Investigación
Archivo (AgenciaUno)
Comisionado sin marco legal: el audaz decreto del Presidente Kast para controlar la frontera norte
Fuentes de defensa advierten que el comisionado para la macrozona norte creado por José Antonio Kast carece de atribuciones legales y podría chocar con la institucionalidad vigente. Su poder –señalan– descansa más en una jerarquía de facto respaldada por el Presidente que en facultades formales.
La noche en que firmó el decreto, el Presidente José Antonio Kast dejó instalada una figura inédita en la arquitectura institucional chilena. No existe en la ley, no está contemplada en el organigrama del Estado y, según advierten especialistas y fuentes del sector defensa, podría incluso chocar con normas constitucionales vigentes.
Se trata del “comisionado para la macrozona norte”, cargo que el Mandatario creó por decreto y que recayó en el almirante en retiro Alberto Soto.
En el documento difundido por La Moneda, el Mandatario estableció que se tratará de una “autoridad presidencial con facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”. Su figura quedará anclada al Ministerio del Interior y operará como enlace directo con el Estado Mayor Conjunto, el Comando Conjunto Norte y las Jefaturas de Áreas Fronterizas.
El encargo del Jefe de Estado agrega otra atribución relevante: que el comisionado pueda solicitar al Ejército aumentar la dotación de efectivos en la macrozona norte.
Sin embargo, la decisión presidencial –en los términos en que fue presentada públicamente– es vista por diversas fuentes del mundo de la defensa y de las policías “como una audacia” del Primer Mandatario. La razón es simple: el comisionado no tiene atribuciones administrativas ni mando directo sobre tropas o fuerzas policiales, por lo que su influencia descansa más bien en una jerarquía de facto, instalada por la autoridad política del Presidente.
El alcance de la misión del comisionado de la zona norte, más allá de que no tenga atribuciones legales de respaldo, cobra sentido en la frase del exoficial naval y vicepresidente ejecutivo del think tank Athenalab, Richard Kouyoumdjian, quien conoce personalmente a Soto: “Quien no entienda lo anterior no está entendiendo que la fuente de la autoridad de Alberto es el Presidente mismo. Cuando habla Alberto Soto, habla el Presidente”.
Dudas legales y choque con la institucionalidad
Las primeras alertas se levantaron dentro del propio mundo de la defensa. Diversas fuentes consultadas provenientes de institutos militares, de las Fuerzas Armadas y de las policías coinciden en que las facultades descritas por el Presidente “chocan de plano con la legalidad vigente”.
El primer punto crítico tiene que ver con la cadena de mando. Según explican, el mando sobre las Fuerzas Armadas recae constitucionalmente en el Presidente de la República, el Ministerio de Defensa y los comandantes en Jefe de las instituciones armadas, por lo que un comisionado presidencial no tendría atribuciones que le permitan ejercer mando administrativo o influir en decisiones operativas.
El segundo problema se vincula con la coordinación entre Fuerzas Armadas y policías. Para que ello ocurra formalmente, debe existir un decreto de Estado de Excepción Constitucional, escenario en el cual la coordinación ya tiene una figura legal definida: el jefe de la Defensa Nacional.
Ese cargo, además, debe recaer en un militar en servicio activo, mientras que Soto se encuentra en condición de retiro. Vale decir, se trata de un civil.
A ello se suma un tercer elemento institucional: la coordinación de las policías no depende del Ministerio del Interior –donde estará anclado el nuevo comisionado– sino del Ministerio de Seguridad Pública.
Las dudas no se limitan al ámbito jurídico. También se advierte que varias de las funciones anunciadas ya están asignadas a autoridades existentes, lo que abre un escenario de potencial superposición institucional.
La fuentes señalan que si el decreto, que aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, se formula en esos términos, será objetado por Contraloría.
La voz del Presidente
Más allá de las objeciones legales, algunos observadores sostienen que el verdadero peso de la figura del comisionado no radica en sus atribuciones formales, sino en la relación directa con el Mandatario.
