Investigación
Imagen: Cristian Ascencio
Cinco estudios advertían del peligro de megaincendios en Penco y Lirquén
Los investigadores concuerdan en que la extensión de las plantaciones forestales y su cercanía a zonas pobladas es el factor principal de amenaza. A esto se suma que muchos predios tienen una mantención deficiente, por lo que la maleza y los desechos forestales los convierten en polvorines.
“Las llamas bajaron por el bosque de pinos, de ahí saltaron las chispas a las casas. Habíamos hablado con la muni y con la forestal para que limpien, para que hagan cortafuegos, pero se echaron la responsabilidad de un lado para otro, ambos decían que el predio no era de ellos”, relata Richard Martínez, frente a su taller quemado en la población Séptimo de Línea de Lirquén.
A esta población le dicen “La cueva”, porque está inserta en medio de los cerros. Hasta hace unas semanas esos cerros estaban repletos de pinos, pegados a los pequeños patios de las casas. “El fuego bajó por las dos laderas, se juntó acá abajo y provocó una ola de calor que era insoportable”, recuerda Martínez. Hoy en los cerros de Séptimo de Línea no hay ni pinos ni casas.
Lo que también se podía encontrar en esas laderas era maleza y ramas secas. Fue el combustible perfecto. “Tratamos de limpiar, pero no teníamos las herramientas”, asegura Martínez.
Justamente, los residuos vegetales que producen las plantaciones de pinos y eucaliptus son señalados por expertos y por la misma Corma (Corporación de la Madera, gremio que agrupa a las empresas forestales), como uno de los principales factores que propagaron los incendios. A esto se suma la homogeneidad de los monocultivos y la escasez de cortafuegos.
Según la revisión efectuada por El Mostrador, al menos cinco estudios habían advertido que era muy probable que estos incendios afectaran a poblaciones de Penco y Lirquén. Dos de ellos fueron solicitados por las mismas autoridades regionales.
El problema de las áreas con monocultivos forestales
“Somos buenos para hacer estudios, pero falta ejecutarlos”, dice Octavio Rojas, director del Laboratorio de Reducción de Riesgos Naturales del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción. Ese Laboratorio entregó este año el documento “Infraestructura ecológica y riesgo de desastres en escenarios de cambio climático”, que fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y se enmarcó en la actualización del Plan Regulador Metropolitano de Concepción.
Ese estudio, entregado en el primer semestre de 2025, afirma que Penco, Lirquén, Tomé, Palomares, Hualqui, Coronel y Santa Juana son algunos de los sectores más vulnerables al riesgo de incendios, debido a la cercanía de viviendas a áreas de monocultivo forestal. A esto se suma que el 99% de la superficie de la provincia de Concepción tiene riesgo de incendio forestal debido a la extensión de estos monocultivos (según la plataforma Mapbiomas, el 60% de la superficie de la provincia está cubierta por plantaciones forestales).
En el caso específico de Penco, Rojas explica que ya en 2017 se había realizado otro estudio, después de los incendios que afectaron a esa comuna durante el verano de ese año. “Ese año hubo lo que se llamó una ‘tormenta de fuego’, que afectó el 30% de la superficie comunal. No fue menor”, recuerda Rojas.
El estudio identificó que además de la cercanía de estos bosques de monocultivos había otras vulnerabilidades, como predominancia de viviendas con materiales de alta combustibilidad y autoconstruidas. Además, el crecimiento urbano desordenado generó zonas de alta densidad, lo que facilita la propagación del fuego.
El documento propuso acciones como educación a la comunidad, construcción y limpieza de cortafuegos, capacitación de personal y la creación de un “anillo verde” con vegetación distinta que rompiera la continuidad de la masa forestal.
También se sugirió realizar un catastro de pequeños y medianos propietarios de predios forestales en la zona de interfaz, para establecer convenios y construir cortafuegos, “ya que legalmente esta es una acción voluntaria y muchos dueños no realizan el mantenimiento necesario”, explica Rojas.
Pero el académico advierte que, incluso con esas medidas, no ve tan seguro que los últimos incendios no hubieran afectado a las zonas urbanas. Para el investigador, las acciones también deben ir en “la gestión en general de la masa forestal”.
La distancia entre plantaciones y viviendas
En 2019 la intendencia regional del Bío Bío recibió el Plan de Resiliencia Urbano en Interfaz Rural (Pruir), el cual identificaba a Penco y Lirquén como zonas de alta vulnerabilidad y ocurrencia de incendios forestales. En ese momento era Sergio Giacaman, actual gobernador regional, quien oficiaba de intendente.
