Ley de Notarios perdió los colmillos cuando senador Walker presidía Comisión de Constitución

Durante la formalización de los involucrados en la trama de la Muñeca Bielorrusa –los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, junto a Gonzalo Migueles–, el Ministerio Público reveló una situación que sorprendió a todos quienes observaban la audiencia por el canal del Poder Judicial: los chats del teléfono incautado a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fueron borrados antes de entregar el aparato al OS-7 de Carabineros.

Las pericias, sin embargo, permitieron rescatar una serie de imágenes desde el móvil de la destituida magistrada, entre las que destacan extractos de conversaciones de un grupo de WhatsApp, donde se planificaba una cena entre senadores y ministros de la Corte Suprema, en abril del año 2024. En estos aparece el nombre de Matías Walker, senador demócrata que enfrenta una compleja situación, después que él mismo confirmara haber recibido dineros del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

El grupo se denominaba Proyecto Nuevo CBRS, siglas que aluden al Conservador de Bienes de Raíces de Santiago, un apetecido cargo –al que el propio Yáber también postuló– que aún se mantiene vacante y que se estima que reporta utilidades mensuales que superarían los mil millones de pesos. Dentro de las conversaciones se menciona una cena en la casa del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

“¿Y Matías irá a esa comida en la casa de Diego?”, preguntó uno de los interlocutores el 21 de abril de 2024. Francisco Cruz, otro de los interlocutores del chat asegura que sí y recibe como respuesta que el senador “comete un error con ir”. “Debe hacerlo”, dice el exasesor de Walker. “Es la última oportunidad de anotarse poroto. Además sería absurdo no fuera si van más senadores”, agrega. El mismo interlocutor vuelve a advertir: “Él como presidente de la Comisión de Constitución del Senado no puede ir invitado por un mediador. Se pone al servicio”.

Si bien Matías Walker aseguró a El Mostrador, a través de su oficina de comunicaciones, que no había participado en ninguna reunión en la casa de Simpertigue, la confirmación de su presencia en la cita por un excolaborador cercano suyo plantea dudas sobre la influencia que podría haber tenido esta red de operadores, no solo en el nombramiento de altos cargos en el sistema judicial, sino también en la tramitación de la nueva Ley de Notarios y Conservadores, donde Walker tenía un rol crucial como cabeza de la Comisión de Constitución del Senado. Una ley que, por cierto, fue perdiendo primero los molares y luego los colmillos, a medida que avanzaba su trámite legislativo.

Una ley sin colmillos

“La Ley de Lobby se creó precisamente para que sepamos quién influye en las decisiones públicas. Cuando senadores o sus asesores y miembros del Poder Judicial y notarial se reúnen en casas particulares, sin registro, mientras se tramita una ley que afecta directamente el bolsillo de esos gremios, se rompe la fe pública”, explica Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente.

Las dudas están instaladas en el ambiente y no son pocos los que han comenzado a poner el acento en una eventual revisión a la normativa que entra en vigencia el 1 de abril de 2026. “Parece que hay que comenzar a mirar con más (lupa) lo que fue la tramitación, discusión y votación de la Ley de Notarios y Conservadores”, escribió en la red X María Jaraquemada, exdirectora ejecutiva de Chile Transparente.

El economista Claudio Agostini –muy activo durante el periodo de tramitación de la ley– aseguró por la misma red social que “tal vez no sería una mala idea que la Fiscalía tuviera acceso a las cuentas corrientes de todos los notarios, conservadores y parlamentarios para revisar sus transacciones”.

Por lo pronto, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció la apertura de una investigación que busca aclarar el pago recibido por el senador Matías Walker (Demócratas) y el diputado republicano Cristián Araya por parte del conservador Sergio Yáber, quien se ha transformado en el dueño de la billetera utilizada para esconder eventuales coimas y pagos que todavía no han sido aclarados.

