Red de comercio sexual traficaba mujeres chilenas hacia Corea del Sur: una falleció

Hacia mayo de 2024, el subcomisario Rodrigo Luvecce, por aquel entonces funcionario de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto Internacional de Santiago, junto a otros colegas de la misma unidad, comenzó a poner atención en grupos de tres a cuatro mujeres muy jóvenes, de entre 19 y 28 años, que viajaban juntas hacia Corea del Sur por medio de Air France, previa escala en París.

Entre ellas había varias cosas muy llamativas, como que todas usaban pasaportes nuevos y, cuando se les preguntaba por el motivo del viaje, argumentaban que se iban de vacaciones, pero no regresaban una vez transcurridos los 90 días máximo que habitualmente permiten estar en otro país las visas de turista con las cuales salían desde Pudahuel.

Al principio se pensó que podían ser “burreras” que llevaban o traían drogas, pero eso se descartó, descubriéndose que todas provenían de comunas de las zonas sur y poniente de Santiago, que se trataba de jóvenes de escasos recursos, algunas de ellas con problemas de consumo abusivo de sustancias, y que los tickets eran de un valor promedio de 2 mil dólares, algo muy lejano a sus realidades.

“Dichos patrones se repetían en estas viajeras, durante el 2024, por cuanto estos pasajes eran adquiridos bajo la misma modalidad, con la misma tarjeta de crédito, a través de una misma aerolínea, y todas sus historias ficticias convergían”, detalla el oficial.

Investigando, los detectives descubrieron que quien financiaba todo era un surcoreano, residente en ese país, quien –sin embargo– había viajado en 2024 a Chile, poco antes de que comenzaran los viajes.

De ese modo, cada vez que aparecían en Pudahuel pasajeras con el mismo perfil, los detectives las interrogaban, hasta que una de ellas confesó lo que los policías sospechaban: que viajaba a Corea del Sur a ejercer el comercio sexual, ante lo cual se informó de los hechos a la Brigada de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, la que a su vez denunció los hechos a la Fiscalía Regional Centro Norte, donde la fiscal Carolina Suazo, especialista en delitos de esta naturaleza, ordenó una serie de diligencias.

Meses más tarde, el subcomisario Luvecce fue trasladado a la Britrap y allí le correspondió continuar la investigación, ya como oficial de caso. Luego de más de un año y medio de indagaciones, ya hay tres mujeres chilenas formalizadas y en prisión preventiva por estos delitos, acusadas de asociación criminal y trata de personas con fines de explotación sexual, al tiempo que se realizan coordinaciones a nivel internacional con el fin de dar con el cabecilla de la red, que también tenía como víctimas a mujeres colombianas y vietnamitas.

La víctima fatal

Hoy se sabe a ciencia cierta que al menos 20 mujeres chilenas fueron explotadas sexualmente en el sudeste asiático y que una de ellas murió en circunstancias que no están nada de claras aún, en territorio de Camboya, en noviembre pasado.

El cuerpo de la víctima, E.K.V.S., de 23 años, aún permanece en Asia, mientras la Cancillería realiza los trámites necesarios para su repatriación, al tiempo que su familia desarrolla gestiones para reunir el dinero que estiman se necesita, que según los cercanos a la víctima implica entre 6 mil y 15 mil dólares.

Lo que sí se sabe es que, antes de que a las jóvenes se les vencieran los 90 días de la visa de turismo, la organización criminal las trasladaba hacia Camboya o Tailandia, por un par de semanas, a fin de que luego de eso pudieran ingresar por otros 90 días a Corea y viajar hasta la isla de Jeju, un paraíso natural que es patrimonio de la humanidad y que, sin embargo, se ha convertido en el lugar en que se han establecido varias mafias que ofrecen prostitución (enmascarada en clubes de karaoke) y apuestas ilegales a los turistas que la visitan.

Además, las jóvenes eran ofertadas por medio de publicaciones tanto de Instagram como Telegram y también existen antecedentes que indican que eran llevadas a la ciudad de Ulsan, la metrópolis con mayor PIB per cápita de Corea del Sur, en la cual se encuentra la mayoría de la industria pesada de ese país, incluyendo los astilleros navales y la planta de ensamblaje de autos de Hyundai.

Aunque no existe aún claridad respecto de cuál es la organización que está detrás de los viajes, al menos una de las cuentas de redes sociales que ofertaba “catálogos” de jóvenes chilenas en Corea de Sur aparece situada en la ciudad china de Chengdu, en la Provincia de Sichuan, que es el origen de una buena parte de los turistas que viajan a la isla de Jeju. Cabe indicar que las dos mafias chinas detectadas hasta el momento en Chile, la Bang de Fujian y la Hongmen, actúan también en Chengdu.

