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El cambalache entre la Fundación Allende y Serviu: obras de arte por una casona
La Fundación Salvador Allende saldó la deuda de una propiedad con el Serviu mediante el “trueque” de 93 obras de arte. Los trabajos nunca fueron entregados al Serviu y la Contraloría detectó irregularidades, aunque declaró el caso prescrito. Hoy, tras siete años, dicho caso vuelve a encenderse.
Siete años antes de que el escándalo por la venta de la casa de calle Guardia Vieja explotara, sepultando el intento de transformar la residencia del expresidente Salvador Allende en un museo y dejando fuera de cargos públicos a dos de sus familiares, otra negociación se llevaba a cabo entre una repartición del Estado y la fundación encargada de resguardar la memoria del exmandatario socialista.
La operación involucraba –al igual que hoy– el destino de un bien inmueble: el palacio Heiremans, la residencia que fue comprada en 2004 por la Fundación Salvador Allende (FSA) al Serviu Metropolitano en cuotas anuales, las que no pudieron cancelar durante ocho años, hasta llegar a un acuerdo bastante inusual: la dación en pago de 93 obras de arte por la deuda acumulada hasta entonces, alrededor de 556 millones de pesos.
O sea, dicho de otro modo, un trueque.
Si bien la figura de “dación en pago” está permitida en las negociaciones del Serviu, todas las fuentes consultadas coinciden en que, en materia de vivienda, no existen precedentes de una operación tan excepcional que involucre un traspaso de obras de arte. En este caso, una colección de 93 obras de artistas brasileños donadas a la FSA por el museo Afro Brasil en el año 2012, a través de su director Emanoel Araujo.
Independientemente de las soterradas críticas generadas en ese entonces, la Fundación Salvador Allende pudo levantar la hipoteca de la histórica residencia, donde hoy funcionan sus oficinas y la sede del Museo de la Solidaridad, saldando la deuda con el Estado chileno a comienzos del año 2016, después de 13 años de negociaciones que terminaron con una inédita colección en manos del organismo encargado de proveer soluciones habitacionales a los segmentos más modestos del país.
La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a una serie de documentos que sellaron este inédito “cambalache” entre ambas instituciones, dejando a su paso una estela de sombras respecto a la legitimidad de algunos actos administrativos y que abre un inédita puerta jurídica que podría volver a encender el caso.
Mora y ejecución de cláusula
La venta de la casona ubicada en calle República 475 comenzó a gestarse en el año 2004, a fines del Gobierno de Ricardo Lagos, cuando la Fundación Salvador Allende manifestó la voluntad de adquirir la antigua casona que había sido sede diplomática de la Embajada de España y, luego, cuartel de operaciones de la CNI en dictadura.
A través de una carta enviada por su entonces directora ejecutiva, Patricia Espejo Brain, el organismo manifestó sus intenciones de comprar la propiedad, poniendo énfasis en el “valioso patrimonio artístico con que cuenta la fundación” y en sus deseos de “disponer de un espacio definitivo”, consignó La Tercera en aquellos años.
La idea era trasladar la sede del Museo de la Solidaridad –ubicado en la calle Virginia Opazo– y las oficinas de la fundación, que funcionaban separadas, hacia un mismo recinto: el inmueble construido en 1925 por el empresario belga Amadeo Heiremans, una enorme casona de 2.346 metros cuadrados ubicada en el corazón del barrio República.
El contrato al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador fue firmado el 16 de mayo de 2004 por un monto pactado de 27.493 UF (464 millones de la época), aprobado a través de la resolución Nº 122 de marzo del mismo año, que determinó la cancelación de 10 cuotas anuales de 2.749 UF y una hipoteca a favor del Serviu en caso de incumplimiento en el pago.
La compraventa fue firmada por la socióloga y exsecretaria de Salvador Allende, Patricia Espejo, y el entonces director subrogante del Serviu Metropolitano, Ricardo Trincado Cvjetkovic, simpatizante socialista involucrado luego en los casos Mop-Gate y Kodama y desvinculado del Ministerio de Vivienda en el año 2023 por el vigente caso Convenios, acusado de favorecer a la fundación Democracia Viva. Consultado por este medio, Trincado declinó referirse al tema.
A poco andar, sin embargo, en octubre del año 2005, la Fundación Salvador Allende intentó ampliar el pago a 20 cuotas y, en abril del año siguiente, a través de otra resolución, el Serviu volvió a establecer el pago en 10 cuotas, aunque esta vez aceptando eliminar el cobro del máximo interés convencional en caso de mora o retardo en el pago.
La última cuota pagada por la fundación fue en diciembre del año 2007, manteniendo la deuda impaga durante ocho años, a pesar de que el contrato estipulaba que “en caso de incumplimiento por parte de la compradora”, el Serviu quedaría facultado “de inmediato, para pedir a su arbitrio la resolución del contrato o su cumplimiento forzado, en ambos eventos con indemnización de perjuicios”.
