De deliberación entusiasta a la desolación pragmática: la política cultural en el gobierno de Boric

Entre 1987 y 1989, Pierre Bourdieu dictó una serie de cursos en el Collège de France sobre cómo la lógica burocrática del Estado se forjó en la modernidad. En sus sesiones no solo analizó cómo las personas que ejercen su función en el servicio público se ven enfrentadas a dilemas sobre el bien común, sino también demostró que, incluso las acciones que se presentan como ajenas al cálculo económico, responden a intereses específicos y socialmente construidos.

En estas lecciones, publicadas como “El interés detrás del desinterés” (Siglo XXI, 2024), Bourdieu ofrece una herramienta crítica para comprender las lógicas de poder que atraviesan la producción cultural y el funcionamiento de las élites intelectuales, desmontando la falsa oposición entre interés y desinterés, y avanzando así en su crítica de que las decisiones en política cultural se rigen por un “desinterés” puro.

Las políticas culturales en el gobierno de Gabriel Boric son un claro ejemplo de esta tesis. Al revisar sus cuatro años de gobierno, es posible señalar que éstas serán recordadas por su experimentación y vaivén programático: partieron con un entusiasta plan de trabajo sustentado en los andamiajes deliberativos de la democracia cultural y terminó con un pragmatismo puro, caracterizado por defender los más clásicos esquemas de consumo de bienes y servicios culturales. Analicemos esta trayectoria.

En los primeros meses del gobierno de Boric emergieron, entre las y los agentes culturales, sendas discusiones sobre sus propuestas en el ámbito: el fortalecimiento estratégico del programa Puntos de Cultura fue uno de ellos, así como también el Estatuto del Trabajador Cultural.

En un contexto donde los efectos de la pandemia daban cierto margen de maniobra, la tarea en el espacio cultural se volvía más compleja y llena de dificultades. Bajo la gestión de Julieta Brodsky, en efecto, se experimentaron errores e inexperiencia política, pero la deliberación sobre las políticas culturales que se gestaron en esos 12 meses de gestión alimentó interrogantes y debates en una esfera cultural local fuertemente debilitada, pero atenta en pensar nuevos horizontes programáticos.

El paréntesis inesperado de Jaime De Aguirre fue un desconcierto general y sirvió más bien como una bisagra programática. Esta designación estratégica-comunicacional —pensada para “televisar” los cincuenta años del Golpe Militar— derivó, rápidamente, en la figura de Carolina Arredondo, una profesional del campo cultural que no figuraba en el radar de las políticas culturales y que retomaba la vieja usanza de rostros en la institucionalidad cultural nacional.

La elección de Arredondo cambió radicalmente la dirección que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio había tomado con Brodsky. El pragmatismo se tomó las cámaras y la atención comunicacional, alcanzando una estabilización política necesaria y bien recibida por el segundo piso de La Moneda. No hay duda de que, en este segundo tiempo, la cartera alcanzó metas importantes, como la unificación de partidas presupuestarias dispersas y la creación de planes y programas que se consideraban impensados técnica y políticamente.

Al desvanecimiento de las ideas y teorías de la democracia cultural se pasó a adoptar, sin mayor cuestionamiento, las propuestas internacionales de la UNESCO. La arquitectura discursiva de la “cultura como bien público mundial” ha servido al MINCAP como un insumo difuso e inútil para nuestro contexto.

Lo mismo puede decirse del slogan de los derechos culturales, reforzando, por ejemplo, que la creación de los “Trenes Culturales” es un reflejo de su operatividad.

Esto olvida, sin embargo, el diagnóstico crítico que la relatora especial de Naciones Unidas, Alexandra Xanthaki, señaló el año pasado sobre el caso chileno: en Chile “no existe un marco jurídico genérico que reconozca el derecho de todos a participar en la vida cultural y, por lo tanto, no hay garantías jurídicas para los derechos culturales”.

Antes que resolver esta urgencia legislativa —como lo han hecho varios países de la región—, el gobierno optó por “repartir cultura” a sus ciudadanos, fomentando así el componente más superficial e inocuo de los derechos culturales.

Una de las dimensiones clave de las políticas culturales contemporáneas es el uso de evidencia para la toma de decisiones. En este aspecto, este segundo tiempo del gobierno también sembró dudas.

Dos ejemplos.

El primero dice relación con la afirmación, ampliamente difundida por el MINCAP de que las y los chilenos leen 5,5 libros al año por gusto u ocio. Al revisar los datos de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector (ENPCCL 2024), hay sorpresas interesantes de comentar. La pregunta fue la siguiente: “Sin contar los libros que ha leído por estudio o trabajo ¿Cuántos libros ha leído en los últimos 12 meses?”

El MINCAP olvida señalar que, de las y los encuestados, el 45,5% indicó no leer un libro en el año (esto según datos ponderados —si se revisan los datos sin ponderar, el 81% de las y los encuestados afirmó no haber leído un libro el último año) y, para obtener el 5,5, eliminó del cálculo los “0” que corresponden a ese porcentaje.

