Paillaco: una historia de financiamiento improcedente

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Justo alguien me recordaba ayer que marzo es ese mes que no termina nunca. Y algo de eso hay: el regreso a clases ya marcó el pulso en Los Ríos, el país entra en la cuenta regresiva para el cambio de mando del 11 de marzo y en la región sigue el acomodo previo de autoridades salientes y traspasos en marcha.

Para quienes necesiten acortar el mes, una recomendación: el 19 de marzo, en Galería Réplica, la fotógrafa Carolina Candia Antich inaugura Arquetipos causales, una muestra que trabaja con cuerpos, interrupciones lumínicas y lo que ella llama una “cartografía visual de lo irreversible”.

Mientras tanto, lo que llevamos en esta edición:

• Un convenio firmado en 2022 entre la Municipalidad de Paillaco y el CFT Estatal Los Ríos excluía cualquier transferencia de recursos. Aun así, en 2024 el municipio autorizó un aporte de $ 12,6 millones para financiar parte del arancel de siete asistentes de la educación. Contraloría concluyó que ese financiamiento era improcedente, detectó falta de criterios transparentes en la selección de beneficiarios y ordenó revisar además la coincidencia entre asistencia a clases y licencias médicas de los funcionarios involucrados.
• En Los Ríos, los resultados del Simce 2025 dejaron una señal ambigua: leves alzas en algunos niveles, estabilidad en otros y un rezago todavía alto en 8° básico y 2° medio. A eso se suma una brecha que sigue marcando la discusión: a nivel nacional, solo un 7% de los estudiantes del grupo socioeconómico más bajo alcanza un nivel adecuado, frente al 52% del grupo alto. Para el seremi Juan Pablo Gerter, la región atraviesa una “meseta” en sus resultados.
• La investigación por la desaparición de Julia Chuñil sumó un nuevo frente judicial, luego de que familiares de la dirigenta recurrieran a la Corte denunciando hostigamientos, amenazas y vulneración de derechos durante las diligencias en Máfil. El recurso acusa sobrevuelos de drones, malos tratos en interrogatorios y una citación en la que a una familiar se le habría informado que figuraba como imputada sin notificación previa. La Fiscalía negó haber dispuesto esos drones.
• La balsa San Javier, que conecta sectores rurales entre Máfil y Los Lagos, llevaba más de un mes sin operar cuando vecinos protestaron con quema de neumáticos el 5 de marzo. La paralización se originó tras una licitación fallida y una seguidilla de anuncios que no se concretaron, mientras el reinicio seguía pendiente de trámites administrativos. La nueva promesa: volvería a operar antes del cambio de mando.

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El convenio que no iba a costar nada pero que terminó con facturas

El 7 de octubre de 2022, la Municipalidad de Paillaco y el CFT Estatal Los Ríos firmaron un convenio de cooperación. La cláusula octava era explícita: “El presente convenio no implicará transferencia de recursos entre las partes”. El CFT lo aprobó en diciembre de ese año. Un año y medio después, mediante un decreto alcaldicio, el mismo municipio autorizó un aporte de $ 12.662.750 para financiar el 45% del arancel de siete asistentes de la educación que cursaban Técnico en Administración Pública y Privada.

Siete días después se emitió la orden de compra. El CFT la aceptó ese mismo día y emitió tres facturas por $ 4.220.917 cada una. La municipalidad no las objetó dentro del plazo legal de ocho días. Tampoco las pagó. Todo eso quedó consignado en el Informe Final de Investigación Especial N° 269, remitido el año pasado por la Contraloría Regional de Los Ríos, a partir de una denuncia bajo reserva de identidad.

La conclusión del órgano fiscalizador fue categórica: ese financiamiento era improcedente. La única vía que habilita a los municipios para financiar estudios de asistentes de la educación es el “perfeccionamiento”, es decir, capacitaciones o cursos, y no carreras conducentes a un título técnico. Contraloría también consignó que los beneficiarios fueron definidos sin un proceso de postulación transparente y objetivo, y que en el ex-DAEM no se hallaron antecedentes de selección.

Aquí Los Ríos entrevistó al alcalde del período en que se ideó y ejecutó el convenio, Miguel Ángel Carrasco, y al actual alcalde de Paillaco, Cristián Navarrete. Ambos coinciden en que no hubo pago. En lo demás, sus versiones difieren. Navarrete asegura que “acá se eligió a dedo”. “No hubo una apertura para que todos pudieran optar a este beneficio. Fue una decisión del alcalde quién se capacitaba y quién no”.

