A petición de defensa, Tribunal posterga en seis meses preparación de juicio oral de Cathy Barriga

La audiencia de preparación del juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue postergada aproximadamente seis meses tras acogerse la petición de su defensa. El 9° Juzgado de Garantía de Santiago determinó que la instancia, originalmente prevista para este martes, se realizará finalmente el próximo 4 de agosto.

La defensa solicitó la extensión para revisar todos los antecedentes de la investigación. Su abogado, Cristóbal Bonacic, argumentó que “el hecho de que se acelere una etapa de investigación no quiere decir que uno va a renunciar a la posibilidad de revisar los antecedentes” y que se postergó “a fin de poder tener esos antecedentes y ejercer una debida defensa”.

Asimismo, acusó que los documentos no fueron entregados oportunamente por la Fiscalía, lo que tendría por objeto “postergar la única instancia que tiene un imputado de demostrar su inocencia, que es un juicio oral, a fin de poder tener esos antecedentes y ejercer una debida defensa”.

La instancia, fijada por la jueza Claudia Burgo Sanhueza del 9° Juzgado de Garantía, tenía por fin revisar las acusaciones formuladas por la Fiscalía Oriente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y querellantes particulares como la actual Municipalidad de Maipú.

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, es vista en la audiencia de preparación de juicio oral en su contra, en el noveno juzgado de garantía de Santiago | Créditos: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Al llegar a tribunales, la exalcaldesa se refirió a los procesos en su contra. “La única forma de probar la inocencia es un juicio“, aseguró a la prensa. En tanto a su salida, Barriga lanzó sus dardos contra la prensa presente y contra el actual edil de la comuna, Tomás Vodanovic, uno de los querellantes en la causa: “Cuando hablen de la querella de fraude al fisco que tiene, yo voy a hablar con ustedes”.

Barriga enfrenta cargos por doce delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación y uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Por estos ilícitos, el Ministerio Público ha solicitado una pena cercana a los 23 años de cárcel, mientras que el CDE, estimando un perjuicio fiscal de alrededor de $32 mil millones, pidió una condena mayor de 37 años de presidio.

Desde el Ministerio Público, el fiscal Felipe Sepúlveda se refirió a la postergación, indicando que “no consideramos esto como una derrota”. Tras esta reprogramación, el proceso continuará con actuaciones previas, y una vez realizada la audiencia de agosto, el tribunal podrá avanzar hacia la preparación del juicio oral.