Siete muertos en un mes: el costo humano de la industria salmonera

Mientras Chile consolida su posición como el segundo productor mundial de salmón, una serie de accidentes laborales y denuncias sobre subcontratación vuelven a poner en cuestión las condiciones de seguridad en el trabajo submarino.

En el primer mes de 2026 murieron siete trabajadores vinculados a operaciones de la industria salmonera, en un contexto marcado además por la aprobación en enero de una ley que por primera vez regula el trabajo de buceo en el sector, pero que aún debe ser implementada.

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El 8 de enero de 2026, Manuel Esteban Matus Caamaño descendió en las aguas del canal King, cerca de Melinka, en la región de Aysén. Tenía 29 años y trabajaba como buzo comercial en el centro de engorda “Martita”, una instalación de la empresa salmonera Australis Mar. Cerca de las 10:40 se reportó una emergencia durante la faena. Tras esa llamada, Matus no volvió con vida a la superficie.

El trabajador prestaba servicios para la empresa DM Services, una compañía subcontratista que realizaba labores para Australis Mar. Su muerte dio origen a una investigación de la Fiscalía de Puerto Cisnes para determinar las circunstancias del accidente.

Veinte días después, otro episodio volvió a sacudir a la industria. A las 4:00 am del 28 de enero el catamarán “Koñimó I” se hundió 40 metros en el fiordo de Reloncaví, en la región de Los Lagos. Seis tripulantes murieron. La embarcación pertenecía a la empresa contratista Agua Santa, que realizaba trabajos para las salmoneras Salmones Austral y Trusal. Ninguno llevaba chaleco salvavidas.

Siete trabajadores muertos en el primer mes del año.

“Chile tiene el récord mundial de muertes en la industria salmonera global”, afirma Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, organización que desde 2007 documenta la mortalidad laboral en el sector.

Según su registro —que reúne datos oficiales, reportes sindicales y cobertura de medios regionales—  90 trabajadores han muerto en actividades vinculadas a la industria salmonera en los últimos doce años.

Consultado por El Mostrador, el gremio SalmonChile —que agrupa a empresas como AquaChile, Australis Seafoods, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén— cuestionó las cifras difundidas sobre mortalidad en la industria. “Hoy circulan cifras inexactas, que mezclan universos distintos: accidentes laborales, accidentes de trayecto, operaciones de buceo y otros hechos que no necesariamente responden a una misma categoría de análisis”, afirmaron.

A esas cifras se suman otros accidentes registrados en operaciones submarinas. Entre 2004 y 2026 se reportaron 274 accidentes de buzos en centros de cultivo salmoneros, de los cuales 49 terminaron con la muerte del trabajador, según datos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).

Consultado sobre si mantiene un registro propio de mortalidad laboral, el gremio se remitió a cifras oficiales: “Estos datos verificables son la base sobre la cual trabajamos para mejorar continuamente nuestros estándares de seguridad”.

Según el gremio, los indicadores de seguridad también han mostrado mejoras: la tasa de accidentabilidad bajó de 3,0% en 2019 a 1,7% en 2024, “una reducción de 43% en cinco años”, de acuerdo con cifras de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

La comparación con Noruega, primer productor mundial de salmón, es significativa. Según un reportaje publicado por The Guardian en diciembre de 2025, ese país registra tres muertes en 35 años en su industria salmonera. Chile, que ocupa el segundo lugar a nivel global, supera las 90 muertes en poco más de una década.

Ante la comparación con Noruega, SalmonChile sostuvo que los datos no son directamente comparables: “Chile es más intensivo en mano de obra, operaciones de buceo, contratistas y transporte marítimo, mientras que Noruega opera con mayor mecanización”.

Pero Cárdenas sostiene su punto. “Estamos frente a una actividad que tiene tasas de accidentabilidad muy superiores a las que se observan en otros países productores”, afirmó. “El buceo es esencial para el funcionamiento de la industria, pero durante años se ha desarrollado con altos niveles de subcontratación y con estándares de seguridad que han sido cuestionados”.

