Qué piensa el emisario ambiental de Kast

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¡Hola! En el mundo climático y ambiental, no siempre los grandes hitos son los que definen el rumbo. Casi siempre los movimientos suelen ser más sutiles: aquello que avanza en silencio, lo que se debilita sin que nadie lo note, los descubrimientos que iluminan el bosque y los cambios inesperados en la dirección del viento, cuando entramos en una nueva fase de transición política.

Este número de Juego Limpio nace precisamente de esa intuición: hay que mirar donde no se mira.

• Partimos con una advertencia que atraviesa fronteras: el abandono silencioso de iniciativas de conservación. Un fenómeno esquivo, pero con efectos enormes, que revela que muchos de los proyectos que el mundo contabiliza como “avances” llevan años sin funcionar realmente. El nuevo estudio publicado en Nature Ecology and Evolution pone el dedo en una herida incómoda: proteger ya no basta; hay que asegurar que esa protección perdure.

• En paralelo, nos detenemos en una figura que podría marcar el futuro ambiental del país: Ricardo Irarrázabal, abogado, académico y posible ministro del Medio Ambiente en un eventual Gobierno de José Antonio Kast. Sus críticas a la permisología, su defensa férrea de la certeza regulatoria y su visión del SEIA –especialmente a propósito de Dominga–, dan pistas claras de la mirada que podría desembarcar en la institucionalidad ambiental.

• Luego viajamos a las playas del Norte Chico, donde un estudio sin precedentes –728 días de observación diaria– desentraña el origen real de la basura que aparece tras lluvias y vientos fuertes. El hallazgo es tan incómodo como revelador: la contaminación costera proviene, en buena parte, de nuestras propias calles. Y también demuestra algo esperanzador: la limpieza colaborativa transforma no solo un borde costero, sino la relación entera entre comunidad y ecosistema.

• Desde allí pasamos al mundo energético, donde el último informe de competencia del Coordinador Eléctrico Nacional expone distorsiones que llevan años encareciendo las cuentas de luz y frenando la transición renovable. Sobreprecios del régimen PMGD, pagos por potencia a centrales diésel ineficientes y generación a gas inflexible componen un cuadro que ya no solo afecta a las industrias: lo pagamos todos.

Y cerramos mirando hacia el mar abierto, donde las ballenas –esos gigantes que solemos imaginar solo como símbolos de belleza o fragilidad– revelan un rol inesperado: el de fertilizadoras del océano. Ahora que comienza el avistamiento de ballenas en el Archipiélago de Humboldt, llega un estudio internacional que explica cómo sus desechos pueden aumentar la productividad del fitoplancton en un 10%, sostener cadenas tróficas completas y transportar nutrientes entre hemisferios. Una de esas historias que nos recuerdan que la naturaleza siempre hace más de lo que vemos.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos al grano. Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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El error que nadie ve: el abandono silencioso de las medidas de conservación

Mientras en Brasil las negociaciones de la COP30 debatieron por días cómo acelerar la acción climática, un riesgo menos visible –pero igualmente decisivo– se abrió paso entre los acuerdos y promesas globales: el abandono silencioso de las medidas de conservación, un fenómeno que está erosionando los avances declarados y comprometiendo las metas de protección ambiental fijadas para 2030.

Un nuevo estudio publicado en Nature Ecology and Evolution, desarrollado por científicos del Imperial College London, la Universidad de Kent, la Universidad de Sídney y el Instituto Milenio SECOS, revela que cientos de iniciativas destinadas a resguardar ecosistemas terminan debilitándose, reduciendo su alcance o, simplemente, quedando inactivas sin que el mundo lo note.

Este abandono –advierte el estudio– está oculto a plena vista. Muchas iniciativas continúan figurando como activas en informes nacionales e internacionales, aun cuando dejaron de cumplir con sus objetivos hace años. El resultado es una sobrestimación global de los avances en conservación justo cuando los países se comprometieron, bajo el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, a proteger el 30% del planeta antes de que termine la década. “Estamos viendo un impulso global enorme para ampliar la acción de conservación, pero entendemos muy poco sobre cuánto tiempo perduran esas medidas”, advierte el investigador Tom Pienkowski, uno de los líderes del estudio. “Este es un gran punto ciego en la política y la ciencia de la conservación”, agrega.

