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Agencia Uno
PDI allana oficinas de Codelco y domicilios de executivos por derrumbe en El Teniente
La investigación busca determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales en la gestión de la información técnica vinculada al siniestro, que costó la vida a seis trabajadores en julio del año 2025.
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este jueves nuevos allanamientos a dependencias de Codelco en Santiago y Rancagua, además de domicilios de ejecutivos recientemente desvinculados. La diligencia fue ordenada por la Fiscalía de O’Higgins y autorizada por el juzgado de Garantías de Rancagua, en el marco de la indagatoria por el derrumbe en la mina El Teniente que en julio de 2025 dejó seis trabajadores fallecidos.
La diligencia fue instruida por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, y contó con autorización judicial. Según antecedentes del caso, la medida se adoptó luego de que la estatal reconociera inconsistencias y ocultamiento de información técnica en los reportes enviados a la autoridad sectorial tras un estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023, hecho que habría incidido en el accidente fatal del año pasado.
Anteriormente, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) decidió denunciar a Codelco ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República luego de detectar inconsistencias en el informe técnico, razón por la que tres altos ejecutivos fueron desvinculados de la empresa. Con esos antecedentes, el equipo investigador dispuso nuevas incautaciones para reunir documentación y respaldos que permitan esclarecer responsabilidades y determinar cómo se gestionaron los informes técnicos posteriores al evento geológico.
Durante el procedimiento, se incautaron equipos electrónicos correspondientes al ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza Gallardo y de quien fuera gerente de operaciones y ex General de la División El Teniente, Claudio Sougarret Larroquete. En octubre pasado, ya se había incautado los equipos del ex gerente de proyectos, Rodrigo Andrades Contreras, el tercer exejecutivo desvinculado.
No es la primera vez que la PDI ingresa a las oficinas de Codelco. El 28 de octubre pasado ya se había efectuado un operativo encabezado por el fiscal Cubillos, ocasión en que se requisaron dispositivos electrónicos, computadores y diversa documentación.
A partir de esas primeras diligencias y de declaraciones incorporadas al expediente, los investigadores ya habían detectado eventuales omisiones en la entrega de antecedentes. En ese contexto, la comunicación interna de Codelco sobre las inconsistencias no habría sorprendido al Ministerio Público.
A ello se suma la declaración prestada el miércoles por el presidente ejecutivo de la empresa, Rubén Alvarado, quien habría detallado el procedimiento adoptado por la compañía tras conocer los reportes emitidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
La denuncia ante el Ministerio Público busca indagar la eventual comisión de delitos asociados al “ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera”. En paralelo, la acción ante Contraloría apunta a establecer posibles responsabilidades administrativas y verificar el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia.
