Fiscalía acusa que Cathy Barriga causó un perjuicio al fisco cercano a los 30 millones de dólares

El mismo día en que el Ministerio Público presentó formalmente la acusación en contra de Cathy Barriga –imputándole cuatro delitos y solicitando 23 años de cárcel–, la exalcaldesa de Maipú apareció en el programa “¡Hay que decirlo!” de Canal 13, cerrando una cruzada televisiva para encontrar a su perrito extraviado: Daddy.

“Hay mucha gente que en este minuto debe estar diciendo: ¿qué pasa con lo legal?, ¿por qué no le preguntan acerca de eso…? Yo solo quiero decir que tal vez hay muchas cosas que podríamos hablar contigo, pero hoy quisimos enfocarnos en la pérdida de esta mascota”, explicó la animadora Karla Constant, a propósito de los comentarios en redes sociales que acusaban un vergonzoso “lavado de imagen”.

Pese a esto, Barriga aprovechó la oportunidad para referirse a su paso por la cárcel, recordando que el año nuevo anterior lo había pasado allí. “Eso también te hace vivir situaciones muy intensas y libera muchos prejuicios y quizás sentarme acá con ustedes, que a veces dicen cosas, informados o a veces no, a veces lo que piensan, siento que la vida es mucho más que eso. Hoy me siento mucho más fuerte”, relató.

La escena, por cierto, terminó con el perro en manos de su dueña. Al finalizar el programa, Barriga incluso se animó a participar en un trencito al ritmo de “la parabólica”, la emblemática canción de Tommy Rey que ya es un clásico en las celebraciones de fin de año, lo que desató fuertes críticas hacia el canal, que mostraba en tono festivo a una exautoridad en contra de la cual la Justicia está pidiendo 23 años de cárcel.

Sin embargo, esa no fue lo única aparición pública de la exalcaldesa de Maipú durante estos últimos días.

De hecho, la exbailarina de “Mekano” aseguró a través de su cuenta de Instagram que el Ministerio Público le habría propuesto alcanzar un acuerdo para no llegar a un juicio, situación que habría rechazado –según sostuvo– para “demostrar mi inocencia”. Horas más tarde, sin embargo, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente aseguró que fue la propia defensa de Barriga la que planteó la posibilidad de llegar a un juicio abreviado.

No obstante esto último, producto de los numerosos delitos de los cuales fue acusada la exautoridad municipal, “no se logró llegar a ningún tipo de acuerdo entre las partes, debido a que era inviable”, detalló el comunicado del organismo persecutor, asegurando que por esta razón, una vez concluida la etapa de investigación, procedió a presentar la acusación en contra de Cathy Barriga.

El procedimiento presentado está contenido en un extenso documento de 1.921 páginas, donde se acusa a la exalcaldesa de los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. El libelo, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador, apunta a una estructura orgánica que instaló una “política de gobernanza fraudulenta” al interior del municipio.

Este último concepto es clave a la hora de imputar los delitos que en total suman 23 años de cárcel, debido a que Barriga habría faltado a las funciones propias de su cargo, instalando “una gobernanza fraudulenta tendiente a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por la ley, los que permiten el resguardo y protección del patrimonio municipal”.

El perjuicio fiscal, según la Fiscalía, asciende a $32.884.247.128, es decir, cerca de 30 millones de dólares.

Gastos excesivos

La imputación en contra de Cathy Barriga se centra, básicamente, en una serie de maniobras fraudulentas que permitieron gastos excesivos no presupuestados y sin financiamiento adecuado, violando las normas de administración financiera del Estado, entre ellas, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Respecto del delito de fraude al fisco por sobreejecución de gastos, el documento apunta a que Barriga actuó en conjunto con otros ocho funcionarios –entre ellos, su brazo derecho en el municipio, Luis Japaz–, rebajando fraudulentamente los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).

Las acciones buscaban generar una disposición de recursos ficticia para cubrir gastos excesivos –al menos $26.003.660.181, entre 2017 y 2021–, los que luego se utilizaron para comprometer gastos no presupuestados sin contar con el financiamiento suficiente, quedando impagas obligaciones legalmente contraídas con proveedores. Esta situación generó, de acuerdo con la Fiscalía Oriente, millonarias deudas para la municipalidad.

Estos recursos se habrían utilizado, entre otras cosas, para la realización de una serie de eventos y actividades publicitarias destinados a promover la gestión alcaldicia de Cathy Barriga, entre otros, la “Casa de Jengibre”, el “Año Nuevo Chino”, “Maipú Enamorado” y “Maipeluza”.

Presupuestos falsos

El siguiente bloque de hechos delictivos que se le imputan corresponde a una serie de falsificaciones de documentos públicos, informes financieros y presupuestarios, que formarían parte de un esquema sistemático de defraudación al patrimonio municipal, desarrollado particularmente bajo la supervisión de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), a cargo entonces de María Palma Barros.

En su calidad de directora subrogante de la DAF, la funcionaria habría suscrito informes de ejecución presupuestaria ideológicamente falsos, cuyos estados financieros alterados fueron informados al Concejo Municipal de Maipú, situación de la que habría estado al tanto la exalcaldesa.