En el documento, que aún puede ser revisado en la página del Gobierno Regional del Bío Bío, se recomiendan franjas de seguridad de entre 30 y 70 metros en las zonas de interfaz entre casas y plantaciones forestales, dependiendo de las pendientes (a mayor pendiente, más metros).
Otro estudio disponible que advertía de un posible incendio catastrófico en la zona, es el realizado por el CR2 (Center for Climate and Resilience Research) de la Universidad de Chile, en el año 2020. Esa investigación había marcado a Penco y Lirquén como de alto riesgo, por lo cual recomendó que las zonas con usos diferentes de suelo en áreas en que las viviendas son vecinas de plantaciones forestales, midan entre 400 y 1.600 metros, dependiendo de la pendiente del terreno.
Un paisaje homogéneo
“El factor más importante es la existencia de esta biomasa. Sin estas plantaciones, no habría estos incendios. Tenemos un paisaje homogéneo en que se empieza a quemar y no hay nada que lo detenga”, sostiene la doctora en Ciencias Ambientales Edilia Jaque, investigadora del Grupo de Estudios Multiamenazas de la Universidad de Concepción. Jaque agrega que los eventos de temperaturas extremas, asociados al cambio climático, también están gatillando estos eventos. “Los incendios están afectando zonas de alta vulnerabilidad social, con viviendas de alta combustibilidad, con población de edad, con calles estrechas”, advierte.
Estos problemas ya habían sido detectados por la académica y su equipo en un estudio publicado en 2019, en el que se concluye que sólo el 22% de la zona urbana de Penco tiene una amenaza “baja” de ser afectada por incendios forestales. A pesar de ello, según Jaque, la comunidad de Penco tenía un alto desconocimiento sobre esta posibilidad. La académica señala que todo esto está cruzado por problemas de legislación, pues explica que “tenemos plantaciones dentro de áreas urbanas porque la ley lo permite”.
Casi cinco mil hectáreas con residuos altamente combustibles
Los investigadores concuerdan en que la extensión de las plantaciones forestales y su cercanía a zonas pobladas es el factor principal de amenaza. A esto se suma que, en algunos casos, estos predios tienen una mantención deficiente, por lo que la maleza y las ramas caídas en periodos de verano los convierten en un “polvorín”, donde cualquier chispa puede encender el bosque.
En abril la Corma, según informó radio Bío Bío, advirtió en una reunión con actores del sector público que debían eliminar, por medio de quemas controladas, 4.825 hectáreas de material de desecho, ya que se convertiría en un factor de peligro en el verano y podría afectar justamente las comunas del Gran Concepción, poniendo en riesgo 30 mil casas. Ante ello, enviaron un oficio al delegado presidencial Eduardo Pacheco (FA), pidiendo que se autorizara realizar aquello en invierno, dado el alto volumen de rastrojos que era necesario quemar y teniendo en cuenta que el periodo autorizado de quemas va desde el 01 de octubre hasta el 12 de noviembre.
Bomberos también advirtió por la misma vía al delegado que habían constatado en terreno gran cantidad de biomasa combustible y que las restricciones del Ministerio de Medioambiente podrían estar influyendo en la capacidad de disminuir esa biomasa. Ante ello, en mayo del año pasado, Pacheco envió un oficio al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, solicitando una excepción para realizar estas quemas debido a la acumulación de esta biomasa por seis años. La petición sigue en trámite, por lo que las quemas controladas que se realizaron no alcanzaron a eliminar una gran cantidad de materiales combustibles.
Sin embargo, en entrevista con Meganoticias, el director regional de Conaf, Esteban Krause, sostuvo que desde hace cinco años las empresas conocen las restricciones en la región para quemas en invierno debido al Plan de Descontaminación. “La acumulación de desechos no es responsabilidad de Conaf o del gobierno, sino de las empresas forestales”, afirmó.
La peligrosa acumulación de desechos no solo ha sido advertida por los académicos, sino también por la sociedad civil. En Chiguayante, por ejemplo, la concejala Mayerlin Suárez grabó un video en que se muestra cómo en el cerro Manquimávida, a pocos metros del Parque Nonguén, había montículos de ramas y hojas secas a un lado de una plantación de pinos.