Carrasco, en cambio, describe la iniciativa como una convocatoria abierta: “Se les ofreció a todos los que quieran estudiar que estudien. A todos”. Sin embargo, reconoce que existieron listados confeccionados por la organización de asistentes de la educación. Sobre el componente financiero, sostiene que nunca se concretó un desembolso: “Yo, por lo menos, no pagué absolutamente nada, porque una cosa es que haya entrado una orden de compra, claro, y otro es que finalmente se haya pagado”. Contraloría corroboró que no existían pagos al momento de su revisión, pero dejó constancia de que las facturas no fueron objetadas dentro del plazo legal.

El punto más grave del informe surgió de un cruce entre registros de asistencia laboral y asistencia a clases. De allí resultó que las siete personas beneficiarias registraron asistencia a clases en días en que se encontraban con licencia médica. Contraloría calificó la observación como “altamente compleja” y ordenó remitir los antecedentes al Compin o Isapre.

Carrasco dice que dejó ordenado un sumario antes de dejar el cargo, en noviembre de 2024. Navarrete sitúa otra respuesta institucional en su propia gestión: “El 22 de julio de 2025 ya respondimos”, señala. Según dice, remitieron a Contraloría el decreto que instruye el sumario administrativo y el oficio enviado a la Compin respecto de las licencias médicas. Agrega que el sumario sigue en curso y confirma que los siete funcionarios completaron sus estudios.

El informe también formuló observaciones al CFT Los Ríos. En sus descargos, el centro de estudios reconoció que la forma de financiamiento no fue acordada por escrito con el municipio. Contraloría además consignó que el CFT no había ejercido acciones de cobro efectivas contra exestudiantes, que no existían pagarés suscritos por ellos ni por la municipalidad, y que sus gestiones de cobro se habían dirigido principalmente al municipio por correo electrónico. El órgano contralor le ordenó acreditar acciones de recuperación de ingresos dentro de 60 días hábiles.

Con el traspaso de la educación municipal al SLEP Valdivia en diciembre de 2025, parte de los funcionarios involucrados cambió de dependencia. Navarrete señala que se informó al servicio local para que “continúen con este trámite”. Desde el municipio aseguran que el sumario sigue en curso.

Simce en Los Ríos: la brecha sigue ahí

En 2015, solo un 3% de los estudiantes del grupo socioeconómico más bajo alcanzaba un nivel adecuado en el Simce a nivel nacional. Diez años después, esa cifra subió a 7%. En el grupo alto, en cambio, el porcentaje llega a 52%. En Los Ríos, los resultados del Simce 2025 dejaron una señal ambigua: en algunos niveles los puntajes suben levemente, en otros se mantienen, pero persiste un núcleo duro de rezago. Según datos difundidos esta semana, cerca del 40% de los estudiantes de 8° básico sigue en nivel insuficiente, mientras que en 2° medio esa proporción llega a 49,9% en Lectura y 52,4% en Matemática.

La lectura oficial apunta a una estabilización del sistema más que a un salto. En 4° básico, la región marcó 274 puntos en Lectura y 259 en Matemática; en 2° medio, en tanto, alcanzó 248 puntos en Lectura y 253 en Matemática, ambos por sobre 2024. Pero esa foto más estable no despeja la pregunta de fondo: cuánto sigue pesando el origen social en los aprendizajes de los estudiantes de la región.

Consultado por Aquí Los Ríos, el seremi de Educación, Juan Pablo Gerter, sostuvo que la región atraviesa una “meseta”en sus resultados y admitió que la Seremi todavía no cuenta con el desglose regional por estrato socioeconómico. Aun así, dijo que “el fenómeno nacional también se replica a nivel regional” y destacó un leve aumento en los niveles adecuados de aprendizaje en 2° medio, el tramo donde, según afirmó, se han registrado las mayores complejidades pospandemia.

—¿Cómo interpreta usted esta brecha socioeconómica que sigue siendo tan marcada?

—Nosotros lamentablemente no tenemos datos que puedan contabilizar cómo estuvieron los resultados por estrato socioeconómico en la región. Dicho eso, yo diría como primer elemento que el fenómeno nacional también se replica a nivel regional. El alza que fue tan significativa el año anterior, este año no tiene la misma expresión, pero sí establece un estado de cierta consolidación del momento en que se encuentra el sistema educativo. En algunos casos, los resultados suben un punto, bajan dos, y estadísticamente eso no es significativo. Por lo tanto, vemos que hay una meseta que se mantiene a nivel regional. Pero aun así interpretamos que esas brechas también existen en Los Ríos. No debiese ser muy distinto lo que pasa a nivel nacional en términos de las desigualdades sociales.

