Cuestionamientos ocurrieron bajo la administración de Joaquín Lavín
El escrito a la Contraloría General, presentado por funcionarios de la repartición, expone dos situaciones en las que incurrió Domínguez, que contravienen el principio de probidad. A pesar de su calidad de concejala electa y en ejercicio de la comuna de Vitacura —cupo UDI—, entre diciembre del 2012 y marzo de este año, recibió la llamada “función crítica” en su sueldo, una suerte de compensación económica que se da en la administración pública a ciertos cargos de confianza política.
La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) solicitó ayer en la mañana formalmente al contralor, Ramiro Mendoza, que realice una investigación sumaria contra la directora de dicho organismo, María José Domínguez, por una serie de irregularidades cometidas en su gestión, de las cuales algunas fueron visadas con la firma del ex ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, instancia de la cual depende jerárquicamente este servicio.
El escrito a la Contraloría General expone dos situaciones en las que incurrió Domínguez, que contravienen el principio de probidad. A pesar de su calidad de concejala electa y en ejercicio de la comuna de Vitacura —cupo UDI—, entre diciembre del 2012 y marzo de este año, recibió la llamada “función crítica” en su sueldo, una suerte de compensación económica que se da en la administración pública a ciertos cargos de confianza política.
Durante esos cuatro meses, Domínguez aún era la subdirectora del INJUV —asumió la dirección nacional el 1 de abril—, pero por ejercer en paralelo su puesto en el concejo municipal, tenía incompatibilidad para recibir el bono extra, cuyo monto cada mes promedió los 600 mil pesos en cada planilla de sueldo, recursos que a la fecha no ha devuelto, a pesar que no le correspondía.
En paralelo y también gracias a su cargo en el Concejo Municipal de Vitacura, Domínguez fue parte del viaje que dicho municipio realizó a Lisboa y Viena, para visitar las instalaciones de la empresa Simens, a fin de evaluar el sistema de transportes, ya que esta comuna evalúa implementar tranvías.
Asimismo de los viáticos que recibió por la municipalidad para dicho viaje, Domínguez solicitó autorización de comisión de servicio al extranjero, según consta en el oficio N°265-2013, dirigido al entonces ministro Lavín, por un plazo de siete días, desde el 22 al 30 de abril de 2013, para “conocer el sistema de infraestructura de tranvía actual de transporte europeo”.
Con el decreto 297 del 10 de mayo, Lavín autorizó la comisión de Domínguez al extranjero, lo cual le permitió recibir su sueldo como directora del INJUV, mientras viajaba con los gastos pagados por la Municipalidad de Vitacura a Portugal y Austria. En dicho documento, firmado por Lavín, se argumenta el viaje de Domínguez para que se conociera “la forma en que estos sistemas (transporte) integran en su diseño e implementación las especiales necesidades de los jóvenes”.
[cita]La crítica a Domínguez es que de 17 fondos “A Mover Chile”, disponibles para proyectos INJUV en esa circunscripción, diez de ellos fueron destinados al distrito 41, quedando solo siete para repartir en los otros seis distritos de Bío Bío Sur. No es menor el antecedente que el director regional del INJUV en esa zona, Rodrigo Sandoval (UDI), renunció hace solo unas semanas, precisamente porque se postulará como candidato a diputado precisamente por el distrito 41.[/cita]
Lo que correspondía era que Domínguez se tomara días de vacaciones, solicitara días administrativos o simplemente permiso sin goce de sueldo. Al contrario, en el escrito a la Contraloría General se la acusa de “intencionalmente” hacer coincidir “ambas fechas del viaje con un afán meramente orientados a sus propios intereses, y no los del servicio al cual pertenece y dirige”.
Es más, en un oficio a Lavín del 17 de abril, número 265-2013, la directora del INJUV aseguró que en el viaje se reunió con autoridades de la Organización Internacional de la Juventud (OIJ). Sin embargo, no acreditó dicha reunión y desde el gobierno tienen antecedentes que dicha cita jamás se concretó, dudas que también están plasmadas en el escrito a la Contraloría, advirtiendo que la sede de la OIJ está en Madrid, España, y no en los países que visitó Domínguez.
Ambas situaciones, según la denuncia presentada a la Contraloría General “contravienen abiertamente lo dispuesto en el artículo 61 letra g del Estatuto Administrativo: “Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público por sobre el privado”.
Si bien otras situaciones no están incorporadas a la denuncia que se representó ayer, hay bastante ruido interno en sectores del gobierno, por lo que consideran “privilegios” en los que incurre Domínguez para favorecer, desde su gestión, a los vinculados en su entorno a la Universidad Del Desarrollo y a la UDI. Todo, en un año de campaña electoral.
Domínguez es militante UDI, al igual que Lavín, que dejó el ministerio para asumir como generalísimo de Pablo Longueira en el último tramo de la campaña de primarias. Antes de llegar al INJUV, se desempeñaba como directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad del Desarrollo, la misma a la que pertenecía el ex ministro de Desarrollo Social.
Uno de los ejemplos que circula en el gobierno de estos privilegios es lo que sucede en el distrito 41 —Chillán, Coihueco, Yungay, etc.— perteneciente a la VIII Región Cordillera, Bíobío Sur, que tiene 54 comunas en total.
La crítica a Domínguez es que de 17 fondos “A Mover Chile”, disponibles para proyectos INJUV en esa circunscripción, diez de ellos fueron destinados al distrito 41, quedando solo siete para repartir en los otros seis distritos de Bío Bío Sur. No es menor el antecedente que el director regional del INJUV en esa zona, Rodrigo Sandoval (UDI), renunció hace unas semanas, precisamente porque se postulará como candidato a diputado precisamente por el distrito 41.
En los privilegios a Sandoval también estaría el que se le adjudicó a la Universidad del Desarrollo uno de los fondos “Voluntarios por Chile” por un monto de 15 millones de pesos para desarrollar actividades de voluntariado precisamente en el distrito 41, puntualmente en Coihueco.
Son quince fondos en total, a los cuales accedieron distintas casas de estudios superiores, como las universidades Autónoma, Andrés Bello, Los Andes, Santo Tomás, Católica, de Talca, Concepción, Federico Santa María y Playa Ancha, con montos distintos que oscilan entre los cinco y los quince millones.
El punto es que la Universidad del Desarrollo recibió dos de estos fondos, ambos por el monto total de 15 millones y uno de ellos es el que entregó Sandoval.
La entrega de estos fondos la determinó una comisión que convocó Domínguez, que se constituyó a finales de abril, compuesta por cinco personas: la directora nacional, Ricardo Moya, Pablo Conn, Liselotte Eneros y Gonzalo Pichara (director de la Región Metropolitana).
De estos, tres —Conn, Pichara y Domínguez— tienen estrechos vínculos con la UDD, mientras que Eneros es la jefa de gabinete de la directora nacional.
El ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda (RN), llegó a dicha cartera a reemplazar a Lavín y se asegura que ya está en antecedentes de los problemas que hay en el INJUV.
