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Macaya inclina balanza a favor de ley que conmuta penas a mayores de 75: su padre, preso, tiene 73
La iniciativa -que abre la puerta para cumplir penas a violadores de DD.HH. fuera de la cárcel- fue aprobada por 23 votos contra 22. El voto del senador UDI Javier Macaya resultó decisivo, en medio de cuestionamientos porque su padre cumple condena por abuso sexual contra menores.
Una votación estrecha y una controversia personal marcaron la aprobación en general del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad en el Senado a personas que estén actualmente presas y que tengan más de 75 años. En los hechos, esta ley beneficiaría directamente a reos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los DD.HH.
De avanzar ese proyecto de ley podrían verse beneficiados más de 300 condenados por lesa humanidad, más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio.
La iniciativa, que permite que personas de edad avanzada, de 75 años o más puedan optar al beneficio e impulsada por legisladores de derecha, fue visada por 23 votos a favor y 22 en contra, resultado en el que el sufragio del senador Javier Macaya terminó inclinando la balanza.
El proyecto, presentado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca establecer mecanismos que permitan suspender o sustituir el cumplimiento de penas de cárcel por fórmulas alternativas, lo que —según sus críticos— podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la discusión legislativa derivó en un foco inesperado: la participación de Macaya en la votación.
El parlamentario votó a favor de la iniciativa, lo que terminó siendo decisivo para su aprobación. La situación abrió cuestionamientos desde el oficialismo, dado que su padre, Eduardo Macaya, quien tiene 73 años, fue condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra menores.
Durante el debate en la Sala, el senador Daniel Núñez pidió formalmente que Macaya se inhabilitara de participar en la votación, argumentando un eventual conflicto de intereses.
El parlamentario comunista sostuvo que la norma podría abrir la puerta a beneficios para condenados que cumplan ciertos requisitos, entre ellos la edad, lo que eventualmente podría tener implicancias para personas en situaciones similares a la de Eduardo Macaya.
“Quiero pedir que se inhabilite el senador Macaya porque, si este proyecto de ley se aprueba, su padre podría verse beneficiado”, señaló Núñez durante la sesión, citando disposiciones del reglamento del Senado relacionadas con inhabilidades parlamentarias.
La ministra de Segpres camina con la mano en la cara en el hemiciclo durante la sesión en sala del Senado. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO
La solicitud desató una fuerte reacción en la bancada de derecha. El senador Rojo Edwards calificó las declaraciones de Núñez como “lo más bajo” del debate parlamentario y defendió que la iniciativa no beneficiaría al padre de Macaya.
Edwards también solicitó que las palabras del senador comunista fueran retiradas del acta de la sesión.
Más allá de la controversia, la votación siguió adelante y el proyecto terminó siendo aprobado por un estrechísimo margen. Con 23 votos a favor y 22 en contra, el apoyo de Macaya resultó determinante para que la iniciativa superara su primer trámite legislativo.
Trámite legislativo sigue abierto
Tras la aprobación en general, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, abrió la votación para definir el plazo de presentación de indicaciones.
La Sala fijó como fecha límite el lunes 16 de marzo al mediodía, decisión que fue respaldada por 27 votos a favor y nueve en contra.
Al término de la sesión, la senadora Yasna Provoste y el senador Fidel Espinoza realizaron reserva de constitucionalidad, anticipando que podrían recurrir al Tribunal Constitucional si el proyecto avanza en su tramitación.
El estrecho resultado y la polémica en torno al voto de Macaya anticipan una discusión legislativa compleja en la etapa siguiente, en un debate que mezcla consideraciones jurídicas, memoria histórica y cuestionamientos éticos sobre eventuales conflictos de interés en el Congreso.
04 DE MARZO DE 2026/VALPARAÍSO
Hemiciclo del senado durante la sesión en sala.
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