Basura Cero sin territorio es solo retórica

Basura Cero no es hoy una política nacional en Chile. No existe, al menos todavía, como una estrategia con densidad normativa, institucional y financiera suficiente para reorganizar el sistema de residuos. Sin embargo, el concepto se ha ido instalando como una referencia cada vez más habitual en ONGs, en la academia y en algunos municipios.
Basura Cero ganó presencia en el lenguaje, pero no en la estructura. Se repite con convicción, pero sin traducirse en capacidades, reglas, financiamiento ni decisiones coherentes.

Si bien Chile ha avanzado en instrumentos importantes vinculados a economía circular, residuos orgánicos y responsabilidad del productor, no significa que haya construido una estrategia Basura Cero. De hecho, la gestión sigue dominada por una lógica lineal: generar, recolectar, trasportar y disponer. El lenguaje cambió más rápido que el sistema.

Por eso conviene despejar una confusión de entrada. Basura Cero no es reciclar más. Tampoco se agota en campañas de educación o en nuevos puntos limpios. Es una mirada más exigente: supone prevenir la generación de residuos, rediseñar productos, fortalecer la reutilización y reparación, valorizar los residuos orgánicos, modificar hábitos de consumo y, sobre todo, crear institucionalidad capaz de sostener esa transición en el tiempo. No se trata de gestionar mejor la basura, sino de dejar de producirla.

Pero esa transición no ocurre en un territorio abstracto. En Chile, la discusión sobre residuos sigue marcada por una lógica centralista que tiende a pensar soluciones homogéneas para realidades profundamente desiguales. Una comuna metropolitana no enfrenta el mismo problema que una rural, aislada o extrema. En esos territorios, la baja densidad, las distancias, la fragilidad logística y la escasez de infraestructura hacen que la gestión de residuos sea también una expresión concreta del desequilibrio centro-periferia.

Ahí los municipios cargan con la urgencia cotidiana del problema, pero no siempre cuentan con herramientas equivalentes para resolver desde una lógica preventiva, territorial y de largo plazo. Quedan atrapados entre la presión operativa, la restricción presupuestaria y una oferta de soluciones que suele privilegiar lo convencional. Así, en vez de transformar el modelo, se administra la emergencia.

También hay una dimensión menos visible, pero decisiva: la forma en que el Estado evalúa y financia proyectos. Cuando los instrumentos de inversión tienden a favorecer soluciones estandarizadas, de gran escala y fácilmente comparables, las alternativas descentralizadas de Basura Cero quedan en desventaja, incluso cuando han demostrado ser más eficientes.

Compostaje comunitario, sistemas de reutilización de base territorial, o esquemas modulares de menor escala suelen competir mal frente a grandes infraestructuras. El resultado es conocido: se reproduce dependencia centralista, se frenan capacidades locales y se paraliza la aparición de nuevas soluciones.

Ese vacío permite que aterricen vendedores de falsas soluciones, como la incineración, que suele presentarse como una respuesta moderna y eficiente, capaz de reducir volumen y generar energía. Pero su lógica entra en tensión con la prevención y el reciclaje, porque necesita residuos constantes para operar. Más que empujar una transición hacia Basura Cero, puede terminar consolidando una economía que sigue necesitando el descarte.

¿Estamos dispuestos a construir las condiciones para que Basura Cero deje de ser una mera consigna? Eso exige confiar más en los territorios, habilitar soluciones locales, articular mejor a municipios, regiones y Estado central, y entender que prevenir, reutilizar y valorizar cerca del origen no es una opción marginal, sino una estrategia más racional para un país desigual en infraestructura y capacidades. Solo desde ahí puede comenzar una transición real.