En cuanto al presupuesto del año 2020, por ejemplo, la acusación señala que “la acusada Barriga Guerra y la condenada Palma Barros tenían pleno conocimiento de que los montos finalmente considerados como ingresos y gastos en el presupuesto no serían suficientes para cubrir las necesidades y gastos municipales para el año 2020 en a lo menos $10.851.271.944”.

Esta maniobra fraudulenta se habría replicado cuando Palma Barros fungía como directora de Control de la Municipalidad de Maipú, instancia donde acató los requerimientos de la administración dirigida por Barriga, suscribiendo presupuestos falsos que ocultaban la información contable real del municipio. Esta situación, por cierto, infringió “de manera reiterada y deliberada sus deberes de control”.

Asimismo, entre los años 2017 y 2020, la entonces alcaldesa de Maipú informó “falsamente en las cuentas públicas sobre el estado financiero –incluyendo el estado presupuestario– de la Municipalidad de Maipú, omitiendo al Concejo Municipal y a la comunidad gastos efectivamente ejecutados por cifras multimillonarias, ocultando en definitiva el creciente déficit de caja y, en su lugar, indicando que existía un equilibrio financiero, es decir ingresos capaces de cubrir los gastos anuales, lo que no era verídico”.

Además de omitir información fidedigna al interior de la municipalidad, la Fiscalía dice que Cathy Barriga entregó informes falsos de transparencia  a solicitudes enviadas a través de la ley de acceso a la información y, en su calidad de máxima autoridad comunal, informó falsamente a Contraloría sobre los estados financieros del municipio entre los años 2018 y 2021.

Joyas, peluches y asesoría legal

El extenso documento incriminatorio presentado por la Fiscalía Oriente destaca, además, el pago indebido de las remuneraciones de Andrea Monsalve Saavedra, funcionaria que presentó un certificado falso de periodista de la Pontificia Universidad Católica, y una serie de licencias médicas que se extendieron por casi cuatro años.

Las licencias –según consta en la acusación– fueron presentadas por Monsalve siguiendo instrucciones impartidas por la alcaldesa Cathy Barriga, quien señaló a quienes se desempeñaban en la alcaldía que la funcionaria “no seguiría trabajando como su asistente personal, debido a un conflicto personal”.

El pago de la remuneración de la exasistente de Barriga se canceló, incluyendo en algunos casos bonos, y se realizó para evitar que la funcionaria divulgara información de carácter relevante. El perjuicio fiscal, según estimaciones de la Fiscalía Oriente, se estima en $110.679.200.

Otra de las aristas por fraude al fisco contempla la adquisición de especies, regalos y obsequios a través de fondos públicos, como la compra de mil collares de cristal y otros 260 en forma de sol con incrustaciones de cristales Swarovski, entregados directamente a la alcaldesa para que ella distribuyera a su arbitrio. Las joyas adquiridas contemplan un deterioro de las arcas fiscales de $17.850.000.

Además de los collares, la administración Barriga adquirió, a través de los fondos de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (Codeduc), diversos “regalos publicitarios”, entre ellos, más de 22 mil mochilas, 30 mil peluches y kits escolares asociados a campañas de matrículas. Algunos de estas transacciones, según consta en la acusación, fueron justificadas mediante facturas ideológicamente falsas, utilizadas para rendir gastos a la Superintendencia de Educación.

El documento establece, además, que en el ejercicio de su cargo, Cathy Barriga optó por velar por su interés particular, buscando potenciar su imagen pública y desarrollando una marca comercial particular –“Fuerza de Mujer”–, por sobre el interés general de los habitantes de la comuna de Maipú.

“Barriga informó falsamente al concejo municipal que haría entrega a título gratuito de la marca ‘Fuerza de Mujer’… sin embargo, una vez aprobado dicho financiamiento, procedió de manera subrepticia a inscribir –con cargo a fondos municipales– a su nombre personal la referida marca, propiedad que mantiene vigente actualmente y hasta el año 2028”, asegura el documento.

En cuanto a otros pagos en beneficio personal de la exalcaldesa, la acusación apunta a la contratación de una cuidadora, Andrea Fuentes Pérez, quien fue empleada en funciones de limpieza al interior del municipio, cuando sus verdaderas labores consistían en el “cuidado directo y personal de uno de los hijos” de la entonces jefa comunal, tanto en el país como fuera de este.

Por último, señala el documento judicial, Cathy Barriga habría utilizado recursos públicos en la contratación de la empresa “Legalcorp”, procurando el seguimiento de causas judiciales, tanto de ella como de su marido, Joaquín Lavín León, correspondientes a honorarios por $33.482.382, adeudados al exadministrador electoral de ambos en diversas campañas políticas. La estrategia: incorporar a la compañía de asesorías judiciales como proveedora oficial del municipio.

En resumen, concluye la acusación, Cathy Barriga “realizó y consintió que se realizaran diversas maniobras defraudatorias del patrimonio público municipal a través de una estructura de disponibilización fraudulenta de recursos públicos, tendiente a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control internos y externos, establecidos por la ley para el resguardo y protección del patrimonio municipal, instalando en definitiva una política de gobernanza municipal fraudulenta”.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó finalmente fijada para el día 26 de enero de 2026, a las 9:30 horas, en la sala 101 del edificio D, ubicada en el Centro de Justicia de Santiago.