Gobierno amplía cobertura en salud sexual y reproductiva con subsidios de hasta 60% en Fonasa

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género presentó un balance de los principales avances impulsados durante el actual gobierno en materia de derechos sexuales y reproductivos. Las medidas se han enfocado en ampliar el acceso efectivo a prestaciones de salud, reducir brechas y fortalecer la red pública.

Uno de los ejes de la gestión ha sido la ampliación de la cobertura en el sistema público, particularmente a través de Fonasa. La institución incorporó nuevas prestaciones a la Modalidad Libre Elección, fijando precios máximos y otorgando subsidios de entre 50% y 60% para fortalecer la atención en salud sexual y reproductiva.

Entre las prestaciones que se sumaron a esta modalidad se encuentran el examen de hormona antimülleriana (AMH), que permite evaluar la reserva ovárica; tratamientos de fertilización; métodos anticonceptivos hormonales de larga duración, como el DIU hormonal y el implante subdérmico; cirugías por endometriosis; y cobertura para parto y embarazo ectópico.

En el caso de la endometriosis, además, se incorporaron nuevos Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) para cirugías vinculadas a esta enfermedad, beneficiando a 230 mujeres solo durante 2025.

En paralelo, también se amplió la cobertura para el tratamiento del cáncer de mama. Por primera vez, la red pública incorporó una inmunoterapia con copago cero destinada al cáncer de mama triple negativo, considerado uno de los subtipos más agresivos de la enfermedad.

Baja en el costo de anticonceptivos

En materia de acceso a métodos anticonceptivos, el Ministerio de Salud, en conjunto con Cenabast, impulsó una reducción en el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente, con el objetivo de disminuir las barreras económicas para la planificación familiar.

A ello se suma una nueva instrucción del Instituto de Salud Pública que establece protocolos más estrictos frente a anticonceptivos defectuosos. La normativa obliga a retirar estos productos del mercado en un plazo máximo de cinco días y a emitir advertencias dirigidas a las consumidoras, medidas que anteriormente no operaban con este nivel de exigencia.

Otro de los focos abordados fue la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, donde se identificaron brechas relacionadas con la disponibilidad de equipos médicos no objetores dentro de la red pública.

Para enfrentar esta situación se modificó el reglamento que regula su implementación, con el fin de asegurar su cumplimiento efectivo en el sistema de salud. Entre 2023 y 2024 se realizaron 128 fiscalizaciones en todas las regiones del país para supervisar la aplicación de la normativa.

Desde la entrada en vigencia de la ley, cerca de 6.800 mujeres se han acogido a la normativa de interrupción del embarazo en tres causales. De ellas, aproximadamente 5.800 decidieron interrumpir su embarazo, lo que representa más de un 85% de quienes accedieron al proceso.

“Desde que asumimos, la salud sexual y reproductiva fue una prioridad. Sabíamos que había brechas en distintas etapas del ciclo vital de las mujeres, y las abordamos desde múltiples frentes: fortaleciendo Fonasa con nuevas prestaciones como el examen de reserva ovárica, ampliando el acceso a métodos anticonceptivos, mejorando la aplicación de la Ley IVE y avanzando en tratamientos de alto costo como el cáncer de mama triple negativo. Porque cuando hablamos de derechos, hablamos de acceso real, oportuno y digno para todas las mujeres”, destacó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Violencias sexuales con cobertura GES

Entre las medidas destacadas también figura la incorporación, en octubre de 2022, de las agresiones sexuales agudas al sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES 86), lo que asegura atención integral y oportuna para las víctimas.

Hasta septiembre, se habían atendido 6.564 personas en todo el país bajo esta cobertura. De ese total, 5.753 corresponden a mujeres y 2.790 a personas menores de 19 años.

En el plano legislativo, el Ejecutivo ingresó el 28 de mayo de 2025 un proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.