Pese a los años transcurridos sin pagar, la cláusula jamás se ejecutó.
compraventa Serviu Fundación by claudio pizarro
“Perdonazo”
Eran otros tiempos, dicen algunas fuentes consultadas. “Entrar en un litigio con la Fundación Allende no era algo deseable y menos sacar a remate la sede donde funcionaban, por eso comenzaron a estudiarse fórmulas para ver cómo resolver el tema”, dice una fuente que participó en las negociaciones.
Al margen de lo “políticamente correcto”, la entonces senadora Isabel Allende fue la que inició las negociaciones para buscar una salida “alternativa”. “En un momento, con la ministra (Magdalena) Matte acordamos que no se ejecutara la deuda y buscáramos un mecanismo, pero nosotros no teníamos dinero para pagar”, comentó la entonces parlamentaria en una nota de prensa sobre la reunión ocurrida en el año 2014.
El Mostrador consultó a la exministra del Gobierno de Piñera sobre el eventual acuerdo con la exsenadora. “Recuerdo que me fue a ver y que le dije que buscáramos una solución, pero yo de ninguna manera aprobé algún tipo de perdonazo, como condonar una deuda o algo parecido. Un ministro no puede hacer eso”, explicó Matte.
Las negociaciones continuaron hasta que, en el año 2015, la Fundación Salvador Allende propuso saldar la deuda de 540 millones de pesos, a través de la fórmula de “dación en pago” de 93 obras de artistas brasileños que habrían donado sus trabajos a la FSA, entre ellos, Rodrigo Petrella, Claudio Tozzi, Uiso Alemany y Francisco Brennand.
Las obras, en rigor, habían sido exhibidas en el año 2010 en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), el proyecto iniciado en la Unidad Popular y que buscaba promover la cultura latinoamericana –interrumpido durante la dictadura y luego reactivado en democracia–, en una exposición que se denominó “Estética, sueños y utopías”.
A diferencia de otras obras de arte, que regresaron al museo provenientes de distintas ciudades del mundo donde se buscó protegerlas durante la dictadura, los trabajos de los artistas brasileños sirvieron como moneda de cambio, luego de ser tasados en US$ 826.000 por los curadores Constanza Güell y Alfonso Díaz, este último extrabajador de la Fundación Salvador Allende.
“Yo había trabajado antes en la fundación, me acuerdo que estaban Patricia (Espejo) y Enrique Correa en el directorio, quienes nos pidieron si podíamos sacarle un estimable de cuánto podía costar esa colección, con datos muy generales, sin saber siquiera para qué era el encargo, no teníamos la más mínima idea”, recuerda Díaz, cofundador de Fundación Antenna.
Alfonso Díaz asegura que no tuvo acceso a los documentos de la donación, que solo recibió un listado de las obras y un set de fotografías de ellas. “No nos llamaron como si fuésemos los señores de Christie’s, sino más bien de una forma muy cercana y nos dijeron que necesitaban saber cuánto más o menos costaban las obras”, recuerda hoy.
El Serviu, en tanto, solicitó una tasación a través de la Dibam a la curadora del Museo de Bellas Artes, Gloria Cortés, quien valoró las obras en US$ 806.000. Fuentes ligadas a la operación ratificaron que nunca Cortés supo cuál era el objetivo de la tasación, que tampoco se adjuntaron certificados de donación y que la valoración también se hizo a través de fotografías.
Expertos en arte, consultados sobre este tipo transacciones, aseguran que además de la tasación comercial de las obras deberían adjuntarse certificados de autenticidad, de donación y eventualmente un historial de propiedad. “Se trata de documentos oficiales, jurídicos y notariados, no son simples cartas”, señalan.
En todos los documentos que revisó El Mostrador respecto a la transacción, en ninguno de ellos se hace mención a la entrega de documentos adicionales a las respectivas tasaciones realizadas por los expertos. Ni la Fundación Salvador Allende ni el Serviu Metropolitano respondieron a este medio respecto a si el negocio se cerró incorporando estos importantes documentos.
El 14 de enero de 2016, ambas instituciones firmaron finalmente el contrato, dejando constancia de que las obras traspasadas serían exhibidas en la Casa de la Cultura Anahuac, propiedad del Ministerio de Vivienda, ubicada en el Parque Metropolitano. La muestra –según fuentes consultadas– nunca se realizó. La razón: las obras jamás abandonaron la Fundación Salvador Allende.
La información fue ratificada por el mismo Serviu Metropolitano, que aseguró que “las 92 obras con las que se efectuó el pago fueron entregadas legalmente a Serviu y, en el mismo acto, puestas en depósito a manos de la misma fundación, lo que se realizó con el fin de resguardarlas ante cualquier eventual deterioro que pudieran haber sufrido, debido a que Serviu no tiene las dependencias para dicha mantención o curaduría”.