Desde que se destapó el denominado caso Hermosilla hasta la apertura de la denominada arista de la Muñeca Bielorrusa, han desfilado en el caso una serie de nombres involucrados en nombramientos de jueces, notarios y conservadores de Bienes Raíces, gestiones que terminaron con Ángela Vivanco y Antonio Ulloa fuera de la Corte Suprema.

Es precisamente una derivada de esta última investigación la que hoy está amenazando con destapar una nueva caja de Pandora con alcances insospechados en el Congreso Nacional. A los nombres de los exdiputados Gabriel Silber y Eduardo Lagos, socios en un estudio de abogados junto a Mario Vargas, se sumó con posterioridad el del exparlamentario DC Aldo Cornejo, quien habría acercado a dicho bufete de abogados con el Consorcio Belaz Movitec.

Ahora, sin embargo, el tejo llegó más lejos: la investigación a cargo de la fiscal Carmen Gloria Wittwer descubrió depósitos a dos parlamentarios en ejercicio: el diputado Cristián Araya y el senador Matías Walker. Este último reconoció que recibió $1,6 millones del conservador, los que utilizó para comprar un pasaje de avión para uno de sus hijos que realizaría una pasantía en Canadá.

Un día después de transparentar el traspaso, Walker comentó que ese no había sido el único dinero que recibió de Yáber, sino que existía otro en el año 2022, que fue depositado a su cuenta por el conservador para ayudar a costear el tratamiento de salud de uno de sus hijos que padecía una grave enfermedad.

Eso no fue todo. Ciper reveló que el senador de Demócratas arrendaba un departamento a Sergio Yáber en Coquimbo, por el cual alcanzó a pagar $7,5 millones, cancelados según él de su dieta parlamentaria. A pesar de existir comprobantes de transferencia, el arriendo se concretó sin un contrato de por medio, una situación anómala, considerando que los gastos operacionales los paga directamente la Corporación del Senado a los proveedores.

La generosa billetera de Sergio Yáber alcanzó para varias personas más. El exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, recibió 76 transferencias por casi 1 millón de pesos cada una, depositadas entre el año 2018 y abril de 2025, y que en total suman $74,8 millones, según el medio Reportea. Yáber, además, contrató a la hija del senador Sergio Gahona (UDI) por un año, en el conservador de Puente Alto, antes de que esta fuera nombrada notaria interina de la Segunda Notaría de San Miguel.

Paulina Gahona Herrera –con menos de cinco años de experiencia– fue nombrada en su cargo por el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de la misma jurisdicción, Luis Sepúlveda, cuya esposa también figuraba como empleada del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, al igual que el hermano del ministro de la misma Corte, Carlos Farías. Estos dos últimos magistrados, de hecho, participaron en la votación que permitió a Yáber quedar en la nómina final de candidatos, siendo nombrado en el cargo el año 2018 por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Yáber también colaboró con dinero a la Asociación Nacional de Notarios, aportando 1 millón de pesos en 2021 por concepto de “campaña comunicacional” y otros 2 millones en 2022 por una “cuota extraordinaria”. Ambos aportes –cabe consignar– se realizaron mientras se tramitaba la nueva Ley de Notarios y Conservadores, buscando torpedear la iniciativa del Gobierno de Piñera, encabezada por el exministro de Justicia Hernán Larraín.

Matías Walker fue presidente de la Comisión de Constitución del Senado en 2022, el mismo año en que reconoce haber recibido dinero por parte de Yáber para costear los gastos en salud de uno de sus hijos, montos que el conservador habría entregado cuatro años después de haber sido declarada la enfermedad y cuyo valor total aún se desconoce.

Un diputado que participó en el trámite de la ley y que prefiere omitir su nombre asegura que la estrategia de Walker fue adelantarse a los hechos y que la explicación pública entregada por el senador no lo exime de un eventual delito de cohecho o tráfico de influencias. “No existe coima buena. El dinero ilícito es dinero ilícito”, señala.

