Corrupción en la Justicia no es por plata sino por “obsesión por el poder”

Por primera vez, el informe anual de Derechos Humanos que realiza desde hace 23 años la Universidad Diego Portales (UDP) se internó en los meandros de la corrupción judicial, entendiendo que esta afecta la independencia e imparcialidad de los tribunales, garantías fundamentales del debido proceso y, por ende, “condiciones sine qua non para prevenir la corrupción en este sector”, como indica el capítulo relativo a la corrupción judicial (el informe completo será lanzado el 25 de noviembre, pero al final de este texto se puede acceder al capítulo 2 del mismo, relativo a la corrupción judicial).

Este fue realizado por los abogados e investigadores de dicha universidad, Angélica Torres y Camilo Jara, y precisa que “siempre se dice que hay dos tipos de corrupción. La gran corrupción es la que ocurre como en las altas esferas, a nivel de autoridades del Estado, y la pequeña corrupción es la que funciona con los burócratas de nivel calle; es decir, la coima esa que alguien paga en el mesón para que alguien le arregle o acelere un trámite o te acelere un trámite”, puntualizando que la operatividad de la gran corrupción en Chile, cuando opera el poder político o económico, “siempre se expresa de maneras más sutiles. No es como en Argentina donde aparece un sujeto con un maletín lleno de billetes”.

Torres, a su vez, puntualiza que “justamente esto de que la corrupción no siempre involucre dinero, sino que también puede haber poder, es una de las cosas que parte de los entrevistados ponen de manifiesto, y que complejiza visualizar justamente que hay corrupción. Se tiende a pensar que mientras no haya dinero parece que está todo bien, y y no es así”. Y da el ejemplo de otras formas de corrupción, como el tráfico de influencias, en el cual un favor habitualmente se devuelve con otro. Si bien habitualmente esos favores tienen un trasfondo económico, en el acto en sí mismo no existe una transacción financiera.

De acuerdo con lo investigado y con la experiencia internacional, existen tres grandes grupos de presión sobre los sistemas judiciales: el poder económico, el poder político y el crimen organizado.

En los casos investigados, acaecidos en los últimos 10 años, son los dos primeros los más presentes e, incluso, aparece aparece mucho el poder por el poder. Esto, a fin de –por ejemplo– influir en nombramientos, en sentencias o en decisiones administrativas, como quedó reflejado en el caso Hermosilla, en el cual, por supuesto, existe también una motivación económica importante.

El poder por el poder

Dentro de la investigación, y en el mismo tenor, Torres y Jara entrevistaron a varias personas vinculadas al mundo judicial, las que aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Una de ellas explicó que lo anterior sucede “sin que corra plata, únicamente por tener el poder”, agregando que ese tipo de corrupción muchas veces se utiliza para fines “como por ejemplo vengarse de enemigos o arreglar problemas personales”.

Ello se refleja en lo que dice la misma persona, en orden a que, debido a la estructura vertical del Poder Judicial, “se producen camarillas, alianzas, existen operadores, gente que actúa en favor de jueces que actúan en una determinada línea, o relacionados con tal o cual ministro, y por esa vía, oculta o no tan oculta ya, se van generando los candidatos de los jueces. A uno le llama la atención cuando se dice que hay audiencias para escuchar a los candidatos y que por esa vía se va a decidir, cuando tienen 10 o 15 minutos y uno dice ¿pero cómo pueden tomar decisiones en ese poco tiempo, si no dijeron nada especial en su alocución, y no son conocidos? y ahí uno piensa que está todo preparado, que es una mise en scène, para legitimar una decisión pensada previamente”.

Los defensores de los DD.HH.

Al respecto, la profesora Torres explica que “quisimos abordar el tema de la corrupción por una razón que es súper simple, pero que al mismo tiempo es muy preocupante, y que fue que empezamos a observar que varios de los casos de corrupción de los últimos años no estaban ocurriendo solamente en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Orden, que generalmente están asociados a grandes procesos de compra y entonces hay mucha plata involucrada, y se trata de casos que suelen calificarse como fraude al fisco o como malversación de los caudales públicos, sino que empezamos a ver que estos casos de corrupción estaban ocurriendo en el corazón de los propios organismos que tienen que velar por la protección de los derechos humanos”.

En dicho sentido, precisa que “la institución que debiese velar por proteger y garantizar los derechos humanos no solo no los está protegiendo, sino que al mismo tiempo los está vulnerando, cuando estas actuaciones corruptas inciden o afectan ciertos derechos, y ahí nosotros nos focalizamos principalmente en el debido proceso, que comprende las garantías de imparcialidad y de independencia”.

Los sutiles vericuetos de la gran corrupción

Al respecto, Angélica Torres indica que el gran factor de corrupción en el Poder Judicial, como ha quedado en evidencia a partir de la filtración de los chats de personajes como Luis Hermosilla, Juan Poblete o Antonio Ulloa, es el sistema de nombramiento, “el que está propiciando que este tipo de conductas se vean al interior del sistema. Entonces, más que el sistema procesal penal llegara a actuar de manera posterior, lo ideal sería que esto este tipo de conductas se previnieran, modificando el sistema de nombramientos para evitar todo lo que se expone en el informe”, detalla, recordando que “esto es algo de lo que se ha venido hablando desde los 90 con la ola de democracia en América Latina, en el sentido de que hay que separar el gobierno judicial de la administración de justicia”.

En tal sentido, el documento plantea que “este problema está íntimamente ligado con el de la falta de independencia externa. En efecto, como se ha venido sosteniendo, por una parte, los nombramientos de ministros de la Corte Suprema pueden quedar fácilmente sujetos a la influencia política o económica, y, al mismo tiempo, por otra, los inferiores jerárquicos del Poder Judicial tienen una dependencia administrativa, y también para su ascenso, de dichos superiores”.

El Ministerio Público

Pese a que no se dedicaron a investigar de lleno lo que ocurre en el Ministerio Público, sí dedicaron un espacio a comentar la situación de la Fiscalía de Los Ángeles, donde ya fue destituido un fiscal adjunto, acusado de entregar información de causas de narcotráfico a su esposa, defensora privada de sujetos pertenecientes a organizaciones criminales. La semana pasada fue despedido el jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP) de la ciudad, pareja de otra defensora de narcotraficantes, y existe además una investigación penal vigente respecto de estos hechos, donde se indaga además el actuar de una jueza de garantía.

Al respecto, el informe incluye además el testimonio de una persona con identidad reservada, la que denuncia que “en Tarapacá existen casos de delincuentes pagando a la Fiscalía para que les entreguen información”, agregando que “esto también es poder económico, pero que proviene de organizaciones criminales, que puede comenzar tímidamente con entrega de información, pero que no sabemos cómo puede terminar”.

Por ende, indica Torres, es necesario preocuparse a fondo de dicha institución y especialmente de lo que acontecerá con la nueva Fiscalía Supraterritorial, que a contar de enero tendrá a su cargo la mayoría de los casos de crimen organizado y corrupción, por lo cual la especialista indica que es evidente pensar que, desde la óptica delincuencial, intentará ser penetrada.

Lea el capítulo del informe sobre corrupción judicial