El salmón a nivel mundial

La discusión ocurre en el contexto de una de las actividades exportadoras más importantes del país. Chile es el segundo productor mundial de salmón después de Noruega, y en los últimos años la industria ha alcanzado niveles récord de producción. En 2023 el sector generó exportaciones por más de US$6.400 millones, según cifras del Banco Central y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

La actividad se concentra casi por completo en el sur del país, principalmente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde operan cientos de centros de cultivo instalados en fiordos, canales y zonas costeras. De acuerdo con estimaciones del gremio SalmonChile, la industria genera más de 45 mil empleos directos y cerca de 41 mil indirectos a lo largo de su cadena productiva.

Detrás de esas cifras se despliega una estructura compleja que incluye empresas productoras, compañías de transporte marítimo, plantas de procesamiento y una extensa red de servicios externos.

Dentro de ese sistema, el trabajo submarino ocupa un lugar central. Según estimaciones del Centro Ecoceanos, más de 6.000 buzos participan en labores vinculadas a la acuicultura en Chile, realizando tareas de mantención de redes, inspección de estructuras y reparación de instalaciones bajo el agua. Sin su intervención diaria, gran parte de las operaciones de los centros de cultivo simplemente no podría realizarse.

La buzo que estaba siete metros más abajo

Uno de los casos que expuso públicamente las condiciones del trabajo submarino ocurrió en 2022.

Katherine Pérez Moraga tenía 30 años cuando murió. Era el 22 de agosto de 2022 y realizaba labores en un centro de cultivo ubicado dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini, a más de cien kilómetros de Punta Arenas. Trabajaba para la empresa subcontratista Austral Service y ese día había descendido cerca de 30 metros de profundidad. El equipo que utilizaba estaba diseñado para operar hasta 20 metros.

“El dispositivo que usaba mi hermana es para trabajar hasta 20 metros de profundidad. Pero ella estaba a 27 metros”, declaró su hermano Antonio César Pérez Moraga al diario La Prensa Austral tras el accidente.

Cuando se produjo la emergencia, dos buzos descendieron para intentar rescatarla. Ambos debieron recibir posteriormente atención médica por accidentes de descompresión tras regresar a la superficie y esa misma noche fueron ingresados a una cámara hiperbárica.

“Desafiando las leyes de la física, (otro buzo) llegó a los 60 metros de profundidad y logró sacarla. Sin vida. Pero la trajo y podremos despedirla”, relató su madre, Lorena Moraga.

El caso generó conmoción en la región de Magallanes y llegó al Congreso. La diputada Javiera Morales denunció públicamente lo ocurrido y el episodio se transformó en uno de los impulsos para iniciar la discusión de una legislación específica para el trabajo de buceo en la industria salmonera.

Todo depende del reglamento

En diciembre de 2025 el Congreso aprobó finalmente la Ley 21.789, que crea por primera vez en el Código del Trabajo un contrato laboral específico para buzos profesionales que se desempeñan en centros de cultivo.

La normativa establece obligaciones de seguridad para las empresas, incluyendo registros electrónicos de inmersiones, control de tiempos de trabajo bajo el agua y protocolos de emergencia ante accidentes relacionados con la presión y la descompresión. También introduce responsabilidades para las empresas principales que contratan servicios de buceo, obligándolas a supervisar que contratistas y subcontratistas cumplan con las normas de seguridad.

La ley fue publicada en enero de 2026 y entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, una vez que se dicte el reglamento que definirá sus condiciones técnicas de aplicación. Pero ese reglamento aún no existe.

Cuántas horas puede bucear un trabajador, cuánto debe descansar entre inmersiones, qué métodos de trabajo están prohibidos o cómo debe operar el acceso a cámaras hiperbáricas son aspectos que la ley dejó delegados a esa normativa secundaria.

