Investigación
Hans Scott/AgenciaUno
Caso Harex al borde de la impunidad: piden a la Corte Suprema agotar todas las diligencias
Todas las investigaciones vinculadas con los sacerdotes implicados en forma directa o indirecta con los hechos han terminado sin condenas. Senador Karim Bianchi (Ind) envió oficio reiterando que todo indica que en el caso actuaron agentes del Estado y miembros del clero católico.
Una petición a la Corte Suprema, donde manifiesta su preocupación por el futuro del caso Harex y exige que sea tratado con la rigurosidad que merecen los crímenes de lesa humanidad, envió el senador por Magallanes Karim Bianchi (Ind).
En el escrito, el parlamentario llamó a que no se cierre el caso de forma anticipada sin considerar todos los antecedentes y enfatizó el rol que debiese cumplir el Estado en esta clase de hechos, donde “podría existir una violación de derechos humanos”.
Como informó El Mostrador, luego de casi 24 años de pesquisas, recientemente la ministra en visita Inés Recart cerró el sumario, aseverando que no existen evidencias de que el joven de 17 años, que desapareció en Punta Arenas en octubre de 2021, haya sido víctima de una desaparición forzosa, siguiendo la tesis de la Corte de Apelaciones local, que en 2022 dejó sin efecto los siete autos de procesamiento que dictó la anterior instructora del sumario, la ministra Marta Pinto.
Dicha magistrada procesó a cuatro oficiales de Carabineros (encabezados por un general) y a tres religiosos, incluyendo al provincial de los salesianos, Bernardo Bastres, como encubridores de la sustracción de menores, teniendo en cuenta que en la investigación estableció que, pese a las negativas oficiales, hubo al menos una patrulla de Carabineros realizando controles de identidad en las afueras del quincho donde estuvo por última vez el joven (desde el cual se retiró a eso de las 3.30 de la madrugada) y que en las inmediaciones también estaba el rector del Liceo San José de Punta Arenas, el sacerdote Rimsky Rojas, un sujeto que previamente había trabajado en Valdivia, donde fue varias veces denunciado como pedófilo, pese a lo cual se le permitió seguir trabajando con menores.
Uno de los hábitos más inusuales de Rojas, quien mantenía estrechas relaciones con Carabineros, era que rondaba las fiestas y discotecas a las que acudían los alumnos del liceo (algo que también hacía en Valdivia), según él con el fin de llevarse a los menores a sus casas. Del mismo modo, pedía a la policía que, si encontraban algún adolescente en estado de ebriedad en la calle, se lo entregaran, a fin de que él –supuestamente– los llevara a sus casas. Era, además, muy cercano al fallecido obispo de Punta Arenas Tomás González, respecto de quien también existen múltiples testimonios que lo sindican como un abusador sexual de menores.
Una muerte bajo sospecha
Rojas se suicidó al interior de la casa “Beato Felipe Rinaldi”, perteneciente a la congregación salesiana y ubicada en Macul, la madrugada del 28 de febrero de 2011. Pese a que no podía caminar, se colgó desde un cordel atado a la parte superior de una escalera, para luego descolgarse hacia abajo desde la baranda del segundo piso, todo lo cual parece imposible de ser realizado por alguien que casi no tenía movilidad a esas alturas.
Ante ello quedó la sospecha de que había sido asistido en su suicidio, algo que al final no pudo determinarse, entre otras cosas porque la policía civil no registró la habitación del cura y porque fue su hermano (también sacerdote) quien entregó tiempo después los dos computadores que usaba Rimsky Rojas, uno de ellos formateado, así como los teléfonos celulares que tenía, por lo que cualquier evidencia que pudiera haber habido en ellos se perdió.
En 2010 una de las víctimas de Rojas en Valdivia, el abogado Marcelo Vargas, interpuso una querella en contra de este, en la cual se establecieron los abusos que el sacerdote cometió en dicha ciudad, y luego de la muerte del cura se querelló contra el rector del Colegio Salesianos de Valdivia, Alfonso Horn, y del entonces provincial de los salesianos en Chile, el ahora cardenal Ricardo Ezzati, por obstrucción a la investigación, dado que a ambos –según testimonios incorporados a las carpetas judiciales– se les informó acerca de las conductas pedófilas de Rojas, tras lo cual Ezzati ordenó que en 1989 Rimsky Rojas fuera enviado a Guinea (África), donde contrajo malaria. Como si fuera karma, las secuelas de esa enfermedad fueron las que, finalmente, lo dejaron casi postrado.
El camino a la impunidad
En 1990 Rimsky Rojas regresó a Chile y fue relocalizado en el Liceo San José de Punta Arenas. En 2003, en medio del escándalo por la desaparición de Ricardo Harex, fue enviado a Puerto Montt, “como responsable de la pastoral del colegio de la orden y director y representante legal de un hogar de menores dependiente del Servicio Nacional de Menores”, según detalla la querella.
