Fuego avanza y el Congreso se demora: Ley de Incendios atrapada entre urgencias y disputas políticas

La idea del eterno retorno de Nietzsche es una condena en Chile. Cada nueva temporada de incendios forestales y fatales vuelve a instalar la misma pregunta: ¿por qué Chile sigue enfrentando catástrofes cada vez más devastadoras sin un marco legal preventivo a la altura del escenario climático actual?

La emergencia que hoy afecta a regiones como Ñuble, Biobío, La Araucanía y O’Higgins no solo revela la magnitud del riesgo, sino que vuelve también a poner bajo escrutinio la lentitud del Congreso para avanzar en la denominada Ley de Incendios Forestales y Rurales, un proyecto que permanece entrampado, pese a haber sido presentado como una respuesta estructural tras la tragedia de Valparaíso en 2024.

• La iniciativa fue ingresada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2023 y aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el 6 de marzo de 2024, desde donde fue despachada al Senado.

Su objetivo central era pasar de un modelo reactivo —enfocado casi exclusivamente en el combate del fuego— a uno preventivo, incorporando planificación territorial, manejo del paisaje y responsabilidades claras para actores públicos y privados.

La tramitación legislativa nuevamente se vio atravesada por disputas políticas.

Conflictividad. El campo de pelea fue el artículo que establecía la prohibición del cambio de uso de suelo por 30 años en terrenos afectados por incendios, una indicación que no logró reunir los votos de parlamentarios de Chile Vamos ni del Partido Republicano.

• Desde el oficialismo, el rechazo fue interpretado como una señal de protección a intereses inmobiliarios y productivos, mientras que desde la oposición se argumentó que una restricción de ese tipo debía contar con mayor sustento técnico y no operar de forma generalizada.

El debate dejó al descubierto un problema estructural: la ausencia de reglas claras que eviten que terrenos siniestrados terminen siendo utilizados para proyectos que, en condiciones normales, enfrentarían mayores exigencias ambientales.

Jorge Aranda, de la Universidad de Santiago, nos explica que el artículo rechazado era clave, porque “no es raro ver que sobre suelos quemados y ecosistemas degradados se desarrollen proyectos inmobiliarios”, agregando que los incendios permiten, en la práctica, eludir planes de manejo exigidos por la Ley de Bosque Nativo.

• Mientras el debate sigue abierto, la ley permanece detenida en la Comisión de Hacienda del Senado, pese a contar con urgencia del Ejecutivo.

En paralelo, organizaciones como WWF Chile advierten que el costo de la inacción se mide en vidas humanas, pérdida de biodiversidad y retrocesos en mitigación climática.

En un contexto de crisis climática, con olas de calor más intensas, sequías prolongadas y expansión urbana hacia zonas de alto riesgo, la falta de una legislación integral ya no es solo un problema político, sino una vulnerabilidad estructural del país.

Cada incendio que avanza sin una Ley de Incendios vigente refuerza la misma conclusión: el tiempo legislativo corre mucho más lento que el fuego.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.