La crisis es transversal. El abandono ocurre en áreas protegidas estatales, en programas privados y también en iniciativas comunitarias, donde el monitoreo es incluso más difícil. En Chile, el estudio revela que el 22% de los convenios territoriales entregados a organizaciones de pescadores artesanales entre 1998 y 2021 fueron suspendidos por incumplimientos o falta de continuidad. Para María Ignacia Rivera, investigadora SECOS y coautora, estas cifras muestran brechas graves en la política pública, pero también oportunidades para reforzar el apoyo a las comunidades que buscan proteger los ecosistemas costeros. “Sin documentar estos patrones, corremos el riesgo de sobrestimar los logros de conservación y perder oportunidades para mejorar la toma de decisiones”, advierte.

La urgencia se vuelve todavía más evidente frente a la escala temporal de la naturaleza. “La evidencia sugiere que al menos un tercio de las iniciativas son abandonadas después de solo un par de años”, explica Matt Clark, de la Universidad de Sídney. Pero recuperar ecosistemas degradados puede tomar décadas, un desfase que amenaza con vaciar de contenido los anuncios climáticos celebrados en cumbres internacionales. Lo que se abandona hoy, podría tardar generaciones en recuperarse.

Frente a este escenario, los investigadores piden una reforma profunda: crear un sistema global que monitoree el abandono, estudiar sus causas, diseñar estrategias que anticipen estos riesgos y asegurar financiamiento estable para que las iniciativas no se desvanezcan antes de generar impacto. También llaman a fortalecer políticas centradas en resultados y no solo en la creación de nuevas áreas protegidas sobre el papel. Las advertencias llegan en un contexto político complejo, marcado por la retirada de algunos países de acuerdos internacionales y recortes en fondos públicos para conservación, como ha ocurrido en Brasil y Estados Unidos.

La tensión es clara: el mundo corre contra el tiempo para cumplir sus compromisos climáticos y de biodiversidad, pero las bases mismas de esa carrera –las medidas de conservación– están debilitándose sin que existan mecanismos globales para rastrear su retroceso. El estudio deja una advertencia que resuena más allá de la COP30: proteger no basta; hay que garantizar que esa protección perdure.

Ricardo Irarrázabal, minera Dominga y el nuevo eje ambiental de Kast

El abogado Ricardo Irarrázabal, en el caso de ganar las próximas elecciones presidenciales José Antonio Kast, muy probablemente sea su ministro del Medio Ambiente, cargo que hoy ocupa la climatóloga Maisa Rojas. ¿Pero qué piensa Irarrázabal? Su enfoque se centra fundamentalmente en el desarrollo productivo, para el cual aboga por marcos regulatorios claros que no inhiban la inversión.

Columnista frecuente de El Mercurio y de revistas mineras, Irarrázabal se cuida de emitir posturas políticas, pero de la lectura de sus opiniones se puede construir para Juego Limpio su línea de base, por la cual es posible adelantar su horizonte de gestión.

Abogado, académico y exsubsecretario de Energía y del Medio Ambiente de Piñera, su nombre aparece con frecuencia cuando se discuten reformas al sistema de evaluación ambiental, controversias de alto impacto como Dominga o los desafíos pendientes de la Ley 19.300 a más de tres décadas de su promulgación. Su sello: una defensa sostenida de la certeza regulatoria, de la distinción entre criterios técnicos y políticos y de la estabilidad institucional como pilar del desarrollo sostenible.

En cuanto al megaproyecto minero y portuario, Irarrázabal criticó duramente al Comité de Ministros cuando el 2017 rechazó la RCA de Dominga, luego que esta fuera aprobada por la Coeva. En ese momento su postura era la de judicializar el caso para revertir la decisión a través de tribunales ambientales, situación que en efecto han venido haciendo los titulares del proyecto desde que se inició la larga tramitación.

Su principal argumento fue que en esa decisión primó la “desprolijidad en la resolución final”. Su crítica se concentra en el procedimiento: que no respetaron los estándares técnicos del SEIA y que abrieron la puerta a criterios políticos.

El problema –plantean algunos de sus detractores– es que esa lectura deja fuera dimensiones centrales del conflicto: los impactos acumulativos en una zona de alta fragilidad, la falta de confianza de las comunidades y un historial de tensiones ambientales en el borde costero nortino. En ese terreno, su defensa de un esquema técnico puro puede parecer insuficiente frente a realidades más complejas que trascienden lo administrativo.

A su juicio, Chile debe garantizar seguridad regulatoria, especialmente en minería. Según él, cuando las reglas se interpretan de forma variable o cuando la autoridad no entrega señales consistentes, se deterioran tanto la inversión como la legitimidad del sistema.