—¿Qué es lo que más pesa en la región: la vulnerabilidad, la ruralidad, la asistencia, la salud mental o la gestión escolar?

—Nosotros vemos que lo que incide en los procesos de aprendizaje y en sus resultados es multifactorial. Hay escuelas con contextos socioeconómicos muy complejos, pero que tienen un tremendo proyecto educativo y condiciones de base para que esos procesos se desarrollen de buena forma. Yo te podría dar como ejemplo la Escuela Roberto Ojeda Torres, que tuvo un alza significativa en su puntaje y cuyo proyecto educativo no se dedica a entrenar la prueba, sino a preparar a los estudiantes para las habilidades que mide la prueba. El acento debiera estar en fortalecer la gestión directiva, generar condiciones de desarrollo profesional docente adecuadas y construir proyectos educativos integrales. Ahí sí vemos diferencias entre establecimientos, dependiendo del enfoque pedagógico que estén trabajando.

—Si en 2015 solo un 3% de los estudiantes más vulnerables alcanzaba un nivel adecuado y hoy esa cifra sube a 7%, ya no parece suficiente culpar a la pandemia. ¿Qué es lo que sigue fallando?

—Yo diría que sí hay un problema estructural de nuestro sistema educativo. Creo que la estandarización, por sí sola, sin definiciones pedagógicas o educativas que nos hagan ponernos de acuerdo, termina dejándonos en trincheras donde, por un lado, se anula el instrumento y, por otro, se valida como único medio para entender la calidad. Al final nos preocupamos más del Simce que de los procesos pedagógicos. Todavía tenemos muchas escuelas que entrenan y preparan a los estudiantes para el Simce, y eso es un desvío del sentido sobre el cual los sistemas educativos logran desarrollarse y fortalecer los aprendizajes. El desafío de fondo es cómo entendemos calidad y hasta dónde logramos construir un concepto más robusto, que no esté solamente condicionado por una prueba.

Caso Chuñil: amparo por amenazas y hostigamientos llega a la Corte

Etelvina Díaz Chuñil llegó a una citación vinculada a la desaparición de su prima, la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura. Ahí, según el recurso presentado por su abogada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, le indicaron que estaba en calidad de imputada en una causa paralela asociada al caso. Según su abogada, nadie se lo había notificado antes.

Ese episodio es parte del recurso de amparo que se alegó ayer en la Corte, presentado por la abogada Karina Riquelme a favor de Etelvina Díaz y de Lysette Sánchez Díaz, sobrina nieta de Julia Chuñil. Ambas denuncian hostigamientos, amenazas y vulneración de derechos en medio de las diligencias que se desarrollan en el entorno de Ciruelos-Huichaco, junto al predio donde Carabineros mantiene la búsqueda. Entre las denuncias: sobrevuelos constantes de drones, incluso durante la noche, y malos tratos en interrogatorios. Bajo el cuidado de Etelvina viven, además, cuatro menores de edad.

La Fiscalía Regional de Los Ríos, a través de su vocero Eric Aguayo, rechazó uno de los puntos centrales: afirmó que el Ministerio Público no dispuso sobrevuelos de drones sobre la vivienda de las familiares. Sobre la calidad procesal de Etelvina Díaz, Aguayo evitó confirmar públicamente si está o no imputada en alguna de las causas asociadas a la desaparición. La resolución de la Corte debería conocerse en los próximos días.

Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche de 72 años, fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en el sector de Huichaco Sur, en Máfil. La Fiscalía acusa del crimen a tres de sus hijos —Javier Troncoso Chuñil, Pablo San Martín Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil— y a su exyerno Bermar Flavio Bastías Bastidas. El 25 de febrero, el Ministerio Público confirmó una ampliación del plazo de diligencias hasta el 15 de marzo en la casa de la dirigenta.

A comienzos de marzo, los familiares denunciaron públicamente que el hostigamiento no se limitaba a las dos mujeres que recurrieron a la Corte, sino que alcanzaba al resto del grupo familiar.

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

Centro de Investigación en Suelos de la UACh reunió a especialistas nacionales y extranjeros en Valdivia

Esta iniciativa fue adjudicada en el marco del “Concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional”, impulsado por ANID.

