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Agencia Uno
Bono PMG que incluye al Presidente abre discusión por uso de incentivo a autoridades electas
El Presidente recibió en su remuneración de diciembre un bono PMG tras el cumplimiento de metas institucionales. Aunque el beneficio rige desde 1998 y lo reciben todos los funcionarios, diputados anuncian oficio a Contraloría y critican incoherencia en medio del déficit.
Gran polémica generó la información de que el Presidente Gabriel Boric recibe el bono trimestral por cumplimiento de metas institucionales, denominado Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Con ese incentivo, su remuneración pasó de $7 millones brutos a $10 millones brutos en diciembre de 2025.
Según la normativa, el PMG contempla el pago de un 7,6% de las remuneraciones si la institución alcanza un cumplimiento igual o superior al 90% de sus objetivos anuales, y de 3,8% si el cumplimiento es igual o superior a 75% e inferior a 90%.
Desde Presidencia indicaron que el Mandatario recibió este incentivo “como todos los servidores públicos” en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025, lo que equivale a “un 18% de las remuneraciones permanentes”. Añadieron que este bono lo han recibido los presidentes anteriores y sus ministros, ya que deriva de una ley de 1998.
No obstante, críticos sostienen que el PMG —vigente hace más de 20 años— se ha transformado en parte estructural de la remuneración de los funcionarios y no necesariamente implica mejoras reales en la gestión. Pero la situación de fondo es porqué una autoridad electa o de carácter político y no funcionario público que accedió por medio de un concurso, por ejemplo, recibe un incentivo cuando son ellas las que determinan las metas y sus cumplimientos.
Sin embargo, Presidencia explicó que los funcionarios públicos perciben una asignación anual de modernización equivalente al 30,6% de sus remuneraciones, que incluye el PMG, los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y un componente base.
De acuerdo con un documento disponible en la web de Dipres, la Presidencia alcanzó un 99,44% de cumplimiento de metas correspondientes a 2024. Entre los objetivos evaluados figuraron gestión eficaz, eficiencia institucional y calidad de servicios vinculada a transformación digital.
En gestión eficaz se midieron acciones de equidad de género, como programas para reducir brechas internas, gestión de personas con enfoque de género y criterios de evaluación para proveedores bajo ese estándar. En eficiencia institucional, se consideró evitar la concentración del gasto en los últimos meses del año y avanzar en el plan “Estado Verde”, orientado a implementar una gestión administrativa sustentable.
El único indicador que impidió alcanzar el 100% fue el gasto en resmas de papel, con un cumplimiento de 98,13%, debido a un problema reportado en el tercer piso del Palacio de Cerro Castillo.
Reacciones oficialistas
Consultada por el bono PMG, la ministra Jessica López defendió el sistema: “Supongo que lo recibo, no lo he mirado, pero entiendo que en todo el Estado de Chile hay un sistema que considera un conjunto de indicadores de desempeño institucional y que en función de eso, está asociado a bono. Yo espero haberlo recibido (…) me parece bien”. Agregó que “son todos indicadores que están definidos, se definen en cada inicio de año. Se van poniendo cada vez más exigentes y posteriormente se chequea su cumplimiento”.
Sobre la continuidad del beneficio, afirmó: “Estos son bonos que están establecidos en el Estado de Chile, no dependen del gobierno. Por lo tanto, van a seguir (…) este es un sistema que funciona hace décadas, no es un sistema de ahora. Seamos super claros en eso. No confundamos esto”.
Mulet anuncia oficio a Contraloría
El diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció que pedirá un pronunciamiento a la Contraloría. Señaló que se enteró “por la prensa que el Presidente de la República estaba recibiendo también los bonos de cumplimiento de metas, estos PMG, que uno los puede entender en la Administración del Estado para todos los subalternos, pero yo no lo entiendo para el Presidente de la República porque ¿quien evalúa a él si cumplió o no las metas?”.
Añadió que “El Presidente Boric siempre planteó con mucha claridad que él quería bajar los sueldos del Estado (…) y esto parece completamente contradictorio. (…) Creo que no es bueno en un año además difícil, con estrechez fiscal, que el Presidente aparezca recibiendo un bono”.
Mulet concluyó: “me molesta mucho y lo quiero expresar públicamente. Creo que no corresponde que el Presidente reciba ese bono”. Y anunció: “Voy a oficiar a la Contraloría General de la República (…) con la finalidad de que la Contraloría nos indique quién evalúa la gestión del Presidente (…) Porque yo veo unas encuestas (…) Entonces, no es como para llegar al 90, 100 por ciento de cumplimiento, mientras uno va a esa evaluación”.
Posturas cruzadas
El diputado Eric Aedo (DC) recordó que “el bono que recibió el Presidente Gabriel Boric por Programas de Mejoramiento de Gestión es una modalidad que está instaurada en Chile hace ya más de dos décadas (…)”. Sin embargo, advirtió que “no hay un real incentivo de mejoramiento a la gestión (…) porque al final estos bonos se lo ganan todos”.
Desde la oposición, la diputada Marlene Pérez cuestionó: “La pregunta es inevitable: ¿cuáles son las metas que se están premiando cuando el país enfrenta un déficit fiscal significativo y un mayor nivel de endeudamiento?”, apuntando a “la incoherencia y un estatuto administrativo que sigue premiando la permanencia sobre la eficiencia y los resultados reales”.
En tanto, los diputados Henry Leal y Flor Weisse señalaron que “resulta bastante evidente que no existe ni una sola meta u objetivo que haya cumplido durante el 2025 (…) que amerite este tipo de bonificación”. A su juicio, “es absolutamente vergonzoso e impresentable” que el Mandatario reciba el bono en el actual contexto económico.
Qué son los PMG
Según la Dipres, los PMG “tienen su origen en la Ley N°19.553 de 1998, y asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de carácter monetario para los funcionarios (…)”. Desde 2012, el incentivo corresponde a 7,6% si el cumplimiento es igual o superior al 90%, y 3,8% si es igual o superior al 75% e inferior al 90%.
La institucionalidad contempla un Comité Triministerial “integrado por los ministros de Interior, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia” que aprueba y evalúa los compromisos, asesorado por un Comité Técnico.
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