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Juicio por abusos sexuales contra Congregación Salesiana entra a su recta final
Las causas penales contra las máximas autoridades de dicha orden no han prosperado. Ante ello, nueve víctimas –todas agredidas sexualmente por sacerdotes salesianos en distintas partes del país– demandaron civilmente, pidiendo ser indemnizados por todo lo que vivieron y viven hasta el día de hoy.
Luego de tres años de juicio, terminó la fase probatoria de la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por nueve víctimas de abusos sexuales cometidos por distintos sacerdotes de la Congregación Salesiana en varias ciudades de Chile. La acción judicial, radicada en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, debería –de este modo– tener una sentencia en cerca de un año más, de acuerdo con los plazos que habitualmente se toman en materia civil.
Los demandantes, representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, argumentan que los delitos sexuales cometidos por sacerdotes y dependientes de la Congregación entre los años 1973 y 2009 no fueron hechos aislados, sino consecuencia de una organización interna, diseñada para propiciar y silenciar abusos, cuyas víctimas eran principalmente alumnos de distintos colegios salesianos, entre ellos, los de Santiago, Concepción, Valdivia y Punta Arenas.
Es por ello que en la demanda se señala que esta estructura criminal se vio facilitada por el control de instituciones educacionales y, es más, dicen derechamente que “los métodos y tácticas utilizadas por ellos son constitutivos del delito de asociación ilícita”.
Entre estas tácticas mencionan que “los sacerdotes abusadores nunca perdieron contacto con niños, sino que solamente fueron cambiados de ubicación”, que los religiosos que recibieron reclamos en contra de los sacerdotes abusadores “nunca reportaron a las autoridades eclesiásticas ni estatales para esclarecer los hechos” y que “se intentó otorgar compensaciones económicas para mantener silenciadas las conductas abusivas”, utilizando para ello dineros provenientes de los 22 colegios que la orden mantiene en Chile.
El abogado Marcelo Vargas Martínez es uno de los demandantes, como víctima de los abusos cometidos en su contra en los años 80 en Valdivia por el cura Rimsky Rojas, quien, pese a haber sido denunciado ante las máximas autoridades de la orden salesiana, nunca fue apartado de esta ni menos del contacto con menores de edad.
Como ha informado El Mostrador, el caso de Rojas quedó al descubierto después que su nombre fuera vinculado con la extraña desaparición del exalumno del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas Ricardo Harex, de quien se perdió todo rastro cuando el joven, de 17 años, salió desde un quincho en el cual se festejaba un cumpleaños hacia su casa, a eso de las 3 de la mañana del 19 de octubre de 2001, hace ya más de 24 años.
De acuerdo con la investigación penal del caso –actualmente sobreseído–, esa madrugada Rimsky Rojas acechaba a sus alumnos a un par de cuadras de distancia, a bordo de un automóvil, en el cual incluso fue controlado por un carabinero. Desde sus años en Valdivia que Rojas era conocido por esperar a los estudiantes a la salida de fiestas y discotecas, los fines de semana, supuestamente con el fin de llevarlos sanos y salvos a sus casas (todo lo contrario de lo que sucedió con el joven Harex).
Rojas se suicidó en 2001 en una casa de reposo de los salesianos en Macul, colgándose desde un lugar al que le habría sido imposible llegar, dado que estaba discapacitado y se desplazaba en una silla de ruedas.
Su muerte, que genera muchas suspicacias porque la policía no se dio el trabajo de revisar su dormitorio, se produjo poco después de que su nombre apareciera mencionado como sospechoso de la desaparición del adolescente.
Respecto de la demanda presentada en Santiago, Vargas señala que “la causa se encuentra en la etapa probatoria ya terminada, se va a pedir la sentencia en los próximos días”.
En ese sentido, detalla que tienen esperanzas de que la Justicia falle a favor de ellos, argumentando que –a su juicio– se trata de delitos imprescriptibles “y yo creo que eso va a ser ponderado por el tribunal, en el sentido de que podrá aceptar la demanda no obstante el paso del tiempo, porque además hubo jurisprudencia en otros casos más o menos similares, específicamente en la Corte de Apelaciones de Santiago, y nosotros confiamos que el mismo criterio puede también aplicarse a nosotros, atendido que la ley de imprescriptibilidad también vino como a dejar constancia que el derecho al tiempo nos asiste y los tribunales tienen que hacerse eco de eso en sus resoluciones”, indica.
También, Vargas alude a la sentencia en el caso Karadima, donde pese a que se alegó la prescripción de los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima en la Iglesia de El Bosque, “la Corte de Apelaciones no tomó en cuenta la prescripción, porque son delitos de lesa humanidad que no prescriben el derecho internacional”.
Chocar contra una pared
Cabe recordar que, luego de ser enviado por un año a Guinea Ecuatorial (África), a inicios de los 90, Rimsky Rojas regresó a Chile y para 2001, cuando desapareció Ricardo Harex, era nada menos que rector del Liceo San José de Punta Arenas.
