La Tercera Sala decidió acoger el recurso de protección presentado contra la aprobación ambiental de la iniciativa ligada al magnate brasileño Eike Batista paralizándolo definitivamente. Además, el fallo del máximo tribunal considera que ambos proyectos constituyen una unidad, por lo que no deben ser tramitados por separado.
Luego de meses de enfrentamientos legales, finalmente la Corte Suprema determinó paralizar definitivamente la construcción de la polémica Termoeléctrica Castilla, en Atacama.
El fallo confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que el 6 de marzo de 2012 acogió el recurso de protección presentado contra la aprobación ambiental de la iniciativa, por lo que el proyecto quedó paralizado.
Además, también falla en contra de otra fase del proyecto, la construcción del puerto, sin el cual la iniciativa es inviable. Esto, porque revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 30 de enero pasada que había rechazado los recursos de protección presentados por los pescadores Maikol Piñones, Carlos Cortés, Jorge Morales, Erik Cortés, dejando sin efecto la resolución que le daba luz verde.
Por otra parte, la tercera Sala dispuso “como medida de tutela constitucional que los titulares de los proyectos Puerto Castilla y Central Termoeléctrica Castilla deben presentar un estudio de Impacto ambiental (EIA) que considere los dos proyectos en forma conjunta”.
Este punto abre una caja de pandora para otros proyectos, como HidroAysén. Para el abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y representante del Pueblo del Totoral, Álvaro Toro, “esto puede tener relevancia para HidroAysén y el tendido eléctrico”, ya que al igual que en el caso de Castilla fue impulsado como una iniciativa aparte de la construcción de las cinco megacentrales en la Undécima Región.
La sentencia cayó como un balde de agua fría para los impulsores del proyecto, propiedad de MPX, ligada al empresario brasilero Eike Batista y la alemana E.On que, según fuentes del sector, confiaban en un fallo favorable.
Pese a que desde la Corte Suprema se intentó inicialmente que los representantes de la apuesta energética y los opositores a la iniciativa alcanzaran un acuerdo en audiencia de conciliación, no fue posible, ya que los habitantes y pescarores del Totoral y caleta Chascos rechazaron el plan de compensaciones adicionales a las comunidades por US$ 17 millones, que se sumaban a los US$ 558 millones en mitigaciones contempladas en el EIA.
Por ello, el 24 de julio el ministro de la Tercera Sala de la Corte Suorema, Sergio Muñoz, anunció que la responsable de definir el futuro de la que sería la termoeléctrica más grande del país sería la justicia.
