PAÍS
Agencia Uno
Contraloría ordena sumario en La Ligua por uso de recursos públicos en acto de Jeannette Jara
El organismo fiscalizador determinó que el municipio permitió el uso de vallas, graderías y otros bienes públicos en una actividad vinculada a la entonces candidata presidencial, por lo que ordenó iniciar un sumario para establecer responsabilidades administrativas.
La Contraloría General de la República (CGR) instruyó a la Municipalidad de La Ligua iniciar un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades funcionarias por el uso de bienes municipales en una actividad asociada a la entonces candidata presidencial Jeannette Jara.
La decisión de la CGR se adoptó tras una denuncia presentada ante el Servicio Electoral (Servel) por la Fundación Fuerza Ciudadana, el 17 de septiembre pasado, en la que se cuestionó la realización de un acto denominado “Encuentro con Jeannette Jara”, efectuado el 12 de septiembre de 2025 en la Plaza de Armas de La Ligua.
En el marco de sus atribuciones legales, el órgano contralor realizó una fiscalización tanto al municipio como a la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en la autorización y desarrollo de la actividad.
De acuerdo con el informe, la Contraloría no detectó infracciones en los permisos otorgados por la Delegación Presidencial, ya que la actividad contaba con informe favorable de Carabineros y con autorización de la Seremi de Transportes de Valparaíso para el uso de vías públicas y la suspensión del tránsito vehicular, conforme a la normativa vigente.
No obstante, el organismo sí acogió la denuncia en lo referido al uso de bienes municipales. Según se estableció, durante el evento se emplearon vallas perimetrales, graderías y otros elementos de propiedad del municipio, además de personal municipal involucrado en la preparación del acto, lo que fue considerado ajeno a los fines institucionales de la entidad edilicia.
En ese sentido, la CGR concluyó que el municipio incumplió la normativa y la jurisprudencia administrativa sobre el uso de recursos públicos, al facilitar bienes municipales para una actividad de carácter político. Por ello, ordenó la apertura de un sumario con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas, instruyendo además que se remita copia del acto que dé inicio al procedimiento dentro de un plazo de 15 días hábiles.
La Contraloría señaló que “deberá arbitrar medidas para en lo sucesivo velar por el debido resguardo de los bienes municipales, con el objeto que estos sean utilizados estrictamente en la finalidad autorizada y no con una de carácter político, como ocurrió en la especie”.
Respecto de la realización del acto fuera del periodo legal de campaña, la Contraloría señaló que corresponde al Servel evaluar y, eventualmente, sancionar eventuales infracciones a la legislación electoral, motivo por el cual remitió los antecedentes a dicho organismo.
El abogado Raimundo Palamara, quien presentó la denuncia, valoró la resolución del ente fiscalizador y sostuvo que en este caso se vulneró el principio de probidad administrativa, recalcando que “los recursos públicos no pueden, bajo ningún protecto, ser funcionales a campañas o actos proseletistas”.
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