Medioambiente
Corte Suprema se espanta con reforma que podría desmantelar justicia ambiental
El proyecto que modifica los tribunales ambientales sería un golpe a la institucionalidad creada. La reforma permite recurrir a la Corte Suprema decisiones inapelables por ley, lo que podría hacer irrelevantes los tribunales especializados y alterar el proceso judicial ambiental.
El proyecto que modifica los tribunales ambientales en Chile ha desatado un debate crucial sobre la justicia ambiental y la autonomía de las instituciones encargadas de regular los conflictos en esta área.
En su reciente informe, la Corte Suprema señala que la reforma podría hacer irrelevante toda la estructura que se ha construido para garantizar la justicia ambiental en el país, desplazando el rol clave de los tribunales especializados.
Lea aquí el informe de la Suprema
Uno de los focos principales del análisis del máximo tribunal es la ampliación de la casación a resoluciones que, según la ley actual, no son susceptibles de impugnación. La reforma permitiría que decisiones intermedias, que no ponen término al proceso ni resuelven el fondo del asunto, sean revisadas directamente por la Corte Suprema. Este cambio generaría un “salto directo” a la máxima instancia judicial, una impugnación per saltum que contravendría el procedimiento habitual que debe pasar primero por una Corte de Apelaciones.
La Corte Suprema subraya que esta reforma vulnera el principio de especialización en el sistema judicial. En lugar de seguir siendo los tribunales ambientales los encargados de resolver los conflictos vinculados a la legislación ambiental, se podría trasladar gran parte de esta carga a la Corte Suprema, un órgano generalista que carece de la especialización necesaria para tratar cuestiones técnicas y complejas del ámbito ambiental.
En este sentido, el informe considera que el proyecto de ley amenaza con desvirtuar la institucionalidad ambiental que ha sido cuidadosamente construida a lo largo de los años. La creación de los tribunales ambientales, el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y otros organismos no debe ser vista como una estructura administrativa redundante, sino como una solución técnica y jurídica fundamental para resolver los desafíos medioambientales del país.
La Corte concluye que el propósito de la reforma, si bien busca hacer más accesible la justicia, podría tener efectos indeseados, ya que socava la eficacia y la especialización del sistema, y, al hacerlo, podría diluir la función de los tribunales ambientales en favor de un enfoque más centralizado y menos técnico.
Esta modificación legislativa podría generar una grave desconexión entre las instituciones encargadas de la justicia ambiental y las decisiones políticas que afectan directamente la sostenibilidad del país.
La Corte Suprema también advierte que la reforma no concilia con el principio de justicia especializada ni con la celeridad requerida para resolver los conflictos medioambientales en el contexto actual.