Zanja chilena inquieta a Bolivia y Perú
¡Ha llegado el otoño y se siente! Si bien en Arica y Parinacota no vemos que las hojas caen de los árboles, sí observamos que, al terminar marzo, las mañanas y las tardes están más frescas, lo que se agradece después de vivir varios meses bordeando los 30 grados con una abundante humedad en el aire.
Finalmente, mañana es 1 de abril y se cumplirá el plazo fatal para que los 21 secretarios regionales ministeriales estén instalados en sus puestos para trabajar por el “Gobierno de emergencia” del Presidente José Antonio Kast. La primera semana de trabajo será corta, ya que se celebrará la Semana Santa este fin de semana. Luego vendrá la hora de la verdad en cada una de las carteras.
Ahora vamos de lleno al resumen de los contenidos que trae esta edición, antes que otras noticias nos acechen y tengamos que salir corriendo por un última hora:
- En la primerísima nota les contamos cómo la construcción de zanjas en la frontera está generando inquietud en Bolivia y Perú, incluso el rechazo del Presidente boliviano Rodrigo Paz y de un organismo estatal de ese país que moviliza las cargas de importación amparadas por el Tratado de 1904.
- ¡Habemus seremis! En esta nueva edición les revelamos nuevos nombres de los secretarios regionales ministeriales que deben asumir impostergablemente mañana y les contamos la trastienda en torno a las negociaciones políticas y, en especial, el enojo de Renovación Nacional (RN) por la asignación de los cargos.
- También incluimos en esta edición una nota sobre el informe de la Contraloría Regional de la República, que evidencia serias falencias constructivas en el Cesfam “Eugenio Petrucelli” que atiende a la población del sector norte de Arica.
- Y cerramos esta semana informándoles sobre el fallo desfavorable y condena en costas que recibió el diputado Jorge Díaz (DC), en la querella por injurias y calumnias que presentó contra la directora de Dideco, Sandra Flores (PS), por un video que ella difundió en la campaña parlamentaria asociándolo con irregularidades en la entrega de fondos regionales a la Fundación Valcar.
Antes de iniciar la lectura, les recomiendo tomar un juguito de granadas de los valles de Codpa o Azapa, no se arrepentirán. Y como siempre, los invitamos a compartir el link con amigos y familiares para que se inscriban gratis y así puedan disfrutar cada martes nuestro newsletter.
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La zanja fronteriza de Kast que inquieta a Bolivia y a comerciantes importadores de ropa tacneños

Crédito imagen: El Mostrador.
La zanja fronteriza que comenzó a construir el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, encendió las alarmas en los países vecinos que limitan con la Región de Arica y Parinacota. Justo en la celebración del Día del Mar el pasado 23 de marzo, que se conmemora en Bolivia por la realización de la Batalla de Calama o Topáter en defensa de la Región de Antofagasta en 1879, el Presidente del vecino país, Rodrigo Paz (PDC), criticó al Mandatario chileno.

Crédito imagen: cedida.
- “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración para unificar esas cinco naciones que están en torno a Bolivia. Nosotros no hacemos zanjas. Nosotros construiremos puentes de la integración y lo decimos con una visión de política internacional con todas las naciones. Chile nos hizo daño, diga lo que se diga, pero siempre el futuro es mejor… Nos hicieron daño, pero esta es tierra de nobles… la soberanía se defiende desarrollando y complementando las economías y las fronteras”, declaró el Jefe de Estado boliviano en la tradicional alocución por esta efeméride.
Este año, el acto se realizó en una base naval en la frontera con Brasil, la cual permite a Bolivia salir al Atlántico por el corredor fluvial Hidrovía Paraguay-Paraná, evitando así el tránsito por el océano Pacífico.
Reacción del organismo boliviano
Pero eso no fue todo. A este cuestionamiento se sumó sorprendentemente la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), agente estatal del vecino país que gestiona las cargas de importación bolivianas en el Puerto de Arica y que está amparada por el Tratado de Paz y Amistad de 1904 suscrito entre Chile y Bolivia que puso fin a la Guerra del Pacífico.