Pero hay otro dato más: hubo una persona que señaló leer 500 libros en el año, otro que leyó 364 y tres 300. Si bien es plausible que esas personas leyeran esa cantidad de libros en 12 meses, es evidente advertir que esa cifra “infla” el número final. Un valor metodológicamente más serio indicaría que la cifra se acercaría a 2,9 libros por año.

Algo similar ocurre con el análisis comparativo de las encuestas 2017 y 2024: se olvidan del resto de las encuestas históricas (2005, 2009, 2012) que señalan que el acceso a las diversas ofertas culturales sigue en niveles bajos y que, en años anteriores, el consumo cultural de las y los chilenos era incluso mayor que en el presente. Ahora bien, esto es, evidentemente, un detalle metodológico, pero es importante al analizar los comunicados celebratorios e inexactos emitidos por el MINCAP y que sirven poco para el diseño de nuestras políticas culturales.

En efecto, los diagnósticos sustentados en evidencia son clave para la institucionalidad cultural actual. Al revisar las políticas sectoriales publicadas hace unas semanas, y como segundo ejemplo, es claro advertir que no utilizan, en sus análisis y diagnósticos, evidencia empírica alguna de la ENPCCL 2024 (la encuesta más cara en la historia de las políticas culturales chilenas).

Tanto la Estrategia Quinquenal Nacional 2024-2029 como las políticas sectoriales 2025-2030 prescindieron totalmente de los análisis sobre qué efectos tuvo la (post)pandemia en las prácticas culturales de las y los chilenos. Si bien se diseñaron con criterios participativos llevados adelante por consultoras privadas, el apuro pragmático primó sobre la elaboración compleja de planes y programas para las artes en Chile.

Este mismo argumento puede señalarse de uno de los programas “estrella” de la gestión de Boric: el “Pase Cultural”. Presentado el 18 de julio de este año en el Centro Cultural Gabriela Mistral —sin ningún potencial beneficiario del plan entre las y los invitados—, esta política tenía evidencia de sobra para su no implementación. Es más, ya en el segundo gobierno de Sebastián Piñera se descartó su idea por bajo respaldo empírico y nulo impacto social.

Sin embargo, la gestión de Boric decidió llevarlo adelante con un esquema de asignación altamente complejo. Hasta hace unas semanas, y según información disponible solicitada por transparencia, su ejecución presupuestaria era de cerca del 11%. Hasta el 3 de noviembre, 60 mil personas habían “activado” —no usado— su Pase Cultural. Al 22 de octubre del presente año, 6.746 personas lo habían utilizado. Su mayor uso ha sido en la compra de libros, cines y servicios de recreación, y la mayoría concentrado en la Región Metropolitana. Hasta la fecha, es interesante ver cómo librerías y cines privados lo promocionan con alto interés.

Si seguimos con cifras disponibles por transparencia, bajo el gobierno de Gabriel Boric las solicitudes de audiencias por la Ley del Lobby a autoridades de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes alcanzaron un peak histórico. Al revisar los motivos de su solicitud, las peticiones son diversas y muchas veces tienen que ver con el apoyo y financiamiento de proyectos que, por diversas razones, no lo han tenido.

Es interesante ver cómo el campo cultural sigue carente de recursos y apoyos sostenidos, a pesar de entregar premios y reconocimientos a personalidades vitales para las artes nacionales. De la misma forma, en la suma de preocupaciones de la sociedad actual, los asuntos de la cultura no se perciben como un asunto relevante o urgente. Lo mismo queda claro con los resultados de la ENPCCL 2024: se mantiene la persistencia de desigualdades estructurales en el acceso y participación cultural.

Por su parte, las desigualdades de género y brechas salariales siguen operando fuertemente. Y, finalmente, no se sabe bien cuáles serán las consecuencias para las políticas culturales bajo el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Hay muchos desafíos que quedan pendientes.

Cuando se escriba sobre las políticas culturales en el gobierno de Gabriel Boric será fácil describir el aumento por reagrupamiento presupuestario del MINCAP. Lo mismo podrá decirse de la implementación de los Puntos de Cultura. Y, por qué no, también del impulso por aumentar el consumo cultural de las y los ciudadanos: se desplegaron esfuerzos importantes en “llevar cultura” a las regiones y regalar, con aporte de privados, libros de Gabriela Mistral.

Pero, al mismo tiempo, será difícil, en su cierre, identificar una idea histórica y cultural propia que sirva para describirlo. Siguiendo las ideas de Bourdieu, lo que suele presentarse como promoción del acceso, democratización o apoyo a la cultura responde también a intereses específicos —de consagración, definición de lo culturalmente valioso, estabilización de jerarquías estéticas o profesionales— que operan bajo la forma del desinterés.

En este sentido, me temo que, en la última parte del gobierno de Boric, la cultura se ejecutó como una “desolación pragmática” que olvidó que éste era un proyecto colectivo y donde la cultura era una herramienta de deliberación pública. El pragmatismo de su cierre tuvo un objetivo claro: mantenerse en el poder protegiendo el interés de unos pocos.