En análisis recientes, es posible apreciar claramente una postura crítica a lo que se ha llamado la permisología. Si bien ha sostenido que los 30 años de la Ley 19.300 permiten apreciar avances significativos como institucionalidad ambiental autónoma, tribunales especializados y un sistema de evaluación que, con ajustes, sigue siendo funcional, su norte ha estado en advertir los “desvíos” que la normativa ha acumulado: procedimientos que se han vuelto excesivamente burocráticos, fiscalizaciones que requieren actualización ante nuevos escenarios industriales.

Lluvias, viento y descuido: así se llenan de basura las playas de Chile

Muestreo un día después de la lluvia del 12 de julio de 2023, donde cayeron 11 milímetros de agua. Créditos: Martin Thiel.

Un nuevo estudio chileno, titulado “Influence of rainfall and winds on the arrival of marine litter on two beaches in northern-central Chile” y publicado en Marine Pollution Bulletin, reveló cómo las lluvias y los vientos determinan la cantidad y el tipo de basura que llega a las playas del centro-norte del país.

• La investigación, realizada entre 2020 y 2024 en La Herradura y Changa, en la Región de Coquimbo, mostró que la presencia de residuos aumenta inmediatamente después de episodios de lluvia o de fuertes vientos, estableciendo un vínculo directo entre condiciones meteorológicas y contaminación costera.

El trabajo, liderado por la bióloga marina Josefa Araya-Campano y el investigador Martin Thiel –de la Universidad Católica del Norte y del Programa MarineGEO del Smithsonian–, se basó en un monitoreo diario realizado durante 728 días.

¿Por qué es importante? Porque hasta ahora no existe en el mundo un registro temporal tan extenso sobre basura marina. En total, se recolectaron 20.313 objetos, entre elementos de origen terrestre, como tapitas, encendedores y cubiertos plásticos, y objetos de origen marino, como mallas rojas y cordeles.

Los resultados mostraron diferencias claras entre los residuos según su origen. Tras las lluvias, la basura terrestre aumentó casi cinco veces, desde un promedio de 20 a más de 100 objetos por kilómetro por día, debido al arrastre desde calles, quebradas y sistemas de drenaje urbanos. En cambio, los objetos de origen marino estuvieron más influenciados por la dirección e intensidad del viento, especialmente cuando sopló con fuerza desde el mar hacia la costa.

Josefa Araya-Campano explicó a Juego Limpio que estos patrones permiten identificar el origen local de buena parte de la basura: “El hecho de que la basura aparezca inmediatamente después de una lluvia indica que gran parte de ella se origina en la misma zona. No viene flotando desde lejos, sino desde nuestras propias calles”.

• La iniciativa comenzó en 2020 como un ejercicio personal de Thiel durante la pandemia, cuando empezó a recolectar mallas rojas cada mañana. Con el tiempo sumó otros objetos y registró sus hallazgos en una bitácora, lo que dio origen al estudio de largo plazo.

A medida que avanzaba el proyecto, más personas se sumaron al esfuerzo de limpieza y al registro diario, lo que permitió mantener la continuidad del estudio. Parte de los objetos recolectados fue utilizada en “Basu-Arte”, una exposición realizada en 2024 en playa La Herradura, que transformó los residuos en obras para invitar a la comunidad a reflexionar sobre su impacto ambiental.

Clave: el estudio concluye que la contaminación en las playas estudiadas proviene mayoritariamente de actividades locales y no de fuentes lejanas, por lo que recomienda fortalecer la gestión municipal del borde costero, priorizar la prevención por sobre la limpieza y reforzar la fiscalización de la Ley 21.368 sobre plásticos de un solo uso. Los investigadores destacan que, durante el periodo del estudio, La Herradura llegó a convertirse en una de las playas más limpias del país, hecho impulsado por la participación espontánea de vecinos que replicaron la iniciativa de recolección diaria.

Las distorsiones eléctricas que dificultan la transición energética

Un reciente informe de la Unidad de Monitoreo de la Competencia (UMC) del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) encendió nuevamente las alertas sobre las distorsiones estructurales que arrastra el sistema eléctrico chileno: mecanismos que elevan los costos, debilitan la competencia y ralentizan la integración de energías renovables.

La Asociación de Generación Renovable (AGR) advirtió que los hallazgos confirman la urgencia de corregir un diseño normativo que ya no responde a las necesidades del sector y que está impactando directamente a los consumidores.

¿Qué dice el informe? Primero, detalla que el régimen de precio estabilizado de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) continúa generando sobreprecios significativos.

