Gobierno instruyó a Corfo vender casi US$400 millones tras sobrestimar el precio del litio

La firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Maricunga entre Codelco y Rio Tinto fue presentada esta mañana por el Ejecutivo como un avance clave de la Estrategia Nacional del Litio. Sin embargo, el anuncio coincidió con una nueva controversia financiera: Corfo debió vender activos por cerca de US$400 millones para cubrir una brecha generada por menores ingresos a los proyectados.

Durante la mañana el Ejecutivo encabezó la firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Maricunga, acuerdo suscrito entre Codelco y la minera Rio Tinto. La ceremonia, realizada en La Moneda, fue destacada por el Gobierno como un paso estratégico dentro de la Estrategia Nacional del Litio, al tratarse de una alianza público-privada orientada a impulsar el desarrollo de nuevos proyectos y fortalecer la participación del Estado en la explotación del mineral.

Pese a la medida, Corfo ha estado envuelta en controversias por una venta del 10% de sus activos. El problema se originó en la elaboración de la Ley de Presupuestos 2025, cuando se estimó que los contratos de explotación en el Salar de Atacama generarían US$737 millones, considerando un precio del carbonato de litio entre US$13.000 y US$15.000 por tonelada. Sin embargo, el valor del mineral cayó durante el año al rango de US$8.900 a US$10.000 por tonelada, lo que redujo significativamente la recaudación efectiva. La diferencia alcanzó aproximadamente US$387 millones.

Pese a que en junio ya existían señales de que los ingresos no cumplirían las proyecciones, el gasto comprometido en el Presupuesto se mantuvo. Finalmente, en diciembre el Ministerio de Hacienda solicitó completar íntegramente el monto previsto, lo que obligó al Consejo de Corfo a autorizar la venta de activos financieros, la liquidación de inversiones transitorias y la utilización de reembolsos provenientes de operaciones con organismos multilaterales.

En total, las operaciones representaron cerca del 10% de los activos financieros de la institución, con un patrimonio que alcanza los US$3.000 millones aproximadamente, lo que podría impactar su planificación financiera de largo plazo.

Desde el Gobierno, el biministro Álvaro García defendió la decisión y aseguró que no se trata de un “préstamo” al Tesoro. Además, sostuvo que la actual administración ha fortalecido la capitalización de Corfo y que era prioritario cumplir con los compromisos presupuestarios.

“Cuando asumió este Gobierno la Corfo prácticamente no tenía capital invertido y durante este período se ha adicionado el capital en más de US$1.000 millones. El Gobierno está retirando capital que le es propio”, afirmó.

En contraste, en la oposición surgieron críticas sostenidas por todo el sector. El diputado Frank Sauerbaum (RN) afirmó que esta situación no es comparable con la ocurrida en 2023, cuando hubo ingresos superiores a los proyectados. “Estos recursos son recursos que se necesitan casi para la operación de Corfo. Por lo tanto, va a afectar el funcionamiento futuro”, aseguró.

A esto también se refirió el diputado Felipe Donoso (UDI), quien manifestó que “esto es una irresponsabilidad mayor por parte del gobierno, no solo porque lo advertimos el año 2024 cuando se construía el presupuesto del año 2025, se hizo una rebaja en ese minuto y se comprometió que cada informe de política fiscal se iba a hacer una rebaja, si es que esto era evidente que iba a suceder”.

A través de redes sociales, el diputado Benjamín Moreno (Republicanos) calificó la situación como “una vergüenza monumental”, mientras que Johannes Kaiser (PNL) sostuvo que “no se debió haber aprobado la ley de reajuste hasta saber cuánto es el déficit real del estado. Este gobierno no es fiable. Sus proyecciones son una estafa. Mientras antes nos hagamos cargo de la idea de que saquearon las arcas fiscales, mejor”