Tocó el busto de joven que le pedía consejos sobre el pololeo
En mayo de 2015, Angélica Barros recibió respuesta del arzobispado por una denuncia por abuso sexual realizada ante el Tribunal Eclesiástico de Santiago en octubre de 2014, en contra del sacerdote Julio Dutilh. Era una serie de penitencias determinadas por el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati. Le parecieron irrisorias, como la que señalaba que el cura debía peregrinar por 12 meses a un santuario a rezar por ella. Sin embargo, tiempo después le impactó más encontrar el nombre de su victimario ligado a una nueva parroquia cuando, dentro de las penitencias –autorizadas por el Vaticano–, se establecía su relevo del oficio de párroco en Santa María de Las Condes. “Se burlan de las víctimas”, dice Angélica.
En septiembre del año pasado, Angélica Barros se encontró de frente con una historia que le recuerda uno de los episodios más dolorosos de su vida: Julio Dutilh era el sacerdote que celebraba las misas de los días martes, miércoles y jueves en la casa parroquial de San Alberto Hurtado.
En la casa –empinada en la calle Cerro Litoria, en Las Condes–, el sacerdote es una figura venerada. Aunque desde la semana pasada está enfermo, razón que llevó a suspender las misas hasta nuevo aviso, su nombre aparece vistoso en la web de la futura Parroquia San Alberto Hurtado, una unidad esperada por las familias católicas de la zona. El nombre del sacerdote Dutilh no solo se anuncia como el de quien dirige las misas a las 19:30 horas en la casa parroquial, sino que también como una pieza importante de la futura parroquia.
El cardenal Errázuriz designó a Dutilh como encargado por parte de la Iglesia para llevar adelante el proyecto. Esto, cuando Dutilh era párroco de Santa María de Las Condes. Sin embargo, Angélica cree que eso debió haber sido distinto después que el año pasado ella denunciara un hecho que le cambió la vida: era febrero de 1989 y Angélica tenía 16 años. “Yo era profundamente católica y mi familia me había criado con esa fe. Por eso quise ir a confesarme y entender un poco los límites del pololeo”, cuenta Angélica.
Aunque ella y su familia asistían siempre a la Inmaculada Concepción de Vitacura, ese día la iglesia estaba cerrada. Continuó buscando alguna otra donde poder confesarse. Así llegó hasta la Iglesia Los Castaños, de Vitacura. Allí se encontró con Julio Dutilh.
Hace poco Angélica había dado su primer beso. Nerviosa, en una tarde de iglesias vacías, la joven le preguntó al cura hasta dónde era permitido que la tocaran en un pololeo. El sacerdote posó la mano sobre uno de sus pechos y se quedó ahí. Entonces le dijo a ella: “Si es así, no importa”. “Quizás fue poco tiempo, pero a mí me pareció que fue una eternidad”, comenta Angélica. Añade que se calló y en un espiral irreverente y revelador perdió la fe, comenzó con ataques de fobia social, se sacó las peores notas de su vida e internalizó esa experiencia de abuso con todo lo que ello significa.
No fue sino hasta 26 años después, cuando el velo de protección sobre los abusos al interior de la Iglesia comenzaba a descorrerse, que ella se atrevió a hablar de lo que vivió. En octubre de 2014 denunció a Dutilh en el Tribunal Eclesiástico de Santiago, que decidió enviar el expediente a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Una vez revisado el expediente, la Congregación autorizó reprender a Dutilh.
Angélica Barros denunció su caso ante el Tribunal Eclesiástico en 2014
En mayo del año 2015, Angélica recibió una carta del Arzobispado donde se le comunicaban las penitencias designadas para Dutilh: durante 12 meses debería peregrinar una vez al mes a algún santuario para rezar por la víctima y por su propio camino espiritual. En junio de ese mismo año sería relevado del oficio de párroco, cuando volviera al país un sacerdote que pudiera hacerse cargo de la parroquia. El tercer punto era que podría confesar solo en un confesionario, evitando así cualquier cercanía con un penitente.
La segunda penitencia se hizo efectiva en el mes de junio de 2015 y Dutilh dejó de ser párroco de Santa María de Las Condes. “Cómo se explica que nuevamente esté oficiando como párroco en otra iglesia del sector oriente de nuestra capital. Solo fueron dos meses de sanción, ya en agosto de 2015 volvía a su cargo de párroco”, se queja Angélica.
Monseñor Fernando Ramos, vicario general de Santiago, en una carta escrita a Angélica en mayo de 2015 y que adjuntamos, también había reconocido que el hecho denunciado por Angélica contenía las características de un delito. Después de interrogar a Angélica, al sacerdote Dutilh y tres personas más, el instructor de la investigación concluyó que el hecho era verosímil y podían configurarse los delitos de abuso sexual y “solicitación contra el sexto mandamiento en la confesión”.