Por los testimonios de quienes han cooperado con la investigación se sabe que las chilenas eran sometidas a golpizas y tratos degradantes en Corea del Sur, especialmente por parte de clientes, ataques que contaban con la venia de sus explotadoras y que debían soportar a fin de reunir el dinero que tenían que pagar, el que implicaba desde el pasaje y la estadía, así como “comisiones” para la organización que las explotaba y otra (de 500 mil pesos) para las chilenas que hacían las veces de captadoras de víctimas. Una de ellas, incluso, acompañó en el viaje aéreo a tres de las víctimas.

El cambio en Chile

La fiscal Suazo explicó que los hechos formalizados hasta el momento se refieren a 11 de las víctimas, explicando que las captadoras de ellas (las tres que se encuentran en prisión) las conocían “en círculos de amistades y en ese contexto ofrecían los viajes a Corea del Sur. Una de ellas incluso recibía al imputado de nacionalidad surcoreana cuando este viajaba a Chile, y en ese contexto se realizaban reuniones con distintas víctimas para efectuar el ofrecimiento de viaje a Corea del Sur”.

En cuanto a la cantidad de afectadas, precisó que efectivamente son 20 hasta la fecha, “pero creemos que esa cantidad puede aumentar”.

Sin embargo –explicó–, muchas de las víctimas son renuentes a cooperar, entre otras cosas porque “hemos detectado situaciones de amenazas que sin duda afectan el éxito de las diligencias de investigación que estamos realizando, pues generan temor respecto de las víctimas en relación a posibles represalias que pudieran sufrir si se entregan antecedentes de información a la investigación”.

La jefa de la Britrap Metropolitana de la PDI, la subprefecta Elena Hidalgo, explica que es importante entender que “por lo menos hasta el año 2015 nuestro país era un país de tránsito en lo referido al delito de trata de personas y, posteriormente, comenzó a ser un país de destino, pero con esta investigación esos paradigmas cambian y tenemos que Chile hoy, y con este caso puntualmente, también es un país de origen de víctimas para la comisión de este delito, y con el desarrollo de la investigación se establecen figuras de captadores y líderes de una estructura criminal”.

Sobre el líder, se limitó a comentar que, además de comprar los tickets, participaba directamente en la selección de las víctimas. Al respecto, agregó que la última captadora en ser detenida, hace algunas semanas, fue aprehendida cuando regresaba desde Corea del Sur, donde ella también ejercía el comercio sexual, explicando que, de las tres captadoras, dos de ellas aparecían como víctimas al inicio de la indagatoria, pero pronto su calidad fue mutando hacia imputadas, al comprobarse que cobraban comisiones a las jovencitas que captaban.

El drama psicológico

La psicóloga Vania Saavedra, del Instituto de Criminología de la PDI, ha entrevistado a muchas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y este caso no ha sido la excepción. Al respecto, dice que –sin poder entregar detalles específicos respecto de ellas, por la reserva de la investigación– no existe un perfil único de víctimas de este delito, pero lo habitual en este tipo de casos es que “las víctimas cuenten con múltiples factores de vulnerabilidad, es decir, tienen algunas condiciones preexistentes, ya sean económicas, familiares, psicológicas o afectivas, que las hacen más propensas o con mayor posibilidad de ser captadas”.

El factor económico, precisa la profesional, es preponderante, pues por lo general “estamos hablando de mujeres jóvenes con poca experiencia laboral. Por tanto, una oferta de estas características puede resultar muy atractiva”, aunque “lo que hemos observado es que las víctimas pueden tener un conocimiento parcial de la oferta laboral o derechamente desconocer la totalidad de las condiciones laborales que se ofrecen en un inicio, como pareciera ser que ocurre en este caso también”. En ese sentido, precisa que la aceptación de la supuesta oferta laboral (teniendo en cuenta que en Corea del Sur la prostitución es un delito) es “un consentimiento viciado”.

En lo relativo a las muchachas explotadas en Corea, indica, hay otros factores que hacen más compleja la situación de las víctimas, como la barrera idiomática y la falta de redes familiares o sociales.

Del mismo modo, relata que son pocas las víctimas que llegan a los peritajes, pues muchas no se perciben de inmediato como víctimas, ya que esa dimensión solo se logra cuando ha pasado algún tiempo. Cuando eso ha sucedido, “existe un daño psicológico importante, porque se afecta mucho la dignidad humana de ellas” y porque “existen polivictimizaciones, es decir, la víctima no solo es víctima de trata, sino también existen en paralelo malos tratos físicos, psicológicos, denigrantes, vejaciones”, todo lo cual hace difícil que quieran hablar, a lo que se suman las amenazas o posibilidades de represalias, finaliza.