El video lo subió el 23 de enero, pocos días después de los incendios en Penco y Lirquén, pero la concejala asegura que los desechos estaban ahí desde principios de enero y que se le informó del hecho al municipio. “El presidente del Comité Ambiental Comunal de Chiguayante me envió imágenes. Había cinco puntos con desechos. Estos desechos son de un predio de Forestal Arauco. Fui a grabar porque a pesar de la denuncia, no se limpió”, explica la concejala.
Este verano el Parque Nonguén sufrió un incendio el cual afectó más de 300 hectáreas según Conaf. Hasta el cierre de este reportaje ese incendio se encontraba en estado de “controlado”, pero no extinguido.
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La nueva ley
El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRSV), sostiene que con la nueva Ley de incendios, que actualmente se discute en el Congreso y esta semana avanzó en su trámite en el Senado, no terminará con estas tragedias, aunque “claramente va a ayudar a disminuirlas”, ya que representa un cambio significativo en la estrategia del Estado y las obligaciones de los propietarios.
La ley establece deberes para los dueños de predios en torno a la construcción y mantenimiento de cortafuegos, además de la limpieza de la vegetación. “Hay muchas cosas que están en el proyecto y que van a ayudar a que tengamos menos afectación de vidas humanas y de viviendas, que es lo que más importa”, dice el exministro, quien actualmente vive en Penco.
Valenzuela también se refiere a las críticas que han llegado a la iniciativa de parte de congresistas como Ximena Rincón, futura ministra de Energía de José Antonio Kast. “Fui a rogar que tramitara este proyecto. Hay que distinguir entre caudillos y estadistas. Los primeros ponen por encima intereses corporativos o político-territoriales por sobre las prioridades del país”, afirma.
Respecto de la polémica entre el director regional de Conaf y Corma por las solicitudes de quema de biomasa, Valenzuela manifiesta que “acá no se trata de lavarse las manos. Efectivamente hay que bajar la carga de biomasa y en el proyecto de ley viene establecido el uso del fuego para este propósito (en temporadas de bajas temperaturas). A esto hay que agregar que los planes de descontaminación han generado una industria creciente de pellets que puede integrarse (al uso de esta biomasa)”.
Valenzuela agrega que los cambios deben ir de la mano de medidas como bosques mixtos, control de especies invasoras como el aromo, apoyo a pequeños propietarios, pastoreo preventivo (en zonas en que esto sea adecuado) y multas efectivas para quienes realicen fuego en áreas y temporadas no aptas, y que se tome en cuenta que los cortafuegos en laderas deben tener algún tipo de vegetación para evitar deslizamientos de tierra, entre otras.
Imagen: Cristian Ascencio
Preventiva más que reactiva
El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, sostuvo que a pesar de las críticas hacia la institucionalidad, su organismo sí trabaja en coordinación con la academia y otros actores relevantes, como la misma Corma, para prevenir los incendios. Además explicó que, en el caso de Penco, este municipio tenía sus instrumentos de gestión de riesgo actualizados y vigentes. “Sin duda lo que pasó en Penco y Lirquén requiere estudios académicos y requiere una nueva caracterización del riesgo para rediseñar los instrumentos de gestión del municipio”, reconoció.
“Sabíamos que se podía formar un incendio”, dice el lirquenino Richard Martínez. “Era ver los cerros llenos de quila”, agrega, explicando que ese tipo de maleza crecía sin freno en medio de los bosques de pino. Lo que él vio, también lo vio la ciencia, se dio aviso a las autoridades y a las empresas, pero no fue suficiente.
Para la académica Edilia Jaque, se deben “superar los enfoques reactivos y de emergencia, y transitar hacia una gestión del riesgo preventiva, integrada y que tome en cuenta factores sociales”. También apunta a un cambio en la legislación que gestione el territorio tomando en cuenta factores como el cambio climático.
Octavio Rojas concuerda en que se deben hacer cambios en la ley, para que los propietarios se hagan responsables de los cortafuegos y la limpieza de sus predios, materias que justamente se discuten en el proyecto de Ley de Incendios. A su vez, apunta a la planificación: “Si no invertimos en prevención, vamos a seguir atendiendo emergencias de aquí hasta el infinito”.
El Mostrador solicitó sus versiones respecto de todo lo anterior a Corma y Conaf, las que no habían respondido a los requerimientos hasta el cierre de esta edición.
Imagen: Cristian Ascencio