• Entre enero y junio de 2025 se pagaron $90.974 millones en compensaciones por la diferencia entre el precio estabilizado y el costo marginal. Desde 2020, esa cifra asciende a $628.320 millones, concentrada principalmente en tecnología solar. El documento confirma que el precio estabilizado tiende a estar sistemáticamente por encima del costo marginal, especialmente en horas de mayor generación fotovoltaica, incentivando comportamientos que no reflejan los costos reales del sistema.

A ello se suma un problema más grave: impactos operacionales derivados de estas mismas instalaciones. La UMC detalla que durante la falla del 25 de febrero de 2025, cerca de 740 MW de PMGD se desconectaron de manera incorrecta, impidiendo la ejecución de los esquemas automáticos de defensa y ampliando el apagón. Para los analistas, este episodio demuestra que el régimen no solo distorsiona precios: también pone en riesgo la seguridad del sistema eléctrico.

• El informe también apunta a los pagos por potencia, un mecanismo que continúa beneficiando a centrales diésel antiguas y de baja eficiencia. Estas unidades reciben remuneraciones relevantes pese a operar muy por debajo de su capacidad instalada y aportar poco a la operación real. Según la UMC, el diseño actual –que remunera disponibilidad teórica sin considerar antigüedad, eficiencia o desempeño en condiciones de falla– constituye una distorsión estructural contraria a la operación económica del sistema, que desplaza tecnologías más limpias y eficientes.

Otro punto crítico es la generación a gas inflexible, que obliga a despachar unidades térmicas incluso cuando hay energías renovables disponibles a menor costo. Esta condición, originada en contratos rígidos y restricciones técnicas, provocaría desplazamientos de generación renovable, a la vez que incrementa vertimientos de energía limpia y altera los precios spot.

• El resultado, nuevamente, es un sobrecosto que terminan pagando los usuarios finales, además de una menor penetración de energías renovables en momentos clave.

Para la AGR un diagnóstico crítico es ineludible: el sistema eléctrico soporta sobrecostos evitables producto de mecanismos regulatorios desactualizados.

¿Cuáles serían las posibles soluciones para el gremio de las renovables?

• Avanzar con urgencia hacia un régimen PMGD basado en costos reales.
• Una reforma al esquema de potencia que premie la disponibilidad efectiva y el aporte operativo.
• Y la eliminación de inflexibilidades térmicas que encarecen la operación y limitan la transición energética.

Las ballenas: las jardineras ocultas del océano

Ahora que en buena parte del Archipiélago de Humboldt, en el norte de Chile, parte la temporada del avistamiento de ballenas y se fortalece el ecoturismo científico, viene bien conocer uno de los últimos estudios de cetáceos que revelan que estos enormes mamíferos fertilizan los océanos. Y lo hacen con tal eficiencia que pueden aumentar el fitoplancton –la base de toda la vida marina– hasta en un 10% durante el verano. Todo gracias a un ingrediente que nunca imaginamos como clave para el equilibrio planetario: sus desechos.

• La imagen puede no ser glamorosa, pero es poderosa. Una ballena minke libera cada día unos 8 kilos de materia fecal seca y más de 100 litros de orina. En especies mayores –por ejemplo, la ballena fin–, como las que se ven en Chañaral de Aceituno, estas cifras se disparan. Y lo que excretan no es cualquier cosa: sus heces están llenas de fósforo, hierro y metales traza, mientras que su orina aporta nitrógeno. Una mezcla perfecta para desencadenar el renacimiento microscópico del mar en lugares donde los nutrientes escasean.

¿Por qué importa? Porque en verano, el Atlántico Norte recibe luz en abundancia, pero muy pocos nutrientes llegan a la superficie. Sin ríos ni corrientes profundas que nutran estas aguas, el océano se empobrece justo cuando el fitoplancton más lo necesita. Ahí entran las ballenas: se alimentan en profundidad, suben a respirar y excretan nutrientes exactamente donde hace falta. Como si fueran jardineras marinas, liberan fertilizante natural sobre un manto de agua estancada, permitiendo que la vida microscópica florezca.

• La investigación internacional, liderada por la científica Carla Freitas en aguas de Noruega e Islandia, lo demuestra con claridad: los ligandos orgánicos presentes en las heces permiten que el hierro –un elemento extremadamente escaso– permanezca disuelto y disponible. Ese detalle químico, casi poético, sostiene buena parte de la productividad marina. Y cuando el fitoplancton revive, todo el ecosistema responde: más zooplancton, más peces, más alimento para aves, focas y mamíferos marinos. Un simple aporte de nutrientes que puede desencadenar un movimiento ascendente en toda la cadena trófica.

