SocialTazk: la arista sobre financiamiento ilegal que complica a Joaquín Lavín Jr.

La Fiscalía Oriente afina los últimos detalles de la solicitud de desafuero que presentará en los próximos días en contra del diputado Joaquín Lavín León, un documento que buscará convencer a la Corte de Apelaciones de Santiago de suspender la inmunidad del congresista, abriendo paso a una inminente formalización en su contra por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, en una arista derivada de la investigación por corrupción en contra de su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

La solicitud del Ministerio Público, sin embargo, cuenta con un “espaldarazo” relevante previo: la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Lavín León, a quien acusan de financiar ilícitamente su campaña electoral mediante facturas falsas pagadas por el Congreso, con la participación de un estrecho grupo de colaboradores concertados para “rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno”, dice el documento judicial.

Los dardos del organismo apuntan básicamente a un par de modus operandi. El primero dice relación con las operaciones realizadas entre Arnaldo Domínguez, estrecho colaborador de Lavín, y la imprenta MMG, propiedad de Juan Silva Molina. Ambos, hoy querellados por el CDE.

La imprenta, según los antecedentes que aparecen en el escrito, se utilizó para apoyar la campaña a diputado de Lavín y otros personeros de la UDI. “Eso lo puedo indicar porque al retirar material veía fotografías de otros personajes políticos del mismo sector”, comentó en su declaración un brigadista que trabajó en la campaña de reelección del año 2018.

No solo eso, el propio dueño de la empresa reconoce que el diputado tenía una deuda con la imprenta –alrededor de 6.4 millones– y que el asesor de Lavín, Arnaldo Domínguez, fue quien le propuso cancelarla a través de pagos mensuales por trabajos inexistentes. “Esa era la única forma que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, dijo en su declaración Silva Molina.

El segundo mecanismo, sin embargo, es el menos conocido hasta ahora.

Se trata de una plataforma de mantención de páginas web, denominada SocialTazk, contratada por el parlamentario en tiempos de pandemia, y sobre la cual su secretaria, Aída Olivares, declaró a Fiscalía que funcionó solo dos años. “Luego, pese a no utilizarla, continuó rindiendo como gastos (…) para efectos de sustraer los caudales puestos bajo su custodia”, dice la querella del CDE.

La empresa que administraba la plataforma, Modo 74, alcanzó a facturar $75.254.410, a través de 151 facturas emitidas por concepto de “mantención y sanitización de la página web y de la base de datos”. El dueño de la compañía, Felipe Vázquez Diéguez, había sido asesor de Lavín en el Congreso, entre los años 2018 y agosto de 2019. De ahí en adelante, continuó su carrera como proveedor de servicios web de su exjefe.

La estrecha cercanía entre ambos ha generado –según fuentes cercanas a la investigación– especulaciones sobre el rol de Vázquez como eventual testaferro de Lavín y la sospecha de que los recursos obtenidos eran para consolidar un emprendimiento mutuo que buscaba captar bolsones de votos a través de información georreferenciada.

Fue el mismo Lavín el que reconoció, luego de aparecer en el segundo lugar del ranking de parlamentarios con gastos más elevados en servicios web –$7.529.200 en ocho meses–, que la empresa proveedora no solo administraba la oficina distrital de manera virtual, sino que también se dedicaba al “manejo de base de datos para el trabajo territorial”, según comentó en un reportaje de Chilevisión. Hasta el día de hoy, sin embargo, Modo 74 no cuenta con una página web, no posee NIC asociado a la marca ni tiene dirección comercial física.

Pese a la aparente invisibilidad de la empresa, los correos periciados a Joaquín Lavín León muestran que el parlamentario compartió información relevante sobre SocialTazk con sus hermanos, Juan Pablo y María Estela Lavín, fundadores de una empresa de encuestas de opinión y estudios de mercado que trabaja en sociedad con la Universidad del Desarrollo: Panel Ciudadano.

El problema no radica en la información propiamente tal –dicen quienes conocen la causa–, sino en la existencia de una plataforma electoral financiada eventualmente con recursos públicos y, además, promocionada por un diputado de la República acusado de defraudar al Congreso con facturas falsas por más de 75 millones de pesos.

Sociedades familiares

En los correos compartidos entre Joaquín Lavín León y sus hermanos –según pudo confirmar la Unidad de Investigación de El Mostrador–, existen presentaciones de SocialTazk para captar clientes con su hermano Juan Pablo y un tutorial para utilizar la plataforma dirigido a María Estela, actual subdirectora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, la casa de estudios que fundó Lavín padre en el año 1989 en Concepción y cuya propiedad tuvo que abandonar tras acusaciones por lucro, cuando asumió como ministro de Educación en el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

“No es una empresa fantasma como se ha dicho”, comenta una fuente cercana a la investigación sobre SocialTazk. “Lo que se buscaba era promover una plataforma con fines electorales, vinculada a candidatos de la UDI, pero financiada y desarrollada con platas del Congreso. Y estas presentaciones adjuntas eran para ofrecer la plataforma y atraer a personas a este repositorio”, agrega.

Según una fuente que conoce a la familia, los Lavín León “siempre han operado comercialmente juntos, como una pyme familiar, y han aprovechado todos los espacios que se han abierto”, asegura.

En efecto, son varias las sociedades constituidas entre distintos miembros del clan familiar. En noviembre de 1988, María Estela Lavín constituyó la sociedad “Estudios Económicos Limitada” junto a su padre, Joaquín Lavín Infante, y el hermano de este último, Francisco Lavín Infante, actual vicerrector de alumnos de la Universidad de Los Andes.

En noviembre del año 2013, María Estela y Juan Pablo Lavín León fundaron la sociedad ChileTendencia SpA, dedicada al rubro de las encuestas, estudios de mercado y campañas publicitarias, junto a Tatiana Bórquez Román y Eugenio Guzmán Astete, este último actual decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y cuñado del exalcalde de Las Condes, que a su vez está cuestionado en la actualidad por Contraloría por las mismas irregularidades que se le imputan a su hijo: el uso de recursos públicos en campañas políticas.

Los fundadores de ChileTendencia –al menos los tres familiares ligados al clan Lavín– generaron una alianza con la Universidad del Desarrollo, a través de la encuesta Panel Ciudadano UDD, un sondeo de opinión con encuestas semanales de contingencia que tiene en la actualidad como gerente general a Juan Pablo Lavín León.

Sobre el eventual uso de la cuestionada plataforma en el ámbito de las competencias de la compañía de encuestas, Juan Pablo León respondió a El Mostrador que “nunca he usado algo llamado SocialTazk, ni como persona natural ni como Panel Ciudadano”. Además, aseguró no tener conocimiento de mails ni presentaciones.

María Estela Lavín, en tanto, afirmó a este medio que “no hemos utilizado ninguna plataforma externa en Panel Ciudadano” y que no cree que su hermano haya “financiado de manera ilegal ninguna cosa”. Joaquín Lavín León, por su parte, no respondió las preguntas enviadas por El Mostrador a su abogado.

Para Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, el hecho de que la plataforma esté a nombre de un exasesor de Lavín levanta de inmediato sospechas sobre el “verdadero fin de los gastos rendidos”.

“Si es que Lavín anduvo compartiendo tutoriales, ¿fue para ayudar al exasesor?, ¿conseguir nuevos clientes?, ¿o acaso era un proyecto donde él también estaba involucrado? Son preguntas que la investigación ojalá pueda responder”, plantea Lyon.