“El verdadero desafío que tiene esta ley es ¿cómo se va a implementar el reglamento que todavía no existe? Estamos a tres meses de que la ley entre en vigencia y aún no hay un borrador público”, advierte Cárdenas.

La elaboración del reglamento está a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social y Directemar. Según Cárdenas, hasta ahora no existe participación vinculante de organizaciones de buzos ni sindicatos en ese proceso.

Un estudio de la Superintendencia de Seguridad Social publicado en 2020 recomendó que las jornadas de buceo no superen las cinco horas diarias. La ley, sin embargo, no incorpora ese límite. Tampoco define el buceo como “trabajo peligroso”, sino únicamente como “trabajo pesado”, una distinción que tiene implicancias legales y laborales.

Otra de las críticas apunta a que la normativa no prohíbe explícitamente el llamado buceo yo-yo, una práctica en la que los trabajadores bajan y suben repetidamente desde profundidad sin realizar pausas adecuadas de descompresión, acumulando nitrógeno residual en la sangre y las articulaciones.

“Desafiando las leyes de la fisiología humana, el buceo yo-yo sigue siendo una práctica frecuente en algunos centros de cultivo”, señala un documento de observaciones elaborado por Ecoceanos sobre la nueva legislación.

“El 40% de los buzos son subcontratados”

Según estimaciones de esta organización, alrededor del 40% de los buzos que operan en centros de cultivo lo hacen bajo esquemas de subcontratación, muchas veces mediante contratos temporales por obra o faena.

En la práctica, gran parte de estas labores no son realizadas por trabajadores contratados directamente por las empresas salmoneras, sino por compañías externas que prestan servicios especializados y que se encargan de contratar, pagar y supervisar a los buzos.

La nueva legislación busca abordar parte de esa realidad. El artículo 145 bis E establece que toda actividad de buceo desarrollada en concesiones o instalaciones de centros de cultivo se presumirá realizada bajo régimen de subcontratación, y que las empresas mandantes serán solidariamente responsables de las indemnizaciones por daño moral y lucro cesante en caso de muerte o lesiones de un trabajador.

Sin embargo, especialistas y organizaciones del sector advierten que el impacto real de la ley dependerá de su implementación y de la capacidad de fiscalización de las autoridades.

Manuel Matus trabajaba subcontratado para DM Services cuando murió en enero. Katherine Pérez lo hacía para Austral Service. Los seis tripulantes del Koñimó I trabajaban para la empresa Agua Santa. Según Ecoceanos, la mayoría de los 90 trabajadores fallecidos entre 2013 y 2026 se desempeñaban bajo esquemas de subcontratación.

“En el Estado hay subreporte de mortalidad y accidentes, y nosotros también tenemos subreporte porque no todos los eventos se registran”, reconoce Cárdenas.

Entre 2013 y 2026, además, 14 naves de transporte vinculadas a la industria salmonera se han hundido, provocando la muerte de cerca de 30 tripulantes, según registros de la misma organización.

El Estado ha abierto 710 procesos contra la industria salmonera entre denuncias y expedientes sancionatorios, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam publicada en 2026. Solo entre 2019 y 2024, Sernapesca presentó 475 denuncias contra empresas salmoneras por incumplimientos graves en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

SalmonChile reconoció que “aún enfrentamos desafíos importantes, particularmente en la gestión de seguridad en operaciones realizadas en distintos tipos de faenas”, e indicó que las compañías del sector están implementando “metodologías avanzadas de seguridad estratégica enfocadas en el control preventivo de accidentes graves y fatales”.

La entrada en vigencia de la nueva legislación busca establecer estándares de seguridad más claros para el trabajo submarino en la industria. Pero su impacto dependerá finalmente de cómo se implementen las normas, del contenido del reglamento pendiente y de si esos cambios logran traducirse en mejores condiciones para quienes trabajan cada día bajo el agua.