Nuevo Código Penal del Talibán reduce derechos de las mujeres y normaliza la violencia doméstica

El régimen talibán en Afganistán aprobó un nuevo Código Penal que introduce profundas modificaciones en la regulación de delitos y sanciones, especialmente en materias vinculadas a la violencia intrafamiliar, la organización social y los derechos de las mujeres. La normativa fue impulsada bajo el liderazgo del líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, y establece un marco legal basado en interpretaciones religiosas del islam.

Entre sus disposiciones destaca el Artículo 32, que regula la violencia intrafamiliar. Según el texto, cuando un esposo golpea a su esposa y se generan lesiones como fracturas, heridas o moretones visibles, la sanción establecida es de 15 días de prisión, siempre que la víctima logre acreditar los hechos ante un tribunal.

Sin embargo, otras normas profundizan aún más las restricciones sobre las mujeres. El Artículo 34 regula la movilidad femenina con una crudeza que recuerda a sistemas esclavistas. Establece que una mujer puede ser encarcelada hasta tres meses por permanecer en la casa de su familia sin permiso del marido o sin “motivo justificado por la Sharia”. Además, si sus familiares se niegan a devolverla al hogar conyugal, también pueden ser castigados. En los hechos, la mujer casada deja de ser sujeto de derecho para convertirse en objeto bajo custodia masculina.

El retroceso no se limita a la movilidad. El nuevo Código Penal elimina el delito de violencia intrafamiliar y otorga cobertura legal al “castigo correctivo” dentro del hogar. La agresión física deja de ser perseguible si el agresor invoca una justificación moral o religiosa. De este modo, se institucionaliza la impunidad: el Estado abdica de su deber de proteger y se transforma en garante del abuso.

El código también contempla sanciones para otras conductas. Por ejemplo, el Artículo 70 fija una pena de cinco meses de cárcel para quienes hagan pelear animales, estableciendo un marco punitivo específico para este tipo de acciones.

Además, la normativa introduce una clasificación jerárquica de la sociedad, dividiéndola en cuatro categorías: clérigos, élite, clase media y clase baja. Bajo esta estructura, la evaluación de los delitos y la determinación de las sanciones considera la posición social del acusado dentro de esta escala, incorporando este criterio como un elemento central del sistema penal.

El nuevo Código Penal reemplaza disposiciones anteriores y pasa a regir como el principal marco legal en los territorios bajo control del régimen talibán, consolidando un sistema jurídico que profundiza las desigualdades y debilita las garantías básicas, especialmente para las mujeres.