El fenómeno es especialmente relevante en zonas cercanas al hielo estival, donde el cambio climático está alterando la circulación oceánica. Allí, una ballena puede marcar la diferencia entre un mar empobrecido y uno rebosante de vida. Pero las ballenas no solo fertilizan: transportan nutrientes entre hemisferios enteros. Durante sus migraciones a aguas tropicales, llevan consigo miles de toneladas de nitrógeno hacia regiones donde ese elemento vale oro ecológico.

Este “corredor nutricional” global es uno de los mecanismos más subestimados del planeta. Los modelos de 2025 ya sugieren que estas transferencias biológicas conectan ecosistemas distantes y sostienen redes tróficas que nunca imaginamos relacionadas.

Así, mientras discutimos políticas de conservación o estrategias climáticas, los gigantes del océano siguen haciendo su trabajo ancestral: comer, migrar… y alimentar el planeta. Una lección de ecología profunda que nos recuerda, una vez más, que la naturaleza rara vez tiene un solo propósito. Las ballenas no solamente ocupan el mar: lo hacen florecer.

Breves medioambientales que sí importan

Comunidad de Socaire rompe diálogo con Ministerio del Medio Ambiente por Red de Salares Protegidos

La Comunidad Atacameña de Socaire suspendió su participación en la consulta indígena sobre la Red de Salares Protegidos (RSP), acusando al Ministerio del Medio Ambiente de impulsar un proceso “centralista, inconsulto y contrario al marco jurídico indígena”. La Asamblea General rechazó por unanimidad la contrapropuesta estatal, argumentando que vulnera derechos territoriales ancestrales, afecta procesos de saneamiento y desconoce acuerdos construidos durante dos años de trabajo técnico y jurídico.

El conflicto se agudizó por la situación de Aguas Calientes III (Piedras Rojas), área clave para el turismo y la conservación comunitaria, donde el ministerio restringió el traspaso de tierras previamente comprometido. La comunidad sostiene que el Estado incumplió estudios, concesiones y compromisos formales, generando un quiebre de confianza institucional. Ante ello, Socaire exige una revisión completa del proceso y una mesa técnica vinculante que garantice una implementación de la RSP respetuosa de la ley, los derechos indígenas y su administración territorial histórica.

Fjällräven Classic Chile consolida a la Patagonia como epicentro del trekking responsable

El Fjällräven Classic Chile, que se realizará desde el 5 al 9 de diciembre en Torres del Paine, consolida a la Patagonia como un destino clave del trekking mundial, con una travesía de 73 kilómetros que combina autonomía, comunidad y sostenibilidad. Inspirado en el formato sueco nacido hace dos décadas, el evento invita a caminar con propósito, viajar ligero y respetar el entorno, en un recorrido autoguiado donde cada participante lleva su propio equipo mientras la organización entrega seguridad, educación y apoyo logístico.

Según Fjällräven, la Patagonia ofrece una cultura de gestión ejemplar para este tipo de experiencias, mientras actores locales destacan su impacto turístico, la proyección internacional y la coherencia con un visitante que busca conexión auténtica con el paisaje. El evento culminará en el Hotel del Paine, donde los caminantes encontrarán descanso y hospitalidad después de cuatro días en la montaña, reforzando el carácter transformador de una experiencia que promueve comunidad, cuidado ambiental y un turismo responsable que pone a Chile en el centro del mapa global del trekking.

La justicia climática toma el control

La COP30 cerró sin un acuerdo para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, pero un nuevo análisis del Climate Litigation Network muestra que, mientras la política tropieza, el litigio climático está redefiniendo la acción global: desde el histórico caso Urgenda en 2015 hasta fallos recientes en Brasil, Ecuador y la Corte Internacional de Justicia, los tribunales han impuesto obligaciones legales a gobiernos y corporaciones para reducir emisiones, impulsar metas más ambiciosas y convertir en exigible lo que antes era solo un imperativo moral.

Impulsados por jóvenes, pueblos indígenas y comunidades vulnerables, estos casos han creado una arquitectura legal que permite evaluar la suficiencia de los compromisos climáticos y responsabilizar a grandes contaminadores como Shell, RWE y Total. El desafío ahora es transformar estas victorias judiciales en recortes reales de emisiones, consolidando la justicia climática como una de las herramientas más poderosas para avanzar donde la diplomacia aún no logra resultados.

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