Nuevo golpe al Ministerio Público: por unanimidad, Corte rechaza desafuero de Orrego

Un revés para el Ministerio Público se concretó este martes luego de que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara, por unanimidad, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el caso Procultura.

La audiencia se desarrolló en el Palacio de Tribunales, donde los 24 ministros presentes escucharon los alegatos del fiscal Cristián Aguilar y del abogado defensor Ciro Colombara. Tras cerca de una hora de deliberación, el presidente del tribunal de alzada, Fernando Carreño Ortega, comunicó la decisión de desestimar la petición del ente persecutor.

La redacción de la sentencia quedó a cargo de la ministra Sandra Araya Naranjo y será dada a conocer en los próximos días.

Al término de la audiencia, el fiscal Aguilar evitó profundizar en el alcance del fallo. “No conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos referirnos a los argumentos”, señaló.

En tanto, Colombara se mostró satisfecho con “el hecho de que el desafuero haya sido rechazado de manera unánime”. Además, el defensor del gobernador regional se refirió a lo relevante de la decisión contundente del tribunal de alzada capitalino.

“Todos los ministros y ministras estuvieron de acuerdo en que aquí no ha habido conducta penalmente reprochable de ningún tipo. Nosotros sostenemos que no ha habido ni siquiera una infracción administrativa o de ninguna naturaleza”, manifestó.

Los argumentos de la Fiscalía y la defensa

En su exposición ante el tribunal, el persecutor sostuvo que existían antecedentes suficientes para avanzar en la causa y eventualmente formalizar a Orrego. “¿Hay antecedentes suficientes? Nos parece que sí. Tanto de la existencia del delito como de su participación. Entendemos que sí, hay concierto. Entendemos que sí, hay dolo. Entendemos que hubo perjuicio al Estado”, afirmó.

Según la Fiscalía, la relación entre el fundador de Procultura, Alberto Larraín, y el gobernador habría sido determinante en la suscripción del convenio por $1.686 millones para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.

El Ministerio Público ha sostenido que los recursos no habrían sido correctamente ejecutados ni rendidos. De acuerdo con la investigación, el perjuicio fiscal superaría los $1.690 millones, mientras que una acción civil del propio Gobierno Regional indica que más de $1.015 millones no habrían sido rendidos por la fundación.

La defensa de Orrego, encabezada por el abogado Ciro Colombara, cuestionó la solicitud de desafuero y la calificó como carente de sustento. En declaraciones previas, el penalista sostuvo que la presentación del Ministerio Público “se basa en antecedentes falsos, erróneos, interpretados equivocadamente” y acusó “errores gravísimos en el análisis jurídico penal de los hechos”.

Colombara también afirmó que uno de los principales fundamentos de la Fiscalía correspondía a una conversación que no incluyó a Orrego y que, a su juicio, fue mal contextualizada. “Yo quiero creer que se trata de un error garrafal, negligencia, más allá de una intención de mala fe”, expresó.

Por su parte, el gobernador ha reiterado que los recursos cuestionados serían recuperados mediante el cobro de pólizas de seguro exigidas al momento de firmar el convenio, gestión que —según indicó— se realiza con apoyo del Consejo de Defensa del Estado.

“En esta investigación la Fiscalía de Antofagasta ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho”, sostuvo Orrego en días previos, señalando que su postura ha sido respaldada por decisiones judiciales anteriores.