En entrevista con ‘La Mesa’ de El Mostrador Mercados, el académico de la Universidad de Chile y uno de los máximos expertos en el tema de libre competencia, apunta a que en una economía de libre mercado “si un directorio, o algún dueño de una empresa tan grande y tan relevante y tan profesionalizada dice que durante 10 años no sabía que se coludían con su principal competidor, o no es verdad o, si es verdad, habla muy mal de ellos, porque no están haciendo bien su trabajo”. Precisa que duda que SCA haya sido coaccionada a ser parte del cartel y defiende la delación compensada. Afirma que en Chile se están haciendo avances importantes: “Estamos detectando acuerdos claramente ilegales que por muchos años no había formas de detectarlos”.
El caso de la colusión del papel tissue ha remecido al mundo empresarial, al tiempo que ha gatillado una crisis al interior del Grupo Matte, el más rico y poderoso de Chile, de acuerdo a revista Qué Pasa y al ranking de la Universidad del Desarrollo.
El caso también ha generado un nuevo debate acerca del marco regulatorio existente y respecto a si la regulación actual es suficientemente dura para disuadir este tipo de prácticas. Mal que mal, el caso se destapó la misma semana en que la Corte Suprema ratificó las multas aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas acusadas en el caso de colusión de los pollos. El máximo tribunal del país confirmó que las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo deberán pagar en conjunto más de US$60 millones. Antes del caso de los pollos, estuvo el de las farmacias.
En una extensa entrevista con ‘La Mesa’ de El Mostrador Mercados, Aldo González, economista y director académico del Diploma en Regulación y Competencia del Magíster en Políticas Públicas de la FEN de la Universidad de Chile, apunta a la responsabilidad de Eliodoro Matte, así como al directorio de CMPC.
“Si un directorio o algún dueño de una empresa tan grande y tan relevante y tan profesionalizada dice que durante 10 años no sabía que se coludían con su principal competidor, o no es verdad o, si es verdad, habla muy mal de ellos, porque no están haciendo bien su trabajo”. Eso sí, precisa que duda que una empresa como Pisa haya sido forzada a participar.
González señala que el caso es grave porque atenta contra la confianza del sistema de libre mercado y afecta su credibilidad ante la sociedad. “En libre competencia la colusión es como el pecado capital. Es lo que no se tiene que hacer. Es como en un partido de fútbol tomar la pelota con la mano en el área chica. Eso es penal y no importan las explicaciones, no se tiene que hacer, es violar las reglas del juego”.
El economista –que fue presidente de Metro al comienzo de este Gobierno– ha sido asesor de varias comisiones que son las responsables del actual marco regulatorio y sostiene que en general en Chile se han hecho avances importantes.
Asegura que no hay algo especial en la economía chilena que explique los escándalos de colusión de los últimos años. Ocurren en todas las economías, puntualiza. “No hay país, no hay economía capitalista del tamaño que sea, ya sea EE.UU., Irlanda, Francia, Alemania, cualquier país desarrollado de la OCDE que no tenga casos, juicios o investigaciones en libre competencia”.
Detalla que en un régimen de libertad económica “va a haber algunos que van a querer hacer infracciones a esa libertad, abusando de esa libertad, y uno tiene que aplicar sanciones. