Fotografía: @Monumentos_cl
El SICAR y la sórdida historia en el subterráneo de la Plaza de la Constitución
Dos hechos sucedieron ayer en torno a “El Hoyo”, como se conocía al cuartel secreto que el Servicio de Inteligencia de Carabineros mantenía frente a La Moneda: el Presidente instaló una placa conmemorativa en el lugar y la Corte Suprema condenó a varios exagentes por el secuestro de dos jóvenes del PS, en 1974, las cuales no solo fueron detenidas ilegalmente y torturadas, sino también violadas.
En medio de la gran atracción mediática que significó el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos y la polémica que este conllevó, dada la ausencia de la derecha en el acto, pasó casi inadvertido otro de los eventos programados para ayer, en el marco de los actos de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Se trataba de la inauguración de una placa, por parte del Presidente Gabriel Boric, que recuerda que el subterráneo de la Plaza de la Constitución es Monumento Histórico desde 2018. Junto al Mandatario estuvieron la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y la titular de la Segegob, Camila Vallejo. Pero quizá la figura más llamativa de la jornada fue la del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuya asistencia al acto confirma el excelente nivel de relaciones que existe entre él y el Poder Ejecutivo.
Como se recordó ayer, entre 1973 y 1974 funcionó en ese lugar un cuartel clandestino de uno de los más desconocidos aparatos represivos de la dictadura, el SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros), lugar que era conocido como “El Hoyo”. Coincidencia o no, ayer también La Corte Suprema entregó un nuevo fallo en causas de violaciones a los derechos humanos y, justamente, dicho dictamen dice relación con dos secuestros y torturas cometidos allí.
De acuerdo con el dictamen, el Servicio de Inteligencia de Carabineros se encontraba hacia 1974 dividido en cuatro grupos de trabajo: dos administrativos (“Análisis” y “Archivo y kardex”) y dos operativos (“Operaciones” y “Contrainteligencia”). Para el accionar de esas últimas secciones contaba con diversos cuarteles clandestinos, uno de los cuales era el ubicado debajo de la Alameda, entre las calles Teatinos y Morandé.
Hasta allí fue llevada el 19 de junio de ese año una joven militante del PS, que fue secuestrada desde su casa en La Reina y estuvo tres días encerrada en ese lugar, luego de lo cual la dejaron en libertad, solo para ir días después a buscarla y encerrarla de nuevo, por parte de los mismos cinco sujetos de civil que portaban ametralladoras y que la habían plagiado la primera vez.
El 27 de junio de 1974, en tanto, otra muchacha que militaba en el mismo partido fue secuestrada en las afueras de su casa en Cerrillos, siendo también trasladada hasta el subterráneo de la Plaza de la Constitución, donde la mantuvieron secuestrada varios días.
De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala de la Corte Suprema, “ambas permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente en el recinto de sus secuestradores, los funcionarios del SICAR”.
Pese a ello, las sentencias recibidas por los condenados fueron relativamente bajas: el excarabinero Manuel Agustín Gamboa recibió una condena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de secuestro agravado (con connotación sexual), mientras que Francisco Illanes Miranda, Winston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado Alvarado recibieron la pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices.
A inicios de los años 80, el SICAR cambió su nombre a Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), aunque mantuvo a casi todo su personal. Dicho organismo de inteligencia se hizo tristemente célebre, luego de que perpetrara (en 1985) el asesinato de tres profesionales comunistas (Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero), lo que llevó a que el entonces general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar, César Mendoza Durán, renunciara a ambos cargos, aseverando que lo hacía “porque se me antojó”, luego de lo cual asumió el general Rodolfo Stange, quien disolvió la Dicomcar y pasó a retiro a su jefe, el coronel Luis Fontaine. Este fue asesinado en 1990 en las afueras de su casa, por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A).
Cabe recordar que hace unos días la diputada del Partido Republicano Gloria Naveillán aseguró que las violaciones y abusos sexuales cometidos por agentes de la dictadura en contra de mujeres eran “leyenda urbana”, algo que descarta por completo el máximo tribunal del país en un fallo que es público y que se puede leer aquí.
