Caso Dominga: el fallo que propina un duro revés a Andes Iron, pero que no define nada
En el caso Dominga, cada resolución parece definitiva. Y, sin embargo, ninguna lo es.
Hoy se conoció la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que escribió un nuevo capítulo en la historia judicial más extensa —y más incierta— de la minería chilena y de la protección del medio ambiente, por cierto. Lo hizo con un fallo unánime que, en términos simples, le quitó el piso al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y golpeó una de las piezas centrales en la estrategia de viabilidad de Andes Iron para Minera Dominga.
Pero como ocurre desde hace más de doce años, lo que parece un desenlace es solo una curva más en el camino.
El golpe procesal
La Segunda Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Dinko Franulic, Eric Sepúlveda y Jaime Rojas— resolvió anular de oficio el procedimiento de cumplimiento incidental que había dictado el Tribunal Ambiental en febrero de 2025.
¿La razón? Se aplicó un procedimiento de ejecución “a un caso no previsto por la ley”, generando un vicio procesal que debía ser corregido.
En palabras simples, el Tribunal Ambiental no tenía atribuciones para forzar el cumplimiento de su propia sentencia.
Ese detalle jurídico, que a primera vista parece técnico, tiene efectos concretos y de gran alcance. La Corte sostiene que el Tribunal no estableció derechos a favor de las partes ni confirmó ni revocó la decisión del Comité de Ministros; simplemente anuló esa decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento. Al no haber puesto fin a la instancia, no podía exigir su ejecución.
No se trata —y esto es clave— de un pronunciamiento sobre si Dominga es ambientalmente viable o inviable. Se trata de competencias.
Y en este caso, la competencia lo es todo.
Retroceder en el tablero
El efecto inmediato del fallo, a juicio de varios expertos es claro. El proyecto minero sufre una estocada profunda, pero no vital. En concreto el proceso debe retrotraerse al momento en que el Comité de Ministros, durante el gobierno de Gabriel Boric, rechazó por segunda vez la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto. En otras palabras, este fallo fortalece la legalidad del segundo pronunciamiento del Comité de Ministros, que rechazó Dominga.
Visto en perspectiva, se trata de un revés significativo para Andes Iron, ya que la empresa ya había solicitado permisos sectoriales para iniciar obras. Ahora, según expertos, deberá retroceder. La pregunta es cuántos pasos hacia atrás implica ese retroceso. Y nadie lo sabe con certeza.
El fallo no cierra la puerta al proyecto. Tampoco la abre.
¿Victoria ambientalista?
En Punta de Choros y el Archipiélago de Humboldt —un ecosistema único, hábitat de pingüinos, ballenas y una biodiversidad que depende de sus aguas frías— la noticia fue recibida como un avance.
Pero sería prematuro hablar de triunfo definitivo, apuntan expertos.
Dominga no murió. Fue golpeada.
Como la historia desde un comienzo ha sido cíclica, es altamente probable -apuntan observadores imparciales- la empresa no se quedará inmóvil. La historia del proyecto así lo demuestra: cada vez que el proyecto parece arrinconado, encuentra una vía procesal para seguir en juego. Y cada vez que parece encaminado a obtener luz verde, el proyecto se contrae.
Es el eterno “loop judicial”.
La Suprema y el vacío
Hace algunos meses, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el Gobierno —a través del Servicio de Evaluación Ambiental— y por organizaciones ambientalistas. El máximo tribunal ha evitado -sucesivamente- pronunciarse sobre el fondo, argumentando que no se han agotado todos los recursos pendientes.
Expertos advierten que allí radica parte del problema: un diseño legal que permite una sucesión interminable de impugnaciones, anulaciones y retrocesos. No hay una última palabra. No hay cierre.
El resultado es una paradoja: un proyecto que lleva más de una década sin certeza jurídica, ni para quienes lo impulsan ni para quienes lo combaten.
Una historia que sigue
Dominga ha atravesado gobiernos de distinto signo político, cambios de gabinete, comités de ministros y múltiples resoluciones judiciales. Cada administración parece heredar el conflicto, no resolverlo.
El fallo de la Corte de Antofagasta no define el futuro del proyecto. Define el campo donde seguirá librándose la batalla.
Andes Iron deberá recalcular. Y la Corte Suprema, inevitablemente, volverá a aparecer en el horizonte.
Hasta ahora, las sentencias no clausuran historias: las prolongan.
Dominga sigue allí, suspendida entre el mar y su inagotable biodiversidad, y el modelo de desarrollo minero-portuario. Y si algo ha demostrado en estos doce años es que, en Chile, los conflictos ambientales estratégicos no se resuelven con un golpe de martillo judicial. Se administran en cuotas, en recursos, en apelaciones.
La pregunta ya no es quién ganó esta vez.
La pregunta es cuánto más puede durar esta historia.