- A través de un comunicado difundido por el organismo estatal del vecino país, que es recaudador fiscal ya que cobra a los importadores por tramitar los servicios portuarios, se señala que “en este contexto, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, en su Artículo VI, establece que Chile reconoce a favor de Bolivia ´el más amplio y libre derecho de tránsito comercial, a perpetuidad’. Este derecho representa no solo una garantía jurídica histórica, sino también un elemento esencial para la competitividad del comercio exterior boliviano, al asegurar condiciones logísticas eficientes, previsibles y no discriminatorias, generando además externalidades positivas para las economías de tránsito, incluida la de Chile”.
Luego aludió directamente a las zanjas, diciendo que “cualquier restricción al tránsito internacional debe evaluarse de manera integral, considerando su impacto en los flujos logísticos y en la integración regional. La evidencia internacional demuestra que los procesos exitosos se sustentan en la facilitación del comercio, la cooperación y la complementariedad más que en la fragmentación. En esa línea, Bolivia impulsa una lógica de integración basada en la cooperación. ‘No construimos zanjas, construimos puentes de integración para unificar’”.
El comunicado revivió una antigua amenaza boliviana referida a que el Estado altiplánico tiene más opciones para la salidas de sus cargas a través de las hidrovías que llegan al océano Atlántico. “El Estado boliviano tiene una visión estratégica fluviomarítima, que articula los ríos, las hidrovías, los corredores logísticos y los puertos, desde el interior del país hasta el acceso a los océanos. Bajo este enfoque, las hidrovías se consolidan como infraestructuras clave para integrar territorios, optimizar costos logísticos y ampliar las oportunidades de comercio exterior”, señaló la nota.
Lo extraño del cuestionamiento de ASP-B es que se haya realizado desde un organismo fiscal, cuya labor es velar por la recaudación fiscal a través de servicios formales en Puerto de Arica y de que estos se hagan por rutas formales.
Inquietud en Tacna
La construcción de la zanja a metros de la Línea de La Concordia ha generado inquietud en los casi 10 mil pequeños comerciantes de Tacna que se dedican a la importación de ropa usada y calzado. La mercancía llega por la zona franca de Iquique y es comprada en esa ciudad y en Arica.
La preocupación ha surgido porque gran parte de esa operación se realizaría por pasos no habilitados cercanos a los controles fronterizos Chacalluta y Santa Rosa y la zona altoandina, dado que en Perú está prohibida la internación de este tipo de prendas, pues existen políticas para proteger la producción textil nacional. Estos artículos son comercializados diariamente en la feria itinerante conocida como “La Cachina”, que se ubica en distintos barrios de Tacna y a la que, incluso, acuden chilenos a comprar.
La presidenta de la Asociación de Comerciantes Los Delfines, Juana Anahua, expresó su preocupación por esta situación, señalando que “éramos más de 10.000 hace varios años, pero ha aumentado; también han aparecido nuevas ferias porque en Tacna no hay trabajo y uno tiene que generarse su sustento”.
Perú construye otra zanja
Aunque se pensó inicialmente que era una respuesta ante la zanja fronteriza chilena construida por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) del Ejército, finalmente el Gobierno Regional de Tacna aclaró que decidió construir una obra similar y un estacionamiento en territorio peruano para camiones de alto tonelaje en las cercanías a la plataforma de acceso al Control Fronterizo Santa Rosa.
Para ello dispuso una inversión de $ 235 millones (875 mil soles peruanos) que servirán para hacer movimiento de tierra, excavación y la construcción de un túmulo. Según el gerente de Infraestructura del Gore de Tacna, Eduardo Sánchez, las obras permitirán “estacionar camiones para tener un control independiente y posteriormente ingresar a la plataforma del complejo para el control respectivo”.
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Gabinete regional: vence el plazo para nombrar a los seremis y RN se muestra descontento por solo obtener dos cupos

Crédito imagen: El Mostrador.
La semana pasada fue clave para la definición de los casi 20 secretarios regionales ministeriales que integrarán el Gabinete Regional del Presidente José Antonio Kast. Primero fueron cinco y luego se empezó a conocer más nombres completando ya casi las 21 secretarías regionales ministeriales, ya que el plazo para su asunción es mañana 1 de abril.
