Más allá del cable: Puerto de San Antonio abre un nuevo frente en el tablero geopolítico chileno

La decisión del Gobierno de Donald Trump de sancionar al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros funcionarios por su rol en la viabilidad inicial del cable óptico submarino entre China y Chile, marcó un punto de inflexión. No se trató de una advertencia reservada ni de una nota de preocupación: fue una medida concreta, con consecuencias personales, que expuso una forma de presión cada vez más explícita. El mensaje fue claro: en materias consideradas estratégicas, Estados Unidos está dispuesto a golpear.

El proyecto Chile-China Express –una conexión de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong– avanzó lo suficiente como para tener un decreto firmado el 27 de enero que otorgaba la concesión. No era una idea en estudio, como en un primer momento señaló el ministro Muñoz, hipotecando su credibilidad en los últimos días de su gestión, valorada por muchos como exitosa.

No. Era un acto administrativo en curso. Pero todo cambió en cuestión de días. Tras una alerta desde la embajada estadounidense, el Gobierno retrocedió. El decreto se anuló y el Presidente Gabriel Boric ordenó frenar el proceso hasta revisar sus implicancias. La secuencia dejó más que dudas: expuso una tensión externa evidente y, al mismo tiempo, un relato interno que no calzaba del todo con los hechos.

En ese tránsito, la discusión técnica quedó subordinada a la presión política. Aspectos como la seguridad de la red, la gobernanza de datos o la autonomía tecnológica pasaron a segundo plano frente a una disputa geopolítica por la influencia entre Estados Unidos y China.

Pero el cable no es el único proyecto que tensiona el tablero. Hay otro, según expertos, incluso más estratégico.

El Puerto Exterior de San Antonio

A pocos días de que se inicie marzo, el país enfrenta una decisión de mayor envergadura: la adjudicación de la primera fase del Puerto Exterior de San Antonio. Se trata de una obra estructural, con una inversión estimada de US$ 4.450 millones, que contempla la construcción de un rompeolas de casi cuatro kilómetros, el dragado de la dársena portuaria, accesos viales y ferroviarios, y medidas de mitigación ambiental.

Es la base física de un megapuerto proyectado para movilizar hasta 6 millones de TEU anuales y triplicar la capacidad portuaria de la macrozona central.

A fines de 2025, el propio ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, lo definió como el “proyecto portuario más grande que se está llevando a cabo en el continente hoy y el más grande de Chile en su historia”.

No se trata solo de infraestructura. Es capacidad estratégica.

En un país donde más del 95% del comercio exterior se mueve por mar, ampliar el principal puerto –que en 2024 superó los 23 millones de toneladas de carga– no es una opción estratégica más. Es una necesidad estructural. Pero también es una decisión que se lee más allá de lo económico. Porque no se trata solo de quién construye un rompeolas. Se trata de quién entra a formar parte de una infraestructura que sostiene el vínculo de Chile con el mundo.

Y allí aparece nuevamente China.

Entre las empresas que compiten hay nombres europeos y asiáticos de primer nivel. Pero también están dos gigantes estatales chinos –China Harbour Engineering Company (CHEC) y China Railway Construction Corporation (CRCC)– con experiencia, músculo financiero y capacidad real de quedarse con el contrato. Su eventual adjudicación no sería neutra. Tendría lectura inmediata en Washington.

El espejo está en Perú. El puerto de Chancay, impulsado por la estatal china COSCO, avanzó como un proyecto logístico, pero rápidamente pasó a ser visto como una pieza estratégica en el Pacífico. Estados Unidos reaccionó. Cuestionó el control de la infraestructura, alertó sobre el rediseño de rutas comerciales y los potenciales usos de estas instalaciones. Perú siguió adelante, pero no sin costo: el resultado ha sido un aumento de la presión diplomática, la revisión de marcos regulatorios y un debate interno sobre soberanía.

Chile parece acercarse a ese mismo punto, pero con un antecedente adicional: ya hubo sanciones.

La fórmula es conocida. Un “garrote” que busca alinear decisiones estratégicas en un escenario donde Estados Unidos ha dejado de actuar exclusivamente a través de canales diplomáticos para incorporar herramientas de coerción. En ese marco, las consideraciones técnicas conviven con un factor adicional: el riesgo político de cada decisión.

Y todo ocurre en un momento particularmente sensible.

La definición del Puerto Exterior coincide con el cierre del Gobierno de Gabriel Boric y la llegada de José Antonio Kast. El Presidente electo viajará a Miami cuatro días antes de asumir para participar en un foro en el Trump Doral, uno de los complejos del propio Donald Trump.

El contexto no es neutro. La decisión que se tome en Chile será observada atentamente en Washington y en Beijing.