Lobby y fedatarios

El lobby de la Asociación de Notarios, cuenta el diputado Leonardo Soto (PS) a El Mostrador, fue uno de los más fuertes que recuerda de todos sus años como parlamentario. Fue tan intenso –asegura–, que, al término de su tramitación legislativa, la ley que pretendía modernizar el servicio “continúa con escrituras, declaraciones juradas y documentos en papel, como a principios del siglo XX”.

Lo que ha pasado en todo este tiempo, agrega el parlamentario, es que “se ha generado un contubernio entre integrantes del poder político, algunos jueces y la Asociación de Notarios, para poder favorecer a algunos en desmedro de otros. No en base al mérito ni a las capacidades, sino simplemente a través de redes de amistad”.

El diputado Soto, sin ir más lejos, fue uno de los parlamentarios que realizó audiencias de lobby con gestores de intereses relacionados a la ley que estaba en tramitación, junto a Jorge Alessandri (RN), Hugo Gutiérrez (PC), Matías Walker (DC), Gabriel Boric (MA), Gonzalo Fuenzalida (RN), Francisco Eguiguren (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Raúl Soto (DC), Amaro Labra (PC) y un asesor de Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Incluso uno de los asesores legislativos del Partido Socialista en el Congreso, el abogado Enrique Aldunate, trabajaba en paralelo en la Cámara de Diputadas y Diputados y en la Asociación Nacional de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales. En este último trabajo, Aldunate colaboraba en temas relativos a “compliance”, o sea, relacionados con los ajustes internos que hace el organismo para respetar las leyes del país.

Según un estudio de América Transparente del año 2020, de los 395 notarios, conservadores y archiveros de Chile en ese tiempo, 103 eran familiares de otros notarios o exnotarios, 78 estaban emparentados con algún juez o funcionario del Poder Judicial y 23 tenían una relación familiar con un actual o exparlamentario.

En el caso de estos últimos, la investigación reveló los nombres de varios congresistas y exparlamentarios emparentados con notarios y conservadores, entre ellos, Cristina Girardi (PPD), esposa del notario de Santiago Fernando Varas; Rabindranath Quinteros (PS), padre de la notaria de Maullín Pamela Quinteros; Francisco Chahuán (RN), hijo de la notaria de La Calera Lidia Chahuán; Francisco Huenchumilla (DC), casado con la notaria de Lautaro María Antonieta Suárez; y Raúl Leiva (PS), hermano del notario Francisco Leiva. Este último, además, fue socio de Sergio Yáber en la empresa Emegeme SpA, tal como informo Fast Check.

A ellos se suma la notaria de Lampa, Gilda Miranda, esposa del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, que en este momento enfrenta una investigación penal y otra administrativa, debido a los viajes que realizó junto al abogado Carlos Eduardo Lagos. Además, es objeto de una acusación constitucional.

Durante la tramitación de la ley en la Cámara de Diputadas y Diputados, fueron varios los parlamentarios que se opusieron a uno de los puntos centrales del proyecto: la introducción de nuevos fedatarios –o ministros de fe–, cuyo objetivo era la “desnotarización” de trámites a través de una mayor competencia en el mercado.

El diagnóstico se elaboró a partir de un Estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que identificó más de 200 trámites en notarías que podrían hacerse sin reparos en juzgados de Policía Local o en oficinas del Registro Civil, disminuyendo considerablemente el valor de los trámites. El fiscal económico subrogante de la época, Mario Ybar, advirtió en el Congreso que la clave del proceso no era “maquillar” el actual sistema, sino implementar una reforma profunda.

La discusión sobre el proyecto llevó a la Asociación Nacional de Notarios a cuestionar la figura de los fedatarios, asegurando que estos “perfectamente pueden ser contratados por algunos grupos de interés (…) y se va a perder uno de los elementos más fundamentales en los que descansa la dación de fe pública que es la independencia”.