Aunque los interventores en las designaciones han dicho que no fue difícil ponerse de acuerdo, lo cierto es que la propia demora revela que sí lo fue. Y fue dificultosa porque hubo distintas voces intentando jugar sus cartas. Actores relevantes en estas negociaciones fueron el gobernador regional Diego Paco (RN), la diputada Stephanie Jéldrez (Partido Republicano), el delegado presidencial regional Cristian Sayes (ex-RN) y las directivas regionales de los distintos partidos oficialistas, incluso de aquellos de la derecha tradicional que dijeron que les sería difícil integrar un gobierno de Kast.
Según comentaron algunos cercanos a las negociaciones, en el último momento el propio Jefe de Estado habría pedido revisar las nóminas a la Oficina del Presidente Electo (OPE), bajo el argumento de que conocía a muchos actores regionales y quería asegurarse de que hubiese equilibrios.
En la región durante todas estas semanas se escuchó la queja de militantes del Partido Republicano respecto de que no tenían tantos seremis como ellos esperaban. Sin embargo, las cuentas indican que obtuvieron de 8 a 10 cupos (incluyendo algunos independientes) y que hicieron gestos para que otras colectividades pusieran a los suyos.
Por esa tienda política ya fueron confirmados el abogado Matías Andrade como seremi de Justicia y Derechos Humanos; el ingeniero ejecución en Administración, Patricio Lohr, como seremi de Transporte y Telecomunicaciones; la médico Karla Képec como seremi de Salud; la ingeniero comercial y exconsejera regional, Romina Cifuentes, como seremi de Economía, Fomento y Turismo; Marcelo Vergara como seremi de Hacienda; la periodista Pollyana Rivera como seremi de Gobierno; el ingeniero comercial Mauro Hidalgo como seremi de Minería; el ingeniero comercial Carlos Ferrada como seremi de Energía. Se suma a ellos el gerente técnico de la concesionaria del aeropuerto de Arica, Luis Henríquez, que asumirá en Obras Públicas; y el general de Carabineros en retiro, Pedro Álvarez en Seguridad Pública.
Otra de las tiendas que aparece como ganadora en las negociaciones para formar parte del Gabinete Regional es la Unión Demócrata Independiente (UDI). Ya fueron confirmados el abogado Raúl Gil como seremi del Medio Ambiente; la profesora Pía Urrutia como seremi de Educación, donde ya es funcionaria; el ingeniero comercial Francisco Meza como seremi de Vivienda y Urbanismo; y la trabajadora social Greissy Cofré como seremi de la Mujer y Equidad de Género.
Sorpresas
Una de las sorpresas en estas tratativas fue la posición alcanzada por el Partido Demócratas (PD). En el listado de los seremis ya confirmados apareció la trabajadora social Paulina Gálvez en la cartera de Desarrollo Social y Familia. Con ello se puso fin a la polémica que había causado el eventual nombramiento de la trabajadora social Greissy Cofré (UDI), quien en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera estuvo en esa repartición y sostuvo conflictos con la seremi de la época, Macarenna Vargas, hoy presidenta de la asociación de funcionarios, además de presentar una licencia médica de 187 días en 2021 argumentando estrés laboral.
También el Partido Social Cristiano (PSC) habría colocado a una de sus figuras, y sería la presidenta regional de la colectividad, Nataly Cruz, quien asumirá en la Seremi del Trabajo, pese a no residir desde hace dos años en la región, desde que fue candidata a consejera regional en 2024. Esta decisión habría provocado un agudo dolor en la militancia republicana, ya que la trabajadora social Yasmín Zamora fue postulada a este cargo y habría sido “torpedeada” por el propio gobernador regional, dado que ella fue desvinculada del Gore a fines de 2024, por haber realizado campaña a favor de la reelección del gobernador Jorge Díaz (DC). Y un dolor similar estaría afectando al excandidato a diputado independiente que fue por el PSC, José Lee, quien tampoco fue nombrado en la Seremi del Medio Ambiente.