Sin embargo, la fiscal Tatiana Esquivel pidió sobreseer la causa, pues estimó en ese momento que “cuando ambos querellados declararon este hecho no era punible por las dos razones expuestas: primero, la responsabilidad penal del imputado Rimsky Rojas se había extinguido con su muerte y, en segundo lugar, esa responsabilidad penal se encontraba prescrita, pues ya habían transcurrido más de 15 años desde su ocurrencia”.
El juez de Garantía Carlos Acosta negó la petición de sobreseimiento hecha por Esquivel, argumentando, entre otras cosas, que “es muy oscuro el tiempo en que la víctima está en condiciones de poder efectuar una denuncia sobre esos hechos, considerando el poder que tiene la Iglesia sobre las personas que fundamentalmente profesan la fe católica, en que ven que el denunciar a una persona que ejerce el sacerdocio los enfrenta a ellos a una situación de fe bastante compleja”.
Y añadió que, ante ello, “la persona únicamente está en condiciones de hacer la denuncia cuando vence sus miedos. En este contexto, a juicio del Tribunal, el delito por el cual fue denunciado el sacerdote Rimsky Rojas Andrade no puede considerarse prescrito a juicio de este juez, razón por la cual las declaraciones prestadas por el señor Ezzati y por el señor Horn, se encuentran dentro de aquellas que el tipo penal de obstrucción a la investigación prescribe”.
Sin embargo, finalmente la Corte de Apelaciones de Valdivia terminó acogiendo la tesis del órgano persecutor y decretando el sobreseimiento.
Un destino similar tuvo la investigación relativa a la responsabilidad penal de los más altos prelados de la Iglesia católica, que hasta 2019 era llevada por el entonces Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias. Dicha indagatoria comenzó a raíz de una denuncia publicada en la prensa en contra del sacerdote Óscar Muñoz, canciller del Arzobispado de Santiago, y de a poco se fueron agregando aristas que llevaron a Arias a allanar una serie de dependencias eclesiásticas en todo el país y, cuando estaba a punto de formalizar a los cardenales Ezzati y Francisco Javier Errázuriz, fue abruptamente apartado de sus funciones, acusado por un subordinado (el fiscal Sergio Moya) de supuestos actos de corrupción, de todos los cuales terminó siendo absuelto, luego de una batalla legal que se extendió por varios años.
En el intertanto, las causas siguieron siendo investigadas por el Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien agrupó dos querellas (la presentada por los denunciantes de Fernando Karadima en contra de Errázuriz y Ezzati, por falso testimonio, y los exalumnos salesianos) en una sola indagatoria, respecto de la cual aplicó un principio de no perseverar en febrero de este año, el cual fue aceptado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en abril, cerrando de ese modo las indagatorias penales respecto de ambos prelados, así como de Alfonso Horn, Natale Vitali, Leonardo Santibáñez, Alberto Lorenzelli y Jorge Laplagne.
Al respecto, el abogado querellante Juan Pablo Hermosilla dijo a El Mostrador que “es difícil investigar estos casos tan graves cuando la Iglesia sigue ocultando antecedentes y encubriendo”.
La última acción judicial que sigue en pie es una demanda de indemnización de perjuicios presentada por Vargas y varias otras víctimas ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, la que debería estar por concluir próximamente, y busca lograr reparaciones de parte de la Iglesia católica hacia las víctimas de los abusos cometidos en contra de ellos por Rimksy y otros sacerdotes salesianos a partir de 1973.
El libelo indica que “la consumación de los delitos sexuales y la impunidad posterior son producto de una organización al interior de la Congregación Salesiana, dispuesta a propiciar y silenciar abusos”, agregando que hasta hoy en día “existe un pacto de silencio”.
Estado e Iglesia
Frente al posible cierre de la investigación por el caso Harex, Bianchi dijo a la Corte Suprema que en este se configura “un potencial caso de desaparición forzada en democracia” y que todo “apunta a la participación de agentes del Estado y de miembros del clero, elementos que exigen la máxima diligencia del Poder Judicial. El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos sin que opere la amnistía ni la prescripción”, recordando la forma en que los tribunales han actuado en materia de investigaciones por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Además, añadió que “el cierre de esta causa podría representar un riesgo de impunidad que contraviene con las obligaciones que tiene nuestro país en materia jurídica, porque hasta la fecha no ha aparecido ni la víctima ni tampoco los responsables de su desaparición”.
El parlamentario recordó también que ha mantenido conversaciones con el exministro de Justicia y actual titular de la cartera de Seguridad Pública, Luis Cordero, para que se incluya este caso en el Plan Nacional de Búsqueda, agregando que, si no se agotan todas las líneas de investigación, existe un “riesgo de impunidad”.
