Chile a ciegas frente al cambio climático: el emplazamiento al Presidente Boric tras el fin del CR2

La decisión de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de no renovar el financiamiento al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) detonó una de las controversias científicas y políticas más delicadas del final del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. No solo por el peso estratégico del centro –reconocido internacionalmente por su trabajo en cambio climático–, sino también porque el fallo ocurre en medio de una temporada marcada por olas de calor extremo, riesgo de incendios forestales y una creciente presión sobre las políticas de adaptación y mitigación climática del país.

• El CR2, creado en 2013, no es un centro más. Durante 13 años construyó una infraestructura científica que alimenta directamente las decisiones públicas: bases de datos climáticos, plataformas de riesgo, sistemas de observación, informes para el Estado, apoyo técnico a la Ley Marco de Cambio Climático y a los planes regionales y comunales de acción climática. Sin embargo, pese a ese historial, el nuevo modelo de financiamiento definido por ANID dejó al centro fuera del sistema.

La controversia se agudizó cuando se conoció que la propuesta de renovación del CR2 obtuvo una evaluación sobresaliente del panel internacional de expertos, compuesto por científicos de reconocido prestigio, mientras que el panel nacional –no científico– le asignó una puntuación inferior que terminó sacándolo de la lista de adjudicados. Esa diferencia no fue solo técnica: fue estructural. En el nuevo diseño del concurso, el panel nacional tenía la última palabra sobre la asignación de recursos, aun cuando los pares internacionales validaran científicamente la propuesta.

“La distancia existente entre ambas calificaciones no logra comprenderse con claridad en la evaluación que nos fue entregada por ANID”, señaló la directora del CR2, Pilar Moraga, al conocer los resultados.

El efecto de esa decisión va mucho más allá de una institución. Por primera vez, desde que Chile comenzó a estructurar su política climática, el país queda sin un centro nacional dedicado a producir ciencia del clima y resiliencia. Ninguno de los centros adjudicados en este concurso aborda directamente esa temática, lo que deja al Estado sin un soporte científico permanente para enfrentar uno de los mayores riesgos de su historia reciente.

Ese punto es el núcleo del emplazamiento que el CR2 dirigió directamente al Presidente Gabriel Boric en una carta abierta. En ella recuerdan que fue este mismo Gobierno el que impulsó y promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, una norma que obliga a que las decisiones estatales se basen en la “mejor evidencia científica disponible”. Y fue el propio CR2 el que sostuvo técnicamente buena parte de ese andamiaje legal.

• Cabe destacar, casi como un sarcasmo del destino, que la propia ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue directora del CR2 antes de sumarse al gabinete del Presidente Boric.

Sin embargo, al cierre de este mandato, el escenario es el inverso. Los anunciados Instituto de Cambio Climático y Observatorio de Cambio Climático aún no existen, y ahora tampoco existirá el CR2 como centro financiado por el Estado. El país queda, en la práctica, sin una institucionalidad científica capaz de sostener la implementación de su propia ley climática.

“Hacia el término del Gobierno del Presidente Boric se pone fin a un centro de excelencia sin que existan instituciones capaces de reemplazar su aporte”, advierte Pilar Moraga.

• El CR2 no solo producía papers. Durante su funcionamiento desarrolló 15 servicios climáticos, cuatro sistemas de observación avanzados, siete informes a Naciones Unidas, un octavo sobre carbono neutralidad en preparación para 2026, más de mil publicaciones ISI, decenas de policy briefs y plataformas que hoy usan ministerios, gobiernos regionales y municipios para planificar su adaptación al cambio climático. Todo ese ecosistema queda ahora sin respaldo financiero estable.

En Juego Limpio la directora del CR2 fue aún más explícita al describir el impacto concreto de la decisión:

“La decisión del ANID de no renovar el financiamiento al CR2 significa que el país no cuenta con un centro capaz de generar ciencia del clima y la resiliencia para la implementación de las políticas públicas que mandata la Ley Marco de Cambio Climático, como, por ejemplo, los planes sectoriales de adaptación y mitigación o los planes comunales y regionales”.

Y agregó: “En este último caso la situación es aún más crítica por la falta de capacidades y en este sentido el CR2 sí estaba aportando en la formulación de estos planes comunales, en plataformas de riesgo climático comunal y de emisiones a nivel comunal para facilitar esa tarea, así como fortalecimiento de capacidades. El impacto que tiene es justamente que no hay capacidades existentes en Chile que puedan reemplazar el trabajo que estaba haciendo el CR2”.

El problema, subrayó Moraga, no es solo la caída del CR2, sino además el vacío que deja el nuevo modelo de financiamiento:

“El gran problema que surge con este concurso es el hecho de que se eliminaron las áreas prioritarias y, por lo tanto, no es solo que no se adjudique el financiamiento para el CR2, sino que no se adjudica a ningún otro centro y, en consecuencia, el área queda desprovista del desarrollo científico que requiere el país ante la vulnerabilidad que existe”.

Ese es el punto político más delicado del conflicto: el Estado chileno decidió no financiar ni al CR2 ni a ningún otro centro que lo reemplace en su función estratégica. La política pública del clima queda, así, sin una cabeza científica.

Pese a ello, desde el CR2 insisten en que no abandonarán su trabajo. “Los investigadores e investigadoras del CR2 tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo de la investigación y el desarrollo científico como bien público para el país. Si bien ‘a pulso’ y sin el apoyo del Estado, seguiremos contribuyendo en lo que podamos ante las temáticas que nos convoquen”, expresó Pilar Moraga.

Pero el mensaje al Ejecutivo es inequívoco. El conflicto ya no es administrativo, sino político: se trata de decidir si Chile seguirá enfrentando la crisis climática con ciencia o si aceptará hacerlo a ciegas. Y esa decisión, advierten desde el CR2, quedará inscrita en el balance histórico del Gobierno de Gabriel Boric.

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