Uno de los fichajes que también sorprendió fue el del abogado y precandidato a diputado por el Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Pradenas, como seremi de Bienes Nacionales. Su asunción contó con el apoyo de la diputada Jéldrez. El profesional deberá enfrentar un proceso de expulsión de su colectividad si es que no renuncia, dado que había una orden de partido de no ocupar cargos en el Gobierno de Kast. Pradenas tendrá una tarea difícil, ya que Bienes Nacionales fue golpeado por una denuncia de corrupción realizada por su antecesor, el frenteamplista Rodrigo Díaz. En total, seis funcionarios fueron desvinculados de esa repartición y están formalizados por delitos de cohecho, sobornos, asociación ilícita y violación de secreto
Enojo en RN
En la tienda donde sí hay un enojo evidente y ha sido tema constante entre los militantes es en Renovación Nacional (RN). Y no es para menos si el partido solo tiene dos seremis asegurados: Hernán Zamora, que vuelve a repetirse como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Juan Mancilla como seremi de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación.
La molestia con el presidente regional Freddy Flores tuvo sus consecuencias el sábado pasado, al no lograr cupos similares a los alcanzados por la UDI y visualizar que la “estrategia de copamiento” de los republicanos surtió efecto, al ocupar distintas carteras aunque no fuesen de la mayor relevancia.

Miembros de la lista regional ganadora en RN (Crédito imagen: cedida).
Fue en las elecciones internas donde la militancia habló y destronó a la directiva actual. Así, en las próximas semanas asumirá el grupo liderado por el expresidente regional de la colectividad y exgobernador de Arica y Parinacota, Patricio López. Al terminar el conteo de votos, en una entrevista exclusiva con Aquí Arica expresó: “Estamos dolidos, no puedo negarlo, con esto de la asignación de los cargos, pero esperamos revertir esto en la asignación de los cargos de directores“.
La lista encabezada por López fue patrocinada por el gobernador regional, Diego Paco, quien si bien se ha dicho que permanece suspendido por el proceso que le iniciaron por haber apoyado a Kast en la primera vuelta, igualmente ha estado activo tras bambalinas. De hecho, la nómina ganadora tiene a dos funcionarios del Gore: Patricio López y Marcela Gálvez. Esta última fue su jefe de Gabinete y ahora está como profesional en una de las divisiones.
Los amigos del delegado
Un asunto por resolver es el pedido especial del delegado presidencial regional, Cristián Sayes. Hasta ahora no le ha ido bien con instalar a su amigo Enrique Urrutia (RN) como seremi. Como última alternativa ha hecho gestiones para nombrarlo en la cartera de Deporte.
La máxima autoridad regional solo pudo colocar al ingeniero agrónomo Jorge Heiden (Evópoli) como seremi de Agricultura, repitiéndose este el mismo cargo que ocupó en el segundo Gobierno del Presidente Piñera.
Otro conocido del delegado sería el gerente técnico de la concesionaria del aeropuerto Chacalluta, Luis Henríquez, quien el jueves fue confirmado como seremi de Obras Públicas. El profesional tuvo a su cargo la ampliación de esta infraestructura concesionada al consorcio Sacyr-Agunsa, cuyos primeros años de faenas mereció críticas por la demora en su ejecución y que además generó molestias en los pasajeros.
Hasta el cierre de esta edición, otro amigo del delegado, el coronel de Carabineros en retiro, Gonzalo Medina, no habría logrado ser seremi de Seguridad Pública por no tener título profesional. Esta plaza sería asignada al general en retiro de la misma institución, Pedro Álvarez, quien estuvo hasta diciembre como jefe de zona en Arica y Parinacota.
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Contraloría detecta serias fallas constructivas en Cesfam “Eugenio Petrucelli”

Crédito imagen: cedida.
“¡Se está hundiendo el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Eugenio Petrucelli! Así lo han constatado usuarios de este recinto y también la Contraloría Regional de la República a través del Informe Final N° 745 del 23 de diciembre de 2025, una de las últimas investigaciones realizadas por el excontralor Juan Leone a la Dirección de Salud Municipal (Disam) de la Municipalidad de Arica, antes de que fuese trasladado a la Región de Coquimbo.
El edificio, situado en el extremo norte de Arica, fue levantado por la Constructora COSAL S.A., con una inversión total de $ 2.673.686.000, e inaugurado en mayo de 2013. La unidad de salud atiende a 43.905 personas. Los funcionarios han realizado diversas manifestaciones, pero aún no han conseguido una respuesta clara.
