El regreso de la figura de la Primera Dama reabre el debate sobre género, poder y rol en el Estado

La reciente elección de José Antonio Kast como Presidente de la República no solo marca un giro político hacia la derecha, sino que también ha reactivado el debate sobre el retorno de la figura de la Primera Dama. La posibilidad de que María Pía Adriasola, esposa del mandatario electo, asuma ese rol —eliminado durante el actual gobierno de Gabriel Boric— volvió a instalar en la agenda pública una discusión sobre institucionalidad, legitimidad democrática y enfoque de género en el Estado.

La controversia se intensificó luego de las declaraciones de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien cuestionó abiertamente la reinstalación de esta figura, argumentando que en un Estado moderno la función pública no debe depender de vínculos familiares.

Un cargo sin base legal, pero con peso simbólico

En Chile, la figura de la Primera Dama no está consagrada en la Constitución ni regulada por ley. Históricamente, ha sido un rol de carácter simbólico y social, asociado al acompañamiento del Presidente y al liderazgo de fundaciones o programas sociales, muchas veces con recursos públicos y equipos dependientes de Presidencia.

Durante el actual gobierno, encabezado por Gabriel Boric, esta figura fue desmantelada deliberadamente. Su entonces pareja, Irina Karamanos, asumió el cargo con el objetivo explícito de desarmar una estructura que consideró anacrónica y carente de legitimidad democrática, traspasando sus funciones a ministerios y servicios del Estado.

La eventual reinstalación bajo la administración Kast representa, por tanto, un retroceso simbólico para algunos sectores y una recuperación de tradiciones para otros.

Ministra Orellana: “La función pública no puede depender del parentesco”

En conversación con Radio Infinita, la ministra Orellana fue clara en su postura. Si bien reconoció que María Pía Adriasola, como cualquier ciudadana, tiene derecho a opinar y participar en política, enfatizó que otra cosa es institucionalizar un rol estatal basado en la relación con el Presidente.

“El modelo actual busca evitar que existan funcionarios públicos que dependan de vínculos de parentesco”, sostuvo la secretaria de Estado, subrayando que ese principio es clave para la profesionalización del Estado y la igualdad ante la ley.

Orellana también se refirió a la decisión del futuro gobierno de excluir al Ministerio de la Mujer del comité político, señalando que, aunque es una prerrogativa de cada administración, esa participación fue clave para destrabar reformas que llevaban años estancadas.

Más allá de la figura de la Primera Dama, la ministra expresó su preocupación por posibles retrocesos en materia de derechos de las mujeres, especialmente considerando el historial legislativo del Partido Republicano.

Según Orellana, parlamentarios de esa colectividad han votado en contra o han intentado revertir avances relevantes, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. “Habrá que observar cómo se desarrolla la gestión del próximo gobierno”, advirtió.

Un debate mundial

El debate chileno no ocurre en el vacío. En América Latina, la figura de la Primera Dama sigue siendo común en sistemas presidencialistas como Argentina, Brasil, México, Colombia o Perú, aunque en casi todos los casos se trata de roles no electos, sin atribuciones formales claras y altamente dependientes del estilo personal del gobierno de turno.

Sin embargo, incluso en la región, el rol ha sido objeto de revisión. En México, por ejemplo, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ejercer una Primera Dama tradicional, mientras que en otros países se han reducido sus oficinas o redefinido sus funciones.

A nivel global, el contraste es aún más marcado. En Estados Unidos, la First Lady cuenta con una estructura institucionalizada y una larga tradición de liderazgo en causas sociales, aunque sin poder político formal. En cambio, en Europa occidental, especialmente en repúblicas parlamentarias como Alemania, Italia, Irlanda o Suiza, no existe la figura: los cónyuges de los jefes de gobierno no cumplen roles oficiales ni reciben recursos públicos.

En las monarquías, como España o Reino Unido, las funciones protocolares recaen en la reina o consorte, dentro de una lógica completamente distinta y desligada del concepto de Primera Dama.

Y es que más que una discusión sobre María Pía Adriasola en particular, el debate apunta al modelo de Estado que Chile quiere proyectar. Para sus críticos, reinstalar la Primera Dama implica volver a mezclar lo privado con lo público, reforzar roles tradicionales de género y mantener espacios de poder sin control democrático. Para sus defensores, en cambio, se trata de una figura cercana a la ciudadanía, capaz de visibilizar causas sociales y acompañar la labor presidencial.

Lo cierto es que, con el cambio de gobierno, Chile vuelve al cuestionamiento de si tiene sentido, en una democracia moderna, mantener roles institucionales que no emanan del voto ni de la carrera pública, sino del parentesco.