El encarcelamiento femenino en Chile marca un récord histórico: población crece 79% en cuatro años

En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Red Acción Carcelaria presentó su informe de caracterización de mujeres privadas de libertad, con datos actualizados al cierre de 2025.

Las cifras evidencian una profunda crisis en el sistema penitenciario femenino. Mientras la población penal total aumentó un 60% desde 2021, el número de mujeres encarceladas pasó de 2.824 a 5.050, lo que representa un alza del 79%. Este crecimiento supera al masculino y se concentra principalmente en mujeres jóvenes, madres y con alta precariedad laboral.

Impacto en la maternidad y los cuidados

El informe revela que el encarcelamiento femenino avanza a un ritmo considerablemente mayor que el de los hombres, con efectos directos en los procesos de crianza. Un 55% de las internas tiene entre 25 y 39 años, es decir, se encuentra en plena etapa reproductiva.

Actualmente, se registran 103 mujeres embarazadas o con hijos e hijas en período de lactancia viviendo en reclusión.

Desde la fundación, advierten que el sistema sigue sin incorporar un enfoque de género. Estudios académicos de 2025 respaldan esta afirmación y señalan que el 82,5% de las mujeres privadas de libertad son madres, lo que impacta indirectamente en cerca de 9.803 niños, niñas y adolescentes en el país.

En este contexto, Antonella Oberti, directora de incidencia de la organización, sostiene que “el encarcelamiento femenino se ha disparado un 79% en los últimos cuatro años, alcanzando récords históricos. Estas mujeres son madres, cuidadoras y proveedoras, que ingresan a un sistema en crisis, donde más de la mitad está en prisión preventiva, y aún no ha sido condenada. El contexto actual demanda respuestas efectivas en materia de seguridad pública. La nueva administración tiene el desafío no solo de gestionar el hacinamiento, sino también de fortalecer institucionalmente a Gendarmería y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en las cárceles”.

Vulnerabilidad social antes de la cárcel

Los datos recopilados en 2025 configuran un perfil marcado por la exclusión social previa al ingreso al sistema penitenciario. El 87,1% de las mujeres declaró no contar con una calificación laboral formal al momento de ser privada de libertad, desempeñándose mayoritariamente en oficios no calificados o sin actividad económica estable.

A ello se suma un uso intensivo de la prisión preventiva: el 45% de las internas permanece imputada, sin condena definitiva. Esta cifra supera en 11,1 puntos porcentuales la registrada en hombres, lo que evidencia una aplicación desproporcionada de esta medida cautelar en mujeres.

En materia delictual, estudios académicos indican que el 59% está encarcelada por delitos vinculados a drogas, principalmente microtráfico, mientras que solo un 4,5% cumple condena por delitos graves.

En paralelo, la población femenina extranjera aumentó un 105% en cuatro años y hoy representa el 23,4% del total de mujeres privadas de libertad. De ellas, el 46% corresponde a personas de nacionalidad boliviana.

Hacinamiento y precariedad institucional

La presión sobre el sistema penitenciario alcanza niveles críticos. Entre 2021 y 2025, la población penal general creció un 60%, mientras que la capacidad de plazas solo aumentó un 1,6%.

Como resultado, el uso de la capacidad operativa pasó de un 92,7% a un 146,9% en cuatro años, consolidando un escenario de hacinamiento estructural.

Esta situación tensiona el trabajo de Gendarmería de Chile y profundiza la vulnerabilidad de quienes aún no cuentan con sentencia definitiva.

Al respecto, Oberti advierte que “el hacinamiento crítico agrava las condiciones de quienes aún no tienen sentencia y multiplica las capas de vulnerabilidad”.

El informe concluye que el crecimiento sostenido del encarcelamiento femenino, sin políticas diferenciadas ni mejoras estructurales, amenaza con profundizar una crisis que impacta no solo a las mujeres privadas de libertad, sino también a miles de familias en todo el país.