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Se trata de Carlos Cortés Guzmán, del estudio Cortés&Rodríguez Abogados, quien fue precisamente la primera defensa en el Caso Penta. En dicha oportunidad defendió a Iván Álvarez, quien era funcionario del Servicio de Impuestos Internos y quien fue el primer involucrado en la causa.
Al parecer las malas decisiones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no paran. Tras sufrir una denuncia ante la Contraloría por una eventual «falta de probidad» de su parte por el viaje que realizó en abril a un encuentro de ex alumnos en la Universidad de Harvard, ahora es precisamente su defensa quien se encuentra en el centro del huracán.
Se trata de Carlos Cortés Guzmán, del estudio Cortés&Rodríguez Abogados, quien fue precisamente la primera defensa en el Caso Penta. En dicha oportunidad defendió a Iván Álvarez, quien era funcionario del Servicio de Impuestos Internos y quien fue el primer involucrado en la causa.
Sin embargo, ese sería solo el comienzo de su carrera como defensor en casos de financiamiento irregular de la política. Luego representó al Gerente de SQM, Patricio de Solminihac, y al desaforado senador Jaime Orpis en Corpesca.
Ahora, Guzmán deberá asumir la representación de Larraín en la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, por presunta malversación de caudales públicos a raíz del polémico viaje.
Una vez más se está frente a un error ministerial. Desde el departamento de prensa de la cartera informaron que el tema está siendo visto directamente por Larraín, lo que sería un nuevo desacierto por contratar a un abogado privado siendo secretario de Estado.
Sobre este punto, el abogado especialista en derecho público, Cristóbal Osorio, cree que Larraín «se está pisando la cola».
«Si el polémico viaje a Harvard corresponde a una actividad propia del ejercicio de las funciones de un ministro de Hacienda, como sostiene Larraín, procedería que tal cartera incurra en los gastos de la referida defensa judicial. Por el contrario, si es el propio afectado quien asume los gastos de la defensa, está admitiendo implícitamente que su famoso viaje fue con fines privados».
Pero para el abogado Luis Cordero, la decisión del secretario de Estado es solo una «medida de prevención» y que lo realmente importante es la decisión que tome la Contraloría. «Me parece una medida de prevención natural. Lo relevante de la discusión del ministro Larraín no es penal, sino que es administrativa (…) desde el punto de vista jurídico, la cuestión más importante para decidir si es un viaje privado o es un viaje con fines públicos, es la decisión que adopte la Contraloría».
