Denunciar y ser expuesta: cuando la violencia también se vuelve pública

El quiebre entre Yamila Reyna y Américo —más allá del interés mediático propio de las figuras públicas— volvió a instalar una pregunta incómoda pero urgente: qué ocurre cuando una mujer denuncia violencia y su relato termina circulando fuera del espacio que debía protegerlo.

El caso es referencial. Lo relevante no es el detalle específico, sino el fenómeno que expone: la tensión entre el interés informativo, la responsabilidad de los medios y el derecho de las víctimas a no ser revictimizadas.

Porque denunciar violencia no es solo un acto legal. Es un acto profundamente humano, emocional y vulnerable. Implica recordar, narrar y formalizar el daño. Implica exponerse. Y el sistema jurídico —al menos en su diseño— reconoce esa fragilidad.

En Chile, el marco normativo ha avanzado en los últimos años. La Ley 21.675, Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, amplía el reconocimiento de las formas de violencia y de los vínculos en que puede ocurrir, incluyendo relaciones afectivas sin convivencia, como el pololeo. Además, establece principios como la no revictimización y el deber del Estado de proteger la dignidad de quienes denuncian durante todo el proceso.

A esto se suma el principio de reserva de la investigación penal, que limita la difusión de antecedentes mientras una causa está en curso. La lógica es clara: proteger la investigación, pero también proteger a las personas.

Sin embargo, cuando fragmentos de una denuncia formal se transforman en contenido mediático, esa protección se vuelve frágil.

El debate se volvió especialmente visible tras la emisión del programa Primer Plano, donde se difundieron partes del relato contenido en la denuncia. En ese mismo espacio se defendió la decisión editorial argumentando que, si cierta información no se hiciera pública, nunca se conocerían casos relevantes para el país —mencionando, por ejemplo, el caso Hermosilla— como evidencia de que la exposición mediática puede cumplir un rol fiscalizador.

El argumento no es menor. El periodismo de investigación ha sido históricamente clave para revelar abusos de poder, corrupción y delitos de interés público. Pero precisamente por eso requiere un criterio claro: no toda información filtrada cumple el mismo estándar de relevancia pública.

Y ahí está el punto crítico.

El abogado de Yamila Reyna, en otra aparición televisiva —esta vez en el matinal de Canal 13— fue categórico: este caso no tiene la relevancia ni el interés público que justificaría la difusión de detalles de la denuncia. No se trata de corrupción estatal, uso de recursos públicos ni abuso de poder institucional. Se trata de una denuncia por violencia en el ámbito de una relación personal.

La comparación, entonces, abre una pregunta ética inevitable: ¿puede equipararse la exposición de una denuncia de violencia interpersonal con la revelación de hechos que afectan el funcionamiento del Estado o la probidad pública?

Probablemente no. Y cuando esa distinción se diluye, el riesgo es que el criterio periodístico sea reemplazado por el impacto mediático.

El periodismo tiene un rol esencial en visibilizar la violencia de género. Pero informar no es lo mismo que exponer. Existe una diferencia entre contextualizar un caso y difundir detalles íntimos del episodio violento vivido por una persona.

Cuando la información sensible se convierte en espectáculo, el foco deja de estar en el fenómeno estructural —la violencia— y se traslada al consumo del episodio. El relato deja de ser parte de un proceso judicial y pasa a ser material narrativo… Ahí aparece la revictimización.

No siempre ocurre con intención explícita. Pero ocurre cuando la persona afectada vuelve a ser expuesta, interpretada o juzgada públicamente a partir de su experiencia traumática. Cuando su historia circula sin control, sin resguardo y sin considerar sus consecuencias.

La violencia, entonces, no termina en la agresión denunciada. Se extiende al espacio simbólico.

Las cifras muestran que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema persistente en Chile. Y aun así, muchas no denuncian. Entre las razones más frecuentes aparece el miedo: a represalias, a no ser creídas, a la exposición social… y a perder el control sobre la propia historia.

Cuando una denuncia termina filtrada, comentada o convertida en contenido, ese temor se vuelve comprensible. El costo percibido de denunciar aumenta. Y la confianza en el sistema se debilita.

Este debate no es sobre una pareja específica. Es sobre el estándar ético con el que tratamos la violencia en el espacio público.

Chile ha avanzado en reconocer la violencia en distintos tipos de relaciones, incluido el pololeo. Ha avanzado en instalar el principio de no revictimización. Ha avanzado en ampliar la protección legal.

Pero las normas no bastan si el entorno social —incluido el ecosistema mediático— sigue transformando el relato de la violencia en material de consumo.

El derecho a informar es esencial en democracia. Pero también lo es el derecho a la dignidad. Y cuando ambos entran en tensión, el criterio no puede ser solo cuánto impacto genera una historia, sino cuánto daño puede provocar su exposición.

Denunciar debería ser un camino hacia la justicia. No una segunda forma de exposición. Porque cuando la violencia se vuelve pública sin resguardo, el mensaje que queda flotando —silencioso, pero potente— es que hablar también tiene un costo.

Y ese es un mensaje que ninguna sociedad que aspire a proteger realmente a las mujeres debería normalizar.