Durante los días 5 y 6 de marzo, el Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile (CISFECh) de la Universidad Austral de Chile desarrolló su primera jornada presencial de trabajo. La actividad se llevó a cabo en la Sala Deloitte y contó con la participación de investigadoras e investigadores de diversas áreas del conocimiento que son parte de este Centro interdisciplinario.

Esta iniciativa fue adjudicada por la Universidad Austral de Chile en el marco del “Concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional”, impulsado por ANID. El Centro tiene como objetivo integrar la investigación respecto a las Funciones ecosistémicas de los suelos, para el desarrollo de directrices que sustenten políticas públicas que regulen el uso y la preservación para la sostenibilidad del recurso suelo a nivel nacional.

En una emotiva ceremonia, que estuvo encabezada por el Rector de la UACh, Dr. Egon Montecinos, participaron el Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, Dr. Luis Miguel Pardo; la Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias (FCAA), Dra. Carolina Lizana; la Directora de Investigación VIDCA, Dra. Carolina Contreras; la Directora de CISFECh y académica de la FCAA, Dra. Susana Valle y el Director Alterno de este centro, Dr. Osvaldo Salazar y la Presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, Dra. Claudia Rojas;

En la oportunidad, la Directora del CISFECh, Dra. Susana Valle, junto con agradecer la presencia de los asistentes sostuvo que “el grupo que integra este centro tiene por objetivo común dedicar su vida académica al estudio de los suelos y a otros recursos humanos y ambientales que se entrecruzan. Hoy, este sueño de aunar esfuerzos y quehaceres entorno a las funciones ecosistémicas se empieza a materializar. Tenemos un hermoso y complejo desafío por delante, que sin duda con sus capacidades iremos concretando”.

Nota completa: https://diario.uach.cl/centro-de-investigacion-nacional-busca-relevar-la- importancia-de-los-suelos-en-chile/

Una barcaza detenida por papeleo

El 5 de marzo, un grupo de vecinos quemó neumáticos en el sector San Javier. Fue la primera protesta visible por un problema que venía arrastrándose desde febrero: la balsa que cruza el río Calle-Calle y conecta sectores rurales de Máfily Los Lagos llevaba más de un mes sin funcionar.

La balsa dejó de operar a comienzos de febrero, cuando terminó la licitación vigente y el operador adjudicado para continuar el servicio desistió a última hora. Lo que siguió fue una secuencia de anuncios que no se concretaron. El 3 de febrero, el Gobierno Regional aseguró que el nuevo operador comenzaría esa misma semana. El 18, medios regionales hablaban de una posible reanudación “si los trámites fluyen”. El 22, se informó que el servicio volvería la semana siguiente. Nada de eso ocurrió.

El Gobierno Regional explicó que se buscó aumentar el subsidio mensual (elevado a $ 6,5 millones) para atraer nuevos interesados, y que el reinicio dependía de un decreto del Ministerio de Transportes para transferir recursos y cerrar un trato directo.

A fines de febrero, la balsa estaba en condiciones técnicas para operar. El nuevo operador tenía personal contratado. Lo que faltaba, según lo informado por las autoridades, era la firma del contrato y la autorización administrativa para transferir los fondos.

Mientras tanto, la interrupción del servicio afectó a vecinos de sectores como Antilhue, Pishuinco, Quesquechán, fundo San Javier y Pupunahue. La paralización implicó trayectos más largos para trabajadores y escolares, y dificultades para responder a emergencias. En febrero, un incendio forestal en Pupunahue obligó a bomberos a tomar una ruta alternativa: según dirigentes vecinales, si la balsa hubiese estado operativa el tiempo de llegada habría sido de unos 20 minutos; el desvío lo extendió a más de una hora.

La protesta de marzo sumó otro elemento. El alcalde de Máfil, Andrés Lara, acudió al lugar y señaló que también había caducado el contrato del transporte subsidiado de un bus entre Valdivia y Mulpún. Según indicó, ambos servicios perdieron a sus operadores en medio de problemas en los procesos de licitación. Los sectores más afectados, entre ellos Mulpún y Quesquechán, quedaron sin balsa y sin bus subsidiado. El viernes, vecinos del sector se reunieron con el delegado presidencial Jorge Alvial. La autoridad les explicó la traba que seguía demorando el reinicio del servicio y les señaló que hará gestiones para que la balsa pueda volver a operar entre martes y miércoles, antes del cambio de mando.

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