Reo asesinado al interior de cárcel de Arica había denunciado torturas por parte de gendarmes

—Oye boy para Arica (sic) —decía textualmente el mensaje plagado de faltas ortográficas que, en octubre del año pasado, envió desde la cárcel de Quillota el reo Cristián Díaz Valdés a su hermana, que reside en Ovalle.

—Porfa yama alos abogado Delos derechos umano porke allá me van arreventar los pacos porke mepelotiaron por pegarle aún Paco (sic) —insistía a renglón seguido, temeroso del destino que le esperaba si volvía a la cárcel donde poco antes había participado de una riña, en medio de la cual lesionó en la cabeza a un gendarme o “paco”, como les dicen al interior de los penales.

Díaz, de 38 años al momento de su muerte, era un delincuente habitual que en la base de datos del Poder Judicial evidencia 23 condenas, la primera de las cuales recibió en 2008, en Talagante, luego de haber hurtado cuatro pedazos de queso desde un supermercado Líder. 

En esa misma comuna pasó los siguientes cuatro años cometiendo delitos como porte de arma cortante, lesiones menos graves y robo en lugar habitado. 

Algo que no muestran las estadísticas penales sucedió en los 10 años siguientes, pues no registra condenas en ese período. Es difícil saber si durante ese período se reformó o simplemente tuvo suerte y no fue detenido, pero en 2022 volvió a aparecer en los tribunales, cuando fue detenido por dos hurtos, en Ovalle y Vallenar. 

En agosto de ese año fue aprehendido por primera vez en Arica, donde fue condenado varias veces por delitos como amenazas, robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado y receptación. 

Su última condena fue por un delito distinto, sin embargo: maltrato de obra contra funcionario de Gendarmería en el desempeño de sus funciones, tras lo cual fue derivado al penal de Valdivia y, posteriormente, al de Quillota. 

Debido a ello, enfrentaba un juicio oral y, ante eso –como informó El Mostrador–, el 24 de octubre del año pasado se realizó la respectiva audiencia de preparación de juicio oral, en el Juzgado de Garantía de Arica, a la cual Díaz acudió vía Zoom desde la cárcel de Quillota. Dicha instancia terminaba ya cuando el imputado pidió la palabra a la jueza que dirigía la audiencia. Como lo relató el miércoles el fiscal Bruno Hernández, lo que el reo le dijo es que no quería ser enviado a Arica, pues “ya lo habían agredido y lo habían torturado los gendarmes”, temor que le había expresado a su hermana el año anterior.

En otras palabras, explicó el persecutor, “esto es como crónica de una muerte anunciada”.

Las torturas

—Oiga, disculpe —dijo el reo en dicha ocasión, según el registro de audio de la audiencia de preparación de juicio.

—Sí, caballero, dígame —le replicó la jueza Macarena Calas.

—Ehhhhh, lo que pasa es que yo quería ver la posibilidad que no me trasladen para el penal de Arica pa’l juicio oral, por represalias de Gendarmería, porque la última vez que fuimos allá me agredieron, me torturaron, y por eso quiero hacer el juicio oral por acá —expresó, refiriéndose a Zoom.

Ante ello, la magistrada le dijo a la abogada que lo representaba: “Defensora, usted tiene que ver la situación. Infórmelo”.

La jueza, por su parte, se preocupó de dejarlo estampado en el acta: “Se deja constancia para los fines pertinentes que el propio imputado solicita expresamente no ser traslado al Centro Penitenciario de Arica para la realización del Juicio Oral, por temor a su integridad”, señala el documento.

Pese a ello, para Díaz no hubo abogados de derechos humanos, informes a la jefatura de la Defensoría ni nada parecido. Como argumentó Hernández, el sistema completo falló, pues pese a las advertencias y al temor de Díaz, igual fue trasladado a Arica, donde llegó el 16 de diciembre, siendo ingresado al módulo 6 de la cárcel de Acha. 

Al día siguiente –según explicó el fiscal–, lo cambiaron al módulo de alta seguridad, algo que no debería haber correspondido, de acuerdo con las normas internas de Gendarmería. 

El 19 y 20 de diciembre, Díaz concurrió a su juicio oral y fue condenado a 100 días de presidio efectivo, como autor de maltrato de obra a funcionario de Gendarmería con resultado de lesiones leves.

Los múltiples fallos del sistema

Dos días más tarde, según la versión de Gendarmería, Díaz se autolesionó al interior de la cárcel, pero tras ser atendido fue devuelto a esta. El 23 de diciembre tres reos, entre ellos Jordan Mejías Martínez, lo apuñalaron, y aunque pasó cuatro días hospitalizado, al regresar al penal fue enviado al mismo módulo de alta seguridad, hasta que en la mañana del 29 de diciembre se produjeron muchos hechos llamativos. 

El primero de ellos –indicó el fiscal– es que Gendarmería solo lo revisó a él, pero no a los demás internos. Ante ello, Hernández dijo en la audiencia respectiva que “no hay que ser brillante para decir que si yo tengo a los reos más peligrosos encerrados, por todos conocidos, estoy en la obligación primero de revisarlos por seguridad para los gendarmes, luego por seguridad para los otros reos, esa es la norma más básica”.

Gracias a la falta de revisión, como se evidencia en una cámara de seguridad que apuntaba hacia el patio, Mejías no tuvo problema alguno en recoger un estoque desde una banca, para luego –sin que fuera seguido por la cámara– dirigirse hasta el acceso del patio, al cual un gendarme no identificado empujó a Díaz para que este ingresara allí, momento en el cual fue fatalmente apuñalado.

Solo cuando este yacía exangüe en el suelo, el operador de la cámara lo enfocó, pero ya era muy tarde, pues las lesiones le costaron la vida pocas horas después.

En función de todo ello, el fiscal Hernández pidió la detención de tres funcionarios de Gendarmería (el capitán Samuel Gatica y los sargentos Luis Jara y Osvaldo Sandoval), la que concretaron funcionarios del OS-9 de Carabineros, tras lo cual los formalizó el miércoles por homicidio por omisión, obstrucción a la investigación y, en el caso de uno de ellos, por la tenencia de dos municiones que fueron halladas en su casa.

De acuerdo con lo expuesto en la formalización, los dos sargentos presenciaron el homicidio, sin intervenir para impedirlo, “pese al deber de garantes que les obliga a actuar”, según dijo el representante del Ministerio Público, quien pidió la prisión preventiva de los tres imputados.

Libertad

No obstante, tras escuchar a los defensores públicos de los gendarmes, la magistrada a cargo del control de detención, la jueza Ana Paula Sepúlveda, desestimó los argumentos del Ministerio Público, argumentando que –a su juicio– “lo que se vislumbra son claramente incumplimientos graves, pero netamente administrativos, reprochables quizá para todo el sistema penal, quizás de varias instituciones que tienen ciertas obligaciones, mas no el homicidio por omisión que se pretende”.

En ese sentido, agregó que –a su juicio– los videos no se veían bien y que los gendarmes habían colaborado a plenitud con la investigación, por lo cual dijo que “se va a rechazar la prisión preventiva por estimar que es desproporcionada e innecesaria, y se van a fijar como cautelares la firma mensual en la comisaría más cercana a su domicilio y el arraigo nacional”.

Ante ello, Hernández apeló en la audiencia, aseverando que “esta persona fue ingresada derechamente al patio, empujada, frente a las mismas personas, fallece a metros de ellos”, en referencia a los funcionarios formalizados. Se espera que esta jornada la Corte de Apelaciones de Arica resuelva la petición de prisión preventiva.

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