Respecto de un eventual retorno de los cuadros al servicio, señalaron que “las obras siguen perteneciendo a nuestra institución y que, durante esta administración, se están realizando gestiones para que puedan ser recibidas de manera física y puestas a resguardo de alguna institución cultural que tenga relación con nuestro servicio y donde puedan ser expuestas a la comunidad”.
Dación en pago
La transacción o “dación en pago” fue cuestionada en la época por los entonces diputados Cristián Monckeberg, Diego Paulsen y Gonzalo Fuenzalida, quienes solicitaron a la Contraloría General de la República instruir un sumario administrativo para investigar “las eventuales irregularidades en la transferencia efectuada por el Serviu, cuyo dictamen se hizo público el 3 de agosto de 2018”.
El expresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, aseguró a El Mostrador que “no cabe duda de que el Serviu de la época se vio obligado a dar una solución a la deuda morosa de la Fundación Allende, que si fuese hoy no pasa el mínimo estándar administrativo, ético y político”. Luego agrega: “No imagino que frente a una deuda morosa un banco reciba cuadros en parte de pago o pueda alguien pagar su dividendo con pinturas”.
Para el abogado Raimundo Palamara, querellante en la investigación por la fallida compra de la casa de Allende en calle Guardia Vieja, la transacción realizada no solo es inusual, sino también completamente “excepcional”, porque “el Estado se quedó sin la casa que adquirió el 2004, sin el dinero y sin las obras, cuyo valor según el Museo de Bellas Artes era de casi 1 millón de dólares de la época”, señala.
Ambas fundaciones ligadas a la familia del expresidente, tanto la Fundación Salvador Allende y Arte y Solidaridad –esta última encargada de la administración del Museo de la Solidaridad–, reciben aportes del Estado a través de convenios de colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La FSA recibió este año $98.156.000 y el museo $660.197.000. En total, ambas organizaciones recibieron por subvenciones este año $758.353.000.
Fuentes consultadas por El Mostrador aseguraron que, además, la Fundación Salvador Allende cobra un arriendo al Museo de la Solidaridad, administrado por la Fundación Arte y Solidaridad, constituida el 9 de marzo de 2005, 10 meses después de la compra del inmueble ubicado en calle República. “Este año subieron el arriendo a 5 millones mensuales”, comenta una fuente reservada.
Si bien el dictamen de Contraloría decretó la prescripción del caso, el documento al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador indica que la aprobación de la venta directa de la propiedad, mediante una resolución exenta, no contempló el artículo 14 del Decreto Ley Nº 1.056, donde se establece que ante la ausencia de subasta o propuesta pública es necesario un decreto supremo firmado por el Ministerio de Hacienda.
Respecto de este punto –agrega el dictamen–, la venta del inmueble “fue aprobada mediante el oficio N° 253, de 2004, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, de la época, y autorizada a través de la resolución N° 122, del mismo año, del Serviu Metropolitano, sin que aparezca que se haya dado cumplimiento a la antedicha normativa (artículo 14)”.
Pese a la evidente falta atribuida por la Contraloría, desde el Serviu argumentaron que el organismo no requería de un Decreto Supremo, pues la figura de dación en pago “está permitida en el DS 355 de 1976, la que se encuentra dentro de las facultades del director del Serviu”. Una perspectiva, por cierto, que tampoco convence al abogado experto en litigios inmobiliarios Miguel Depolo, quien analizó los documentos proporcionados por El Mostrador.
“La pregunta es si el Serviu puede hacer una venta directa. La respuesta es sí, tal como se hizo en este caso, pero debe contar con la autorización del Ministerio de la Vivienda, que consiste en un Decreto Supremo simple de la cartera, no de una resolución de un subsecretario subrogante, quien tiene una jerarquía manifiestamente inferior y no cuenta por sí mismo con las facultades para cursar una autorización de esta naturaleza”, explica.
Para el abogado querellante en la fallida adquisición de la casa en Providencia, Raimundo Palamara, esta situación abre otro flanco, debido a que la resolución de la Contraloría “se fijó solo en la responsabilidad administrativa de los involucrados, pero no en otro tipo de acciones constitucionales como la nulidad de derecho público”.
“El Serviu estaba obligado a ejercer la acción de restitución del inmueble o, en el peor de los casos, la ejecución de la hipoteca y el Consejo de Defensa del Estado debió revisar la legalidad de la enajenación realizada mediante venta directa y sin licitación pública. Esto constituye un vicio de nulidad de derecho público que no tiene plazo de prescripción. Por tanto, podría ser ejercido actualmente”, concluye el abogado.
La Fundación Salvador Allende, contactada para este reportaje, declinó responder las preguntas enviadas por este medio.
