Pasarán Año Nuevo tras las rejas: preventiva para gendarmes y civiles en caso Operación Apocalipsis

Tras intensas jornadas de la megaformalización de la llamada Operación Apocalipsis, este martes el 12° Juzgado de Garantía de Santiago dio a conocer la resolución que afecta a los 62 imputados presentes en la audiencia, vinculados a la red de corrupción que operaba en las cárceles de San Joaquín y Santiago 1.

Tras casi dos horas de lectura de fallo, el juez Francisco Ramos fue tajante: todos, incluidos 42 gendarmes, quedaron con prisión preventiva por su participación en los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno y lavado de activos. Con esto, todos ellos pasarán el Año Nuevo tras las rejas mientras continúa la investigación, que tiene un plazo de 300 días.

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“En cuanto al éxito de la investigación, cuantificar que la investigación seguida por el persecutor se relaciona con una serie de células criminales que operan desde y hacia el interior de las mismas, con el poder monetario suficiente para corromper el sistema carcelario, por lo que nada asegura que estando en libertad estos mismos imputados ya corruptos puedan complotar para intervenir o intentar ejercer presiones o injerencias en contra de terceras personas, u otros imputados que, por ejemplo, deseen colaborar con la investigación”, señaló el juez Ramos.

Y sentenció: “Se decreta la prisión preventiva de todos los imputados sujetos de la solicitud por parte del Ministerio Público, los querellantes, Consejo de Defensa del Estado y Gendarmería”.

Ver resolución del Juzgado de Garantía de Santiago

El juez Francisco Ramos lee la resolución del caso y las medidas cautelares de los imputados por el caso Operación Apocalipsis.

El fiscal Marcos Pastén sostuvo que están tranquilos por haber realizado una “investigación acuciosa y sólida“. Y lo más importante, dijo, “a nuestro juicio es que, primero que todo, acredita o tiene por acreditado que todos los hechos que nosotros presentamos como antecedentes para la formalización son constitutivos de delitos”.

En jornadas previas de la audiencia de formalización, que se prolongó por 12 días, el tribunal –el sábado 20 de diciembre recién pasado– dictó las cautelares de firma mensual y arraigo nacional de cinco imputados y la prisión preventiva de otros dos, al haber acuerdo de sus defensas. Ese día, una octava imputada con necesidad de quimioterapia semanal recibió un permiso especial durante este proceso.

Hasta ahora, 70 personas, entre funcionarios de Gendarmería y civiles, están en calidad de imputados. El fiscal Pastén añadió hoy que “hay diligencias pendientes, hay líneas de investigación, hay sujetos que son de interés para nosotros”. Durante las audiencias previas se mencionó que el número de involucrados podría a aumentar a más de 100.

🔴 EN VIVO: 12° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de 62 civiles y funcionarios de Gendarmería imputados como autores de asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno. Plazo de investigación: 300 días. pic.twitter.com/hbKr36iCzw

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 31, 2025

Las defensas, por su parte, habían solicitado medidas menos restrictivas, desde arresto domiciliario hasta firma mensual, argumentando irregularidades en la investigación y circunstancias humanitarias de algunos imputados. Nada de eso convenció al tribunal, que optó por una medida drástica y contundente.

🔴AHORA. Operación Apocalipsis: 12vo Juzgado de Garantía da por acreditados todos los hechos y delitos formulados por la Fiscalía y decreta la prisión preventiva de todos los imputados presentes en la audiencia.
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— Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) December 31, 2025

Después de once jornadas de alegatos, 62 imputados por el caso Operación Apocalipsis, quedan en prisión preventiva.

Estructuras criminales

Según el ente persecutor, desde 2020 y la fecha de detención, los imputados formaron parte de diversas células criminales, constituidas por civiles, internos y funcionarios de Gendarmería de diversos rangos y funciones, con el objetivo de ingresar a los penales Santiago 1 y Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín de diversos artículos prohibidos, tales como celulares, alimentos y vestimentas. Por estos ingresos los integrantes de estas agrupaciones recibieron cuantiosas ganancias.

Asimismo, a través de diligencias de entrada y registro autorizadas por el tribunal, también se encontraron en dependencias de las casas fiscales ubicadas al interior del complejo penitenciario Santiago 1, cocaína en diversas dosificaciones; y en domicilios de los algunos de los detenidos, armas y municiones no inscritas.

Además, un grupo de civiles desde el exterior, como internos de los penales, ejecutaron diversos actos delictivos, como soborno y cohecho de los funcionarios de Gendarmería para lograr que estos omitieran su labor de custodia e ingresaran en concomitancia, objetos prohibidos por el régimen carcelario.

Lo anterior se realizaba a través de la coordinación de los denominados “jefes de manilla” y “manilleros”, civiles organizados que recibían una solicitud interna o externa de los penales, para el ingreso de objetos prohibidos; bandas que también promovían de las denominadas “gatitas”, las que, sin enrolamiento, se les permitía el ingreso al penal, para que ejercieran comercio sexual, a cambio de prebendas o de favores sexuales.

Otras formas de obtener dinero, consistía en el denominado “rescate”, que permitía a los gendarmes imputados requisar al interior de los módulos de los penales, elemento prohibido en poder de internos, los cuales revendían el mismo u otro recluso; y el “cambio de camiseta”, que consistía en, previo pago, alterar la clasificación y lugar de internación de reos.

Conforme los imputados fueron aumentando sus patrimonios, ejecutaron diversas acciones de diversificación entre cuentas bancarias, utilizaron testaferros, adquirieron propiedades o vehículos, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los ingresos obtenidos, configurando el lavado de activos.