Dentro de las falencias más importantes detectadas, y que el organismo contralor atribuye a una mala calidad de las obras desde su origen en 2012, figuran “deficiencias en muros, vigas y pilares, producto de la mala ejecución de la construcción“, donde se advierten socavones y asentamientos del terreno.
El informe es elocuente y señala como falencias:
- Elementos estructurales, como vigas y pilares, que no presentan continuidad en sus dimensiones; por ejemplo, la viga de acceso al subterráneo tiene un ancho que oscila entre 10 y 20 centímetros, evidenciando que lo construido no se ajusta a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto estructural del edificio.
- Estucos que no cumplen reglamentación de cálculo del edificio, donde se exige que todo estuco con un espesor superior a tres centímetros debe contar con una armadura consistente en una malla de fierro con una cuantía del orden del tres por mil de la sección transversal del estuco, y no se admitirán cargas de estuco superiores a cinco centímetros.
- Impermeabilización de las fundiciones, de los muros faltantes, cámaras de alcantarillado y muros contra terreno; sin embargo, según el expediente de obras del edificio, el Servicio de Salud recibió y pagó dichos trabajos.
Servicio de Salud en la mira
La Contraloría apuntó los dardos contra el Servicio de Salud, entidad que fue la ejecutora y contratante de las obras, indicando que “según los libros de obras, durante la ejecución se registraron múltiples problemas, evidenciando la falta de una supervisión técnica adecuada por parte de la unidad ejecutora”.
Además, estableció que “las falencias detectadas afectan el funcionamiento del edificio y representan un deterioro prematuro de la estructura, dando cuenta de una construcción deficiente y de baja calidad en sus terminaciones. Además, se debe destacar que aun cuando el Servicio de Salud está en conocimiento de la situación, no se han adoptado las medidas que permitan reparar y poner en funcionamiento definitivamente las zonas afectadas”.
Entre los daños más visibles figuran grietas y fisuras en juntas de dilatación, asentamiento de radieres y rampas exteriores ocasionados por socavones, despiches de las canalizaciones de agua lluvia que desaguan líquidos al terreno, y tramos clausurados de la red de alcantarillado, cámaras desfondadas y deterioro de tuberías.
En la investigación, la Contraloría reveló que el Servicio de Salud no respondió a las observaciones y le ordenó implementar “una inspección técnica eficiente y eficaz en las obras de construcción que le corresponda ejecutar, velando por el estricto cumplimiento de la normativa vigente, los proyectos de arquitectura, cálculo estructural y demás especialidades, especialmente en lo referente a las exigencias para las construcciones en suelos salinos”.
Servicio de Salud niega responsabilidad
El Servicio de Salud de Arica negó a Aquí Arica que tuviese responsabilidad en los daños que presenta el Cesfam “Eugenio Petrucelli”. Al respecto, desde esa entidad señalaron que “rechaza la imputación de responsabilidad por daños ocurridos años después de entregado el recinto a la Municipalidad. La evidencia acreditada ante Contraloría demuestra que los problemas de socavación se originaron con posterioridad al año 2012 -fecha de traspaso municipal- y están asociados a fallas de mantención sanitaria externas a este Servicio”. El propio informe de Contraloría reconoce que “no es factible determinar si los elementos estructurales presentan daños, lo que evidencia la ausencia de un diagnóstico técnico pericial concluyente”.
Es más, indicaron que presentaron una solicitud de reconsideración en diciembre del año pasado, para que el servicio no sea imputado por los daños que presenta el edificio.
Sobre las acciones adoptadas frente a la DISAM, afirmaron que durante seis años han documentado las acciones concretas de apoyo a la municipalidad para resolver este asunto. Dentro de ellos figuran visitas técnicas, informes especializados, estudios de georradar, estudios estructurales, formulación de proyectos FNDR y sucesivas licitaciones de conservación y mecánica de suelos. Asimismo, la entidad descartó que exista un informe oficial que establezca un riesgo inminente para funcionarios y pacientes.