El exoficial naval y vicepresidente ejecutivo de Athenalab, Richard Kouyoumdjian, reconoce que las críticas respecto de la falta de mando directo sobre Carabineros, la PDI o las Fuerzas Armadas son correctas desde el punto de vista institucional.
Sin embargo, plantea que el propio Soto es plenamente consciente de esas limitaciones y que el nombramiento responde más bien a una lógica política.
Según explica, el Presidente eligió “a un almirante que es muy enérgico, de mucho don de mando, que es muy conocido en la zona norte, porque estuvo tres años de comandante en Jefe en la Cuarta Zona Naval, con asiento en la ciudad de Iquique, y que fue muy popular en esa zona”.
Lo describe además como alguien “reconocido por su capacidad intelectual”, con línea directa con el Presidente.
Por eso, a su juicio, la designación tiene un carácter muy específico: “la designación de Alberto es con nombre y apellido. Es una designación específica para Alberto, es un delegado personal del Presidente Kast”.
Un plan fronterizo de alto impacto
La creación del cargo se inserta dentro del plan “Escudo fronterizo”, el programa presentado por Kast durante la campaña presidencial para cerrar los pasos clandestinos en la frontera norte.
La propuesta contempla zanjas de tres metros de profundidad en sectores de alto tráfico migratorio y vallas o muros de cinco metros de altura, similares a los utilizados en Israel y Hungría, equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones.
El plan incluye además cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia, radares térmicos y drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial, infrarrojos y sensores térmicos operando 24 horas al día.
Para el Gobierno, el control de la frontera norte constituye una prioridad estratégica.
Como él mismo señaló ayer en su cuenta de X, por medio de un video grabado en el bofedal de Colchane, para el nuevo Gobierno “será prioridad recuperar la seguridad de la macrozona norte, comenzando por el control de la inmigración irregular y sus implicancias en el crimen organizado y transnacional”.
En paralelo, el Ejecutivo ya anunció el despliegue de infraestructura física en la frontera.
El ministro de Defensa, Fernando Barros, indicó que “el Presidente le dio directrices al comandante en Jefe del Ejército para los efectos de que dispusiera de ciertas medidas concretas en el plano físico, en el plano tecnológico y también de reforzamiento al contingente, y esperamos que la próxima semana esas medidas estén en operación y el Presidente pueda dar la partida”.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, agregó que parte del plan contempla zanjas y que “ya la próxima semana, a partir de lunes o martes, vamos a ver trabajos en esa dirección. El objetivo es que esa frontera, que hoy día es totalmente porosa en el ingreso irregular, paso a paso se vaya cerrando”.
Duplicidad y confusión
El abogado Andrés Cruz, director del Observatorio en Política Criminal y Seguridad Pública de la Universidad de Concepción, califica la iniciativa como “populismo punitivo”, fenómeno que –según aclara– también se ha observado en gobiernos anteriores.
A su juicio, la creación del cargo “va a implicar una duplicidad o confusión en torno a las atribuciones que le corresponden a distintos órganos, por cuanto ya tenemos delegados presidenciales que podrían asumir ese rol en las zonas respectivas”.
Además, advierte que “tenemos un Ministerio de Seguridad que perfectamente podría destinar funcionarios a realizar esa labor”, cuestionando la necesidad de crear nuevas estructuras cuando ya existen capacidades institucionales instaladas.
Una mirada más matizada ofrece Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad en la macrozona sur durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
Según explica, “la figura de un comisionado para la macrozona norte puede ser útil en la medida en que permita mejorar la coordinación interinstitucional frente a fenómenos complejos, como el crimen organizado transnacional y la migración clandestina en la frontera”.
Sin embargo, advierte que su éxito dependerá de que “tenga atribuciones claras y delimitadas con las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y no termine duplicando funciones que ya corresponden a los ministerios del Interior, Defensa o Seguridad”.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.
