parlamentario.

Obstáculos legales y logísticos

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, fue parte de la División de Seguridad Pública durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Ella hace hincapié en la modernización tecnológica y en ese sentido cree que las medidas planteadas para los primeros seis meses “son súper difíciles porque las compras del Estado son tan burocráticas que demoran muchísimo”.

Por lo mismo dice que es fundamental que las Fuerzas Armadas colaboren, “tienen conocimiento estratégico y logística, recursos que pueden poner a disposición”.

Para que el plan funcione y se puedan sortear los obstáculos, los consultados concuerdan en la importancia de que el gobierno cuente con un buen equipo.

“Tienes que tener una coordinación prácticamente de todos los ministerios, Interior, Justicia, por ejemplo, porque hay muchos convenios bilaterales y multilaterales con respecto al cumplimiento de pena en el exterior que Chile podría hacer valer, el Registro Civil, Cancillería y por supuesto el Ministerio de Seguridad que tiene que coordinar a las fuerzas policiales”, dice Bonito.

Asimismo varios plantean dudas de si conviene tener un exuniformado a cargo. Para Greene “estratégica y políticamente es conveniente que esté un civil, dada la importantísima subordinación al poder civil que tienen las policías y las Fuerzas Armadas y porque es un cargo político que requerirá mucha gestión política”.

Oposición a criminalización

Por otra parte, en el Congreso la aprobación de la tipificación como delito del ingreso ilegal podría no ser tan expedita como se espera.

Actualmente hay una moción en ese sentido, presentada por los diputados de oposición, entre ellos Andrés Longton, Diego Schalper, Jorge Alessandri, Sofía Cid y Caterina del Real.

Está en segundo trámite y si el gobierno electo decida impulsar este proyecto sería más probable conseguir la aprobación en 90 días.

La actual oposición está a favor de declarar el ingreso ilegal como delito, pero existen diferencias en el actual oficialismo.

Raúl Soto (PPD) opina que es “probable” que apoyen la idea, “aunque lo analizaremos en su mérito”.

Sin embargo, la jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, sostiene que “la evidencia muestra que no es una buena medida, genera más problemas en materia de control de las fronteras, incluso seguridad”.

Juan Santana, del Partido Socialista, dice que pretender convertir en delito esta conducta no tiene ningún otro sentido más que seguir criminalizando la pobreza.

Desde el PC, la diputada Carolina Pizarro asegura que “nuestra bancada no va a aprobar ninguno de los proyectos de ley que se quieran impulsar en este o en cualquier otro ámbito que intente quitar derechos a la gente, que pretendan legalizar la represión y, en el caso particular de lo que significa la migración, penalizar, como se ha pretendido hacer, no respetando normas internacionales del derecho internacional que deben garantizar el respeto, partiendo por el respeto a la vida”.

Además de la discusión legislativa, expertos creen que hay otros aspectos a considerar. Bonito expone que hasta febrero del 2022 el ingreso ilegal era delito, pero “como la pena era baja, los fiscales no perseguían a quienes lo cometían. Entonces, cuando la autoridad ministerial resolvió la expulsión, las cortes, al recibir un recurso de amparo del expulsado, entendían que, no habiéndose perseguido el delito en sede penal, no había forma de mostrar en derecho que eso había ocurrido. Por tanto, no perseguía la expulsión administrativa”.

Por eso, cree que, “puede volver a ser delito y es una medida de disuasivo. Tienes que obligar a la autoridad que se encarga de perseguir a realiza una persecución real”.

Otro punto es qué ocurrirá con quienes sean detectados cruzando ilegalmente la frontera. A juicio de Bonito “hay que crear un procedimiento particular para este tipo de delito que sea mucho más veloz que un procedimiento penal normal, que tenga como pena el abandono inmediato del país”.

En esa línea, Greene postula que “se podrían crear centros intermedios que cumplan estándares internacionales de derechos humanos para su retención, porque si se les envía a un centro de privación de libertad, hoy esos lugares están hacinados y existe el riesgo de que, por necesidad o porque hay reclutamiento, puedan meterse en organizaciones criminales. Detener a alguien, llevarlo preso, no es una buena idea”.

Esta semana la ex jefe de campaña de Kast, Martin Arrau, afirmó que “lo que buscamos es que las personas que ingresen irregularmente pasen a ser un ingreso ilegal, un delito y por lo tanto puedan quedar en prisión preventiva”.