Por su parte, la DISAM, que administra el recinto, manifestó que no era responsable de las fallas, ya que tienen relación con deficiencias constructivas. Del mismo modo, la entidad señaló que “fuimos nosotros quienes solicitamos la intervención de Contraloría, precisamente porque existían antecedentes técnicos contradictorios respecto al estado del recinto. Mientras algunos informes advertían eventuales riesgos estructurales relevantes, otros los descartaban, generando incertidumbre. Fuimos nosotros como municipio quienes llevamos este caso a Contraloría, porque no íbamos a esperar a que un problema estructural pusiera en riesgo a las personas”.
Respecto de las medidas adoptadas por el municipio para atender los problemas que presenta el edificio, desde la administración comunal se dispuso el apoyo del equipo técnico de la Secretaría Comunal de Planificación (Secoplac) para dar una solución a este problema y a otros que afectan a los establecimientos de la red municipal.
Según la Disam, con los nuevos antecedentes técnicos recopilados “se ha ido descartando el riesgo de colapso inminente, enfocando las soluciones en problemas asociados a la red sanitaria y los socavones. Sin embargo, es importante señalar que la decisión de acudir a Contraloría respondió a un principio claro de esta administración”.
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Diputado Jorge Díaz pierde juicio por injurias contra directora de Dideco, Sandra Flores

Crédito imagen: cedida.
Aunque dijo que iba a llegar hasta las últimas instancias, el diputado y exgobernador regional Jorge Díaz tuvo un revés en la querella que presentó por injurias y calumnias por medios de comunicación en contra de la directora de Desarrollo Comunitario, Sandra Flores (PS), luego que esta última en medio de la campaña electoral parlamentaria publicara el 22 de octubre un video por redes sociales, en el que asociaba al exgobernador regional con las irregularidades detectadas en los traspasos de los gobiernos regionales a las fundaciones.
El 9 de marzo se realizó un juicio simplificado sobre la querella presentada. Y tal como se esbozó en una audiencia anterior, la acción judicial tenía pocas posibilidades de sobrevivir, porque no tenía toda la prueba acompañada en el documento ingresado al Juzgado de Garantía.
La sentencia fue dada a conocer el 14 de marzo. En ella, el juez de Garantía Rodrigo Urrutia decidió absolver a la acusada, argumentando que “en consonancia con los antecedentes ya expuestos y considerando que con la prueba rendida durante el juicio no ha sido posible lograr un nivel de convencimiento razonable respecto de la ocurrencia del hecho punible que invoca el querellante, en los términos que exige el artículo 340 del Código Procesal Penal, que permita dictar una sentencia condenatoria, y en aplicación estricta del principio de presunción de inocencia, corresponde dictar una de tipo absolutorio debido a que la hipótesis de la acción privada ejercida en este proceso no ha logrado sustentarse con los antecedentes probatorios existentes”.
Pero el magistrado no solo absolvió a la imputada. También condenó al diputado al pago de las costas del juicio “por haber sido totalmente vencido y estimar que este no tuvo motivos plausibles para ejercer su acción”.
Un hecho llamativo del juicio simplificado fue la aparición del exdelegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, como abogado representante del diputado.
En la querella, el diputado había solicitado que se condenara a Flores a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y la aplicación de una multa de 10 UTM por las calumnias; y por el delito de injuria grave con publicidad a la pena de tres años y un día de reclusión menor en su grado medio y multa de 20 UTM, además del pago de las costas de la causa y reservando las acciones civiles correspondientes.
Sobre el resultado adverso del juicio, el diputado Díaz dijo a Aquí Arica que no se referiría a la sentencia. Asimismo, el fallo no fue apelado.
Terminamos la edición y ahora a trabajar para reportear y entregarles nuevas noticias.
Presidentes UDI y de republicanos. Un murmullo intenso se escucha en los partidos UDI y Republicano respecto de las renuncias pendientes de los presidentes regionales, Raúl Gil y Karla Kepec, dado que ambos, siendo negociadores de los cargos para conformar el Gabinete Regional, fueron designados seremis y esa función gubernamental sería incompatible con el liderazgo de un partido político. Hasta hoy ninguno ha atendido ese pedido, pese a que ya hay reproches sobre su continuidad en ambos cargos dirigenciales de elección popular.
Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.
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