Operación Retorno: el plan del Gobierno para volver a controlar la agenda

Los números no mienten. La gente está irritada por el “bencinazo” y el 64% de los ciudadanos desconfía del relato oficial sobre el alza de los combustibles. Un mensaje que en política suele decodificarse cambiando de tema, sobre todo cuando el control de la conversación se pierde. Y eso es exactamente lo que el el gobierno del Presidente Kast ha ordenado con su “Operación Retorno”, estrategia que busca volver a controlar la agenda.

El plan apunta a enterrar el precio del petróleo bajo una batería de proyectos de seguridad y orden público –temas donde el Gobierno se siente a sus anchas–, buscando desprenderse de la imagen que ha predominado estas últimas semanas: la de una administración fría e indolente.

• Para sacudirse de esta impronta, el Gobierno pretende reforzar el relato económico –“no hay plata para subsidios porque los anteriores nos dejaron el Estado en la ruina”– con una nueva épica de “coraje civil”, concentrada en conceptos como patria, orden, seguridad extrema y control migratorio, pero sin dejar atrás el mantra sobre la “cruda verdad” económica.

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Cambio de eje estratégico. El plan será visible tras Semana Santa, apostando a que la relevancia del orden público desplace el malestar por el “bencinazo”. El núcleo de esta ofensiva incluye medidas de alto impacto, como reponer la aplicación del Código de Justicia Militar en Estados de Emergencia, impulsar nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), replicar el modelo salvadoreño en casos de criminales violentos y recuperar el control de los liceos, exigiendo a los padres la firma obligatoria de reglamentos de convivencia.

Redefinición del relato. Para neutralizar la imagen de un Mandatario desconectado de la realidad doméstica –como el despido de la directora de SernamEG en tratamiento contra el cáncer–, el diseño gubernamental propone pasar de la “batalla cultural” a la “batalla social”. Ante la “fuerte estrechez fiscal” heredada, el mensaje apunta a que el dinero no puede destinarse a agendas de género o derechos LGBTQ+, buscando transformar la percepción de insensibilidad en un acto de “honestidad” que prioriza a los más pobres y desposeídos.

Auditorías de choque. Para validar el ajuste fiscal y el fin de subsidios al Mepco, el Gobierno utilizará las auditorías a la gestión anterior como una herramienta política, apuntan observadores. El objetivo será transmitir que el Estado quedó “en la ruina”, sirviendo de bálsamo social para justificar por qué no se pueden frenar las alzas de precios inmediatas. Como contraparte, el Ejecutivo apostará por la reactivación, destrabando proyectos por más de US$ 20.000 millones para generar empleo formal, por ejemplo, iniciativas de energía renovable como los parques eólicos Rinconada y Los Coihues.

Ofensiva migratoria. El retorno a los pilares fundacionales incluye una nueva ofensiva migratoria que transitará hacia un “sistema continuo de expulsión” masiva, evaluando traslados por tierra para optimizar recursos. La estrategia buscaría “asfixiar” la vida cotidiana de los irregulares, prohibiendo arriendos a quienes no tengan documentos, para forzar su salida voluntaria del país.

Según fuentes oficialistas, la nueva apuesta del Gobierno descansa en la percepción de que la ciudadanía privilegiará, en un escenario de rudeza económica, la imagen de un líder “duro y honesto” que los protege contra la delincuencia y la migración. Una tesis que, por cierto, debe encontrar un correlato en su implementación, una faceta donde la nueva administración no ha estado fina y ha debido enfrentar gruesos errores.