Por cierto, Rojas terminó en África luego de que, a fines de los 80, los abusos sexuales cometidos por el sacerdote en contra de Marcelo Vargas y otros adolescentes en Valdivia fueron denunciados tanto al rector del liceo salesiano de esa ciudad, Adolfo Horn, como al provincial de los salesianos en ese tiempo, el actual cardenal y exarzobispo de Santiago Ricardo Ezzati.
En el proceso judicial iniciado por la Fiscalía de Valdivia en 2011, después que Vargas se querellara, ambos imputados negaron cualquier conocimiento de los hechos y la causa se cerró a instancias del propio órgano persecutor, pese a la opinión contraria del juez de garantía.
Otra investigación que apuntaba a las jerarquías de la Iglesia católica, iniciada hace 10 años por el entonces Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, fue cerrada por una decisión de no perseverar tomada a inicios de 2025 por el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Xavier Armendáriz, a quien dicha causa le fue remitida en 2019 por el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien inició una inédita embestida judicial y administrativa contra Arias, poco antes de que este pidiera fecha y hora para formalizar no solo a Ezzati, sino también al cardenal Francisco Javier Errázuriz, a quienes iba a acusar como encubridores de abusos sexuales.
Por supuesto, luego de que Arias fue removido de su cargo, ello nunca ocurrió.
En 2022, ya transcurridos más de 20 años de investigación, la entonces ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Pinto, sometió a proceso a cuatro oficiales de Carabineros (partiendo por un general) y a tres sacerdotes, incluyendo al entonces obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, como encubridores de la desaparición de Ricardo Harex.
Sin embargo, el auto de proceso chocó con dos murallas infranqueables: la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que revocó los autos de procesamiento, y la Corte Suprema, que confirmó el fallo del tribunal de alzada.
Como informó El Mostrador, a mediados de este año la nueva ministra en visita a cargo del caso (Inés Recart, quien asumió debido a la jubilación de la ministra Pinto) sobreseyó el caso, aseverando en su fallo que no había antecedentes que indicaran una desaparición forzada, pese a todo lo indagado por su antecesora.
Los casos
Ante la constante negativa que las víctimas de los salesianos han encontrado en la Justicia penal, en 2022 nueve de ellas interpusieron una demanda civil en Santiago en contra de la Congregación Salesiana, pidiendo que los daños morales y psicológicos que sufrieron sean resarcidos con una indemnización de 400 millones de pesos para cada uno de ellos.
Para lo anterior, argumentan –entre otras cosas– que “los delitos cometidos por los sacerdotes salesianos no son eventos aislados, sino que se encuentran interrelacionados. Se arriba a esta conclusión considerando la persistencia en el tiempo de los abusos, la existencia de múltiples ofensores y la coordinación temporoespacial entre ellos, junto con los superiores jerárquicos que permanecen durante décadas”.
Entre los casos están el de CACS, quien fue agredido sexualmente por el coadjutor Alejandro Cautín Ramos en el Instituto Don Bosco de Punta Arenas, desde 1973 (cuando tenía 13 años hasta que cumplió los 17). Cautín Ramos fue expulsado de la orden recién en 2019.
En Valdivia, otras dos víctimas, CJSB y HJHA, denuncian haber sido agredidas por el sacerdote y subdirector del colegio de esa ciudad, Sergio Aravena. HJHA relata además que fue también abusado por otro sacerdote, Roberto Carrasco, desde 1979, a sus 13 años. Ambos demandantes afirman que hicieron públicos los abusos dirigiéndose al director, Maximiliano Ortúzar, quien los increpó y echó de su oficina. Luego, “ambos fueron expulsados mediante el envío de una carta que no señalaba motivo alguno para fundamentar la decisión de expulsión”, señala la demanda.
Cabe indicar que Aravena dijo a HJHA que “todos los curitas tenían un niño preferido” y que él “era muy afortunado porque él sería ese niño y que no lo podía contar a nadie”.
Marcelo Vargas (cuyo nombre utilizamos porque él mismo ha relatado en forma abierta los hechos) fue víctima de Rimsky Rojas Andrade a contar de 1985, cuando tenía 14 años. Los abusos se produjeron en el colegio salesiano de Valdivia, en el vehículo que conducía Rojas y en otros lugares, incluyendo una casa de veraneo de su familia en Panguipulli, donde Rojas era permanentemente invitado, pues el abusador se había hecho amigo de sus familiares a tal punto que en 1987, su padre, que era comisario de la PDI y que cumplía funciones en la Central Nacional de Informaciones (CNI), fue trasladado a Santiago, por lo cual entregó a Rojas el cuidado personal de Vargas y su hermano.
En la demanda se describe cómo un fin de semana Rojas lo dejó prácticamente secuestrado en el colegio, hasta última hora del domingo, luego de lo cual “su actitud comenzó a cambiar”, por lo que comenzó a tener problemas en el colegio, recibiendo sanciones disciplinarias de parte del subdirector, es decir, de Rimsky Rojas, quien “las oficiaba como subdirector y apoderado”.
En agosto de ese año Vargas le contó a su padre sobre los abusos, pero este se negó a oírlo, diciéndole que, si insistía en denunciar a Rojas, “lo metería preso”.
En otro caso, en Santiago, la víctima identificada con las iniciales BACA denuncia haber sido atacada también por Sergio Aravena, cuando (en 1983) tenía 12 años y era estudiante del Liceo Manuel Arriarán Barros, ubicado en La Cisterna. Al igual que a las víctimas de Valdivia, Aravena dijo al menor que lo había elegido como “su amigo personal”.
Como reacción ante los abusos, la demanda indica que el joven comenzó a vandalizar el liceo, tras lo cual fue expulsado de este. Pese a ello “nunca nadie le preguntó las causas de su conducta”. Años más tarde comprendió que lo único que buscaba era salir del círculo de abusos en que se encontraba, tal como en el caso de Vargas.
Muchos años después, en 2002, siendo ya un adulto hecho y derecho, BACA les explicó a sus padres lo que había vivido, ante lo cual estos denunciaron los hechos al entonces inspector de los salesianos, Bernardo Bastres. Tras ello, en 2003, Aravena solicitó la dispensa del celibato.
MAMV denunció haber sido objeto de abusos sexuales a inicios de los años 90 en dos establecimientos salesianos, ubicados en Talca y Concepción, sindicando como el autor de ellos al religioso Daniel Lescot. Ante ello, la víctima presentó denuncias ante la Justicia penal y también ante el entonces obispo de Talca, Carlos González, y posteriormente ante el Provincial de los Salesianos, Natalio Viale Forti, quien según le versión del demandante le dijo “si un miembro de tu familia tiene problemas, ¿tú no lo protegerías?”. Igual que en el caso anterior, Lescot solicitó la dispensa del celibato, en 2015.
Otro exalumno de los salesianos de Concepción, JCAV, relata que a los 14 años el sacerdote Luis Peragallo le hacía comentarios de connotación sexual y que, años más tarde, cuando ingresó al posnoviciado Lo Cañas, en La Florida, fue abusado entre los años 2005 y 2006 por el director de la comunidad, a quien identificó como Tomás Aguayo, por lo cual existe una investigación en el Ministerio Público.
Como en muchos casos, denunció los hechos internamente, esta vez con el sacerdote Vicente Soccorso, quien –asegura la demanda– le pidió que no le contara a nadie, aseverándole que quizá había mal entendido “el cariño” de Aguayo hacia él. Luego de denunciar de nuevo, esta vez ante Natale Viali, este decidió enviar a Aguayo a Argentina bajo la excusa de que tenía “estrés”. Tras ello, el sacerdote fue expulsado de la congregación en 2014, tras un proceso canónico en el cual fue hallado culpable.
De nuevo en Concepción, DDO denunció haber sido víctima de abusos en 2007, cuando tenía 12 años, por parte del sacerdote Diego Muñoz. En 2015 lo denunció ante el inspector Alberto Lorenzelli, indicando que Muñoz (quien falleció pocos meses después) le estaba ofreciendo dinero. En esta situación –según plantea la demanda–, la Congregación Salesiana asumió el compromiso de financiar terapias psicológicas y psiquiátricas para la víctima. En este caso fueron encontradas dos cartas
El noveno caso ocurrió en Putaendo, donde SHMV relató que en 2005, cuando tenía 15 años, fue abusado por el sacerdote Nelson Jopia, en la Parroquia San Antonio de Padua de Putaendo, mientras era acólito. En 2016 la Congregación para la Doctrina de la Fe inició una investigación contra Jopia, quien finalmente fue desligado del sacerdocio, pese a lo cual en 2018 apareció trabajando en un colegio de Lampa, en contacto con menores de edad.
La versión de los salesianos
Frente a todo lo anterior, los salesianos pidieron el rechazo de la demanda en todas sus partes, asegurando que haber repudiado los casos de abusos sexuales y haber implementado protocolos (que datan de 2011 y fueron actualizados en 2022) y un consejo de prevención de abusos.
Asimismo, la defensa de los sacerdotes sostiene que los hechos están prescritos, dado que las acciones civiles prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto, según el artículo 2332 del Código Civil. También señalan que, incluso si se aplicara la suspensión de la prescripción, el límite máximo de prescripción extraordinaria es de 10 años desde la comisión del hecho y el último de estos data de 2009.
Asimismo, en su respuesta a la demanda, la congregación niega la existencia de una organización dentro de la orden dispuesta o destinada a “propiciar y silenciar abusos”. Asimismo, negaron que los traslados de sacerdotes fueran realizados para esconderlos. También argumentaron que en varios casos se iniciaron investigaciones canónicas y que se han efectuado denuncias al Ministerio Público, como en lo relativo a las acusaciones contra Daniel Lescot o Diego Muñoz.
Del mismo modo, los salesianos negaron haber intentado silenciar a los denunciantes mediante compensaciones económicas. Sin embargo, explicaron que han brindado soporte económico para tratamientos psicológicos, como medida de apoyo y reparación.