Sin embargo, en esa misma carta enviada por Ramos, este reconoce que por haber prescrito el delito, los antecedentes se dirigirían a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue finalmente esta instancia la que en un oficio autorizó al arzobispo de Santiago, Ricarzo Ezzati, a reprender al sacerdote –tomando en cuenta la edad de Dutilh y el tiempo transcurrido– y conminarle a aquella penitencia que considerara oportuna.
Cuando Angélica conoció las penitencias las consideró una burla, pero cuando vio que el nombre de Dutilh aparecía asociado a otra parroquia, no comprendió de qué lado está la Iglesia cuando una víctima denuncia un abuso.
[cita tipo= «destaque»]Hace poco Angélica había dado su primer beso. Nerviosa, en una tarde de iglesias vacías, la joven le preguntó al cura hasta dónde era permitido que la tocaran en un pololeo. El sacerdote posó la mano sobre uno de sus pechos y se quedó ahí. Entonces le dijo a ella: “Si es así, no importa”. “Quizás fue poco tiempo, pero a mí me pareció que fue una eternidad”, comenta Angélica. Añade que se calló y en un espiral irreverente y revelador perdió la fe, comenzó con ataques de fobia social, se sacó las peores notas de su vida e internalizó esa experiencia de abuso con todo lo que ello significa.[/cita]
Desde el arzobispado señalan que no existe impedimento para que el sacerdote celebre misas, pero confirmaron que una reciente hospitalización y una larga terapia de recuperación, le impedirán presidir la celebración de estas.
Las quejas por la “indolencia” que a veces puede manifestar parte de la Iglesia frente a sacerdotes acusados de abusos sexuales o conminados a pagar penitencia, son recurrentes entre las víctimas.
El 4 de diciembre de 2013, uno de los asistentes a una misa en la capilla ubicada en el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad, en Providencia –donde comenzó a residir Fernando Karadima desde 2011, después de la condena del Vaticano–, tomó una serie de fotografías que despertaron la molestia y frustración de quienes habían sufrido sus abusos años atrás, mientras el sacerdote era párroco de El Bosque. Pese a que la condena establecía la prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto del ministerio, Karadima –frente a cuatro personas– celebraba la misa.
Otras situaciones han significado que una decisión judicial choque de frente con la opción de la Iglesia. Por ejemplo, cuando el sacerdote John O’Reilly había sido condenado por la justicia a cuatro años de libertad vigilada e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y trabajar con menores –por abusos reiterados contra una ex alumna del colegio Cumbres–, la institución permitía que el sacerdote siguiera haciendo misas. ¿La razón? A pesar de las pruebas de la justicia, el Vaticano aún no emitía un veredicto.
A fines del año 2012, el Vaticano señaló la existencia de “conductas abusivas” por parte del sacerdote Cristian Precht. Según la Congregación para la Doctrina de la Fe, se establecía respecto a Precht la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por un período de cinco años. Sin embargo, dejó en manos del “obispo” la facultad de ampliar este plazo. También se dispuso para Precht la prohibición de confesar y entregar dirección espiritual a jóvenes y menores de edad. A pesar de la sentencia y el establecimiento de los hechos que significaron el alejamiento de Precht, fuentes cercanas al presbítero comentaron a El Mostrador que, terminados los cinco años (el 2017), lo más probable el que el sacerdote vuelva a ejercer sus funciones como antes.
Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima, señala que el abuso es abuso, sin embargo, este tipo de situaciones demuestran que “la Iglesia protege primero a los perpetradores y los obispos los protegen y cuidan. Cambiarlos de parroquia es lo típico. El comportamiento criminal de obispos y cardenales se perpetúa hasta el día de hoy, a pesar de lo que sabemos”, dice Cruz.
El año 2008, el sacerdote Marcelo Morales fue imputado por la Fiscalía de Osorno por producir y almacenar pornografía infantil. Raúl Lorca se enteró por la tele, pero no le pareció raro.
Lorca, quien fuera concejal por Torres del Paine hasta el año 2012, era profesor de Educación Física en el Colegio Salesiano Monseñor Fagnano, de Puerto Natales, cuando el año 2000 reparó en las extrañas conductas del director del colegio, el sacerdote Morales. Por esos años Lorca contó a la prensa que, antes de ser despedido por el propio Morales, esperó que el entonces inspector de la congregación salesiana en Chile y ahora obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, visitara el colegio para lanzar sus denuncias a comienzos de diciembre de ese año. Su denuncia chocó como contra un frontón. A 16 años de ese hecho, Raúl Lorca recuerda: “Sentí mucha frustración porque yo lo dije, lo comenté, y solo recibí un ‘muchas gracias’ de vuelta. Morales siguió dos años más como director y después fue trasladado. Esto solo explotó cuando lo descubrieron con pornografía. Yo no fui escuchado”, reflexiona Lorca.
Hoy Morales es uno de los nombres de la lista de sacerdotes sentenciados por la justicia y que han cometido delitos contra menores de edad mientras usaban esa investidura.