Varios diputaos adhirieron a la postura del gremio. Marcelo Díaz, por ejemplo, acusó que la implementación de los ministros de fe “va a propender a que surja una industria de fedatarios, un gran estudio de abogados va a tener una red de fedatarios en todo el país vinculado al retail o a la banca (…)”.

Paulina Núñez, en ese entonces en la Cámara Baja, sugirió limitar el número de fedatarios, utilizando un criterio territorial, “para no afectar a las notarías más pequeñas, y considerar la priorización de fedatarios en comunas donde no hay notarios”, la misma posición esgrimida por el diputado Gonzalo Fuenzalida.

Matías Walker, quien también ostentó el cargo de presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, ratificó la misma postura de Díaz: “El interés por ser fedatario va a estar también en las grandes ciudades, asociado a la industria del retail, de los bancos”, aseguró.

Si bien la iniciativa de los fedatarios se mantuvo en la Cámara, el Senado rechazó su implementación, junto al uso de firma electrónica y la posibilidad de hacer escrituras públicas de manera digital, situación que obliga a seguir realizando los trámites de manera presencial, encareciendo los costos de los servicios.

Fueron estos últimos puntos los que el notario Francisco Leiva advirtió a su colega Valeria Ronchera mientras se tramitaba la ley.  “Lo único que va a alargar nuestra vida es atender a la presencialidad, si no estamos fregados. Creo que con la firma electrónica avanzada se va a masificar muchísimo, de hecho con la biometría avanzada eso va a ser muy barato, y los notarios no se van a necesitar”, le comentó a través de WhattsApp.

No fue el único problema que se presentó durante la tramitación de la ley en el Senado, pues en agosto del año 2024 Manuel José Ossandón y Rafel Prohens pidieron derivar la iniciativa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, presidida por el mismo Ossandón. La solicitud generó una fuerte controversia.

La jugada quedó al descubierto cuando Prohens se acercó a hablar con José García Ruminot (RN) y Matías Walker (Demócratas) –presidente y vicepresidente de la Cámara Alta, respectivamente– intentando convencerlos de la propuesta, sin advertir que el micrófono del estrado se encontraba abierto.

“Cote (refiriéndose al senador Ossandón) me lo pidió poh. No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso, Matías. No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de José García), no te vai a arrepentir”, señaló Prohens.

Pese a la resistencia de algunos parlamentarios y las evidentes suspicacias que generó la conversación, la ley finalmente fue derivada a la Comisión de Gobierno, tras ser aprobada con 18 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

Debido a las discrepancias entre ambas Cámaras en el Congreso, la ley se derivó a una comisión mixta de cinco senadores y cinco diputados, quienes acordaron dividir al Conservador de Santiago bajo estrictos requisitos, como contar con informes vinculantes del Poder Judicial. Una moción, por cierto, apoyada por Matías Walker.

Cuando la ley estaba en las puertas del horno, en julio de este año, varios diputados acusaron que el informe de la comisión mixta no recogía fielmente lo que se había acordado, o sea, que se modificaron algunos puntos previo al despacho del señalado informe, generando un escándalo que amenazó con escalar al Tribunal Constitucional.

“El cambio de definiciones fue algo que nunca había visto, porque nunca siquiera fueron debatidas en la comisión mixta. Fue algo muy grosero, pero nos alcanzamos a percatar y le dijimos al ministro (Gajardo) que el tema no podía ser votado en la Cámara, porque nunca fue debatido en la comisión”, explica Soto.

Cuando el proyecto se puso en tabla nuevamente, la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados llegó a un acuerdo con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, resolviendo no ceñirse a la votación propuesta en el informe de la comisión mixta. O sea, en vez de tres votaciones, los diputados realizaron solo dos.

La disputa terminó con el rechazo del régimen especial para el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que finalmente podrá ser dividido mediante un decreto del Presidente de la República. La nueva Ley de Notarios y Conservadores fue finalmente promulgada el 23 de septiembre de 2025, publicada en el Diario Oficial en octubre pasado y comenzará a regir a partir del 1 de abril del próximo año.

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