Mujeres: ¿deben cambiar sus opciones de estudio?

La Fiscalía Nacional Económica acaba de cerrar un estudio de mercado sobre educación superior que analiza el sector desde la lógica de competencia. El informe revisa cómo se organiza el sistema, la información disponible para estudiantes y familias al momento de elegir, y qué incentivos enfrentan las instituciones de educación. A partir de ese diagnóstico, propone recomendaciones orientadas a mejorar el desempeño competitivo.

El ejercicio constituye un paso importante. Mayor transparencia y mejores herramientas de orientación pueden reducir las asimetrías y fortalecer la rendición de cuentas. Se concluye que el sistema requiere información más robusta, especialmente la que permita evaluar trayectorias educativas y resultados.

Sin embargo, el informe también presenta conjeturas problemáticas relacionadas con algunos resultados, que ameritan una reflexión crítica, especialmente en materia de brechas de género.

El estudio utiliza el Valor Presente Neto (VPN) para aproximar el valor privado de estudiar, contrastando ingresos futuros esperados con costos de matrícula y arancel. Esto puede contribuir a la orientación vocacional, siempre que se entienda qué mide. Al interpretar el cálculo técnico, se observa que las mujeres tienden a concentrarse en programas con menores retornos estimados, de lo cual se podría inferir que hacen una mala elección, o que hay poca claridad en la toma de decisiones. Esa conclusión parece atractiva por su simplicidad, pero requiere profundizar en su interpretación.

El análisis que se realiza en relación con los “retornos negativos para mujeres” resulta problemático. Chile tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de la OCDE (lugar 29 de 38 países). Según datos del INE, las mujeres con educación superior completa participan en el mercado laboral formal a una tasa del 79%, comparado con solo 52% con educación secundaria completa y 27% con educación básica incompleta. En este contexto, urge subrayar “la importancia de fortalecer los mecanismos de orientación vocacional y de ampliar el acceso a información comparativa, verificable y personalizada sobre los retornos económicos de las distintas alternativas formativas” puede entenderse en la línea de los objetivos y alcances del estudio, pero representa una mirada parcial. Para muchas mujeres, la educación superior no es una inversión en ingresos, sino, antes que eso, la condición que permite entrar al mercado laboral.

Interpretar que las mujeres requieren “informarse mejor” para evadir carreras con menores retornos monetarios ignora tres realidades fundamentales. Si se analiza el retorno solo mirando salarios de quienes ya están empleadas, se subestima el efecto más importante: habilitar la participación y la trayectoria laboral. Primero, la inclinación de las mujeres por carreras que tienen menor remuneración replica el paradigma de estereotipos de género por áreas del conocimiento, especialmente en la educación escolar: “las niñas son mejores en humanidades y los niños en las STEM”.

En esa línea, la elección vocacional representa una tendencia social estructural que no ha sido analizada. En segundo lugar, las mujeres ocupan roles socio-culturales desde los que pueden estar valorando legítimamente beneficios no monetarios que los indicadores no capturan: flexibilidad horaria, estabilidad, satisfacción vocacional o aporte social percibido. En tercer lugar, una parte relevante de la brecha salarial responde a discriminación y segmentación del mercado laboral. Según la Dirección del Trabajo, las mujeres ganan en promedio 28,7% menos que los hombres en grandes empresas, y esta brecha aumenta con el nivel educativo. En ese sentido pareciera ser válido preguntarse si la brecha salarial responde a una “elección” de las mujeres.

Este matiz no es retórico, es decisivo para no diseñar políticas equivocadas. Una lectura incompleta puede terminar por recomendar que las mujeres corrijan sus decisiones hacia carreras de mayor retorno monetario. Pero eso elude el hecho central: el retorno observado refleja el funcionamiento del mercado laboral, sus segmentaciones y penalizaciones, más que la fundamentación de las decisiones de carrera. Si hay brechas persistentes, la sugerencia no puede limitarse a “cambien sus elecciones”, debe incluir medidas que reduzcan discriminación y amplíen oportunidades reales de trayectoria.

La discusión sobre retornos tampoco puede dejar fuera los beneficios no pecuniarios de la educación superior, ampliamente documentados: mejores indicadores de salud, mayor participación cívica, mayor bienestar subjetivo personal y para su entorno y descendencia. Cuando estas dimensiones se ignoran, el sistema queda evaluado con una sola vara que suele castigar precisamente a sectores con alto componente social, muchas veces feminizados, donde el aporte es realmente significativo, aunque el salario sea relativamente menor.

El referido informe es una valiosa contribución para abordar esta discusión con mejores datos, más transparencia, pero también con mayor amplitud interpretativa. El desafío no es que las mujeres se informen mejor, sino, construir un mercado laboral que no penalice trayectorias y reconozca la diversidad de preferencias legítimas, además de mirar nuevamente a una educación inicial que fomente la participación de niñas y niños en todas las disciplinas. Si no hacemos ese giro, corremos el riesgo de usar indicadores económicos como si fueran la única guía o señal aceptable para una adecuada elección en educación superior.