Inclusión
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Cuidado de personas con discapacidad en Chile recae en mujeres y evidencia brechas estructurales
Investigación en la zona centro-sur revela que el cuidado de personas con discapacidad se sostiene principalmente en el esfuerzo familiar, especialmente de mujeres, con escaso respaldo estatal. Académicos advierten la urgencia de avanzar hacia un sistema integral y corresponsable.
El cuidado de personas con discapacidad en Chile se construye con gran esfuerzo y desgaste por parte de las familias, especialmente de las mujeres. Así lo concluye un estudio que analiza las experiencias de cuidadoras desde una perspectiva socio-comunitaria y revela las brechas entre el apoyo institucional y las redes comunitarias.
La investigación identifica dos dimensiones clave del cuidado: el “mundo del sistema”, vinculado a las instituciones del Estado —como salud, educación y trabajo—, y el “mundo de la vida”, relacionado con la familia, el vecindario y las organizaciones comunitarias. El cuidado surge del entrelazamiento de ambos ámbitos, pero con fuertes limitaciones en el respaldo institucional.
Entre los principales hallazgos, el estudio muestra que las cuidadoras enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, dificultades en la inclusión educativa y rupturas en sus trayectorias laborales, lo que afecta su autonomía económica y bienestar. Además, se evidencia la feminización del cuidado y la naturalización de esta tarea como responsabilidad privada.
“Los sistemas de cuidado se construyen con mucho esfuerzo y agotamiento por parte de las familias, particularmente de las mujeres”, señalan los autores. Asimismo, advierten que “es urgente avanzar hacia sistemas integrales de cuidado donde el Estado asuma una mayor y mejor responsabilidad”.
Las conclusiones destacan que fortalecer las redes comunitarias y articularlas con políticas públicas es clave para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Además, los investigadores/as subrayan que comprender el cuidado más allá del ámbito doméstico permite avanzar hacia una corresponsabilidad social que incluya al Estado, las comunidades y las instituciones.
En la investigación trabajaron los/as académicos/as Juan Andrés Pino-Morán y María Soledad Burrone, ambos del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins; Rodrigo González de la Escuela de Salud de la misma Casa de Estudios; y Pía Rodríguez-Garrido, académica de la Universidad de Las Américas.
Cabe destacar que el objetivo del estudio fue analizar las percepciones de las cuidadoras respecto a la construcción de cuidados socio-comunitarios para personas con discapacidad en la zona centro-sur de Chile. Estos resultados tienen la intención visibilizar las necesidades de las personas y sus comunidades para fortalecer el sistema nacional de cuidados que se está implementando en nuestro país.
Hacia una corresponsabilidad social del cuidado
Los investigadores enfatizan que el desafío no solo es ampliar la cobertura de apoyos, sino redefinir el cuidado como una responsabilidad colectiva y un componente estructural del desarrollo social. Esto implica reconocer que el cuidado no puede seguir descansando casi exclusivamente en el ámbito privado ni en el trabajo no remunerado de las mujeres, sino que debe ser asumido como una función social que requiere financiamiento, institucionalidad y coordinación intersectorial.
Avanzar hacia un sistema integral supone fortalecer las políticas públicas en salud, educación, protección social y empleo, garantizando acceso oportuno, continuidad de apoyos y condiciones que permitan a las cuidadoras mantener su autonomía económica y bienestar psicosocial. También implica robustecer las redes comunitarias y territoriales, promoviendo espacios de apoyo mutuo, capacitación y acompañamiento.
Para los autores, reconocer el cuidado como un derecho y no como un acto exclusivamente voluntario o familiar es un paso clave para reducir brechas de género y desigualdad. Solo mediante una articulación efectiva entre Estado, comunidades y familias será posible construir un modelo de corresponsabilidad que asegure inclusión, dignidad y mejor calidad de vida tanto para las personas con discapacidad como para quienes las cuidan.