Fiscalía afirma que existen antecedentes “graves y sólidos” contra exministra Sabaj

El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, defendió la solidez de la querella de capítulos presentada contra la exministra Verónica Sabaj, asegurando que existen antecedentes “sumamente graves” que justifican la acción penal.

Campos explicó que la investigación considera “requerimientos de información, declaraciones, comunicaciones vía plataforma WhatsApp y documentos de carácter público”, los que permitieron a la Fiscalía Regional de Valparaíso deducir la querella por delitos de cohecho agravado, violación de secreto y eventuales actos de prevaricación judicial. “Todos esos antecedentes, en forma clara y contundente, fueron planteados por el Ministerio Público”, afirmó.

El persecutor indicó que los argumentos fueron reforzados durante el alegato y que, tras escuchar a todas las partes intervinientes, la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó la resolución para el próximo 27 de enero. “Estamos confiados en el desarrollo de las investigaciones y en que el estándar exigido por la propia Corte se cumple con creces en esta causa”, sostuvo.

Consultado por la diferencia entre prevaricación judicial y administrativa, Campos precisó que “un fiscal del Ministerio Público no ejerce labores jurisdiccionales”, por lo que en su caso se habla de prevaricación administrativa, a diferencia de un juez que cumple funciones jurisdiccionales. Sobre el delito de cohecho, explicó que basta el ofrecimiento de un beneficio a un funcionario público, “más allá de que eso se concrete”.

Caso Sergio Yaber

En relación con otros antecedentes en análisis, Campos confirmó que la Fiscalía Nacional recibió información remitida por la fiscal judicial de San Miguel respecto del conservador Sergio Yaber, los que actualmente están siendo evaluados para definir a qué fiscalías serán derivadas las diligencias correspondientes. Señaló que algunas aristas podrían vincularse con investigaciones ya en curso.

Respecto de la acusación de prevaricación judicial, el director de Anticorrupción afirmó que “a lo menos hay dos causas con rol de alzada” en las que se observan “injerencias indebidas” que eventualmente podrían constituir infracción penal, aunque recalcó que el tipo penal no exige necesariamente un resultado concreto y que el análisis de eventuales afectaciones es materia propia de la investigación.

Finalmente, Campos valoró el anuncio de la presidenta del máximo tribunal respecto de abordar las problemáticas internas del Poder Judicial, señalando que el Ministerio Público prestará “toda la colaboración” necesaria en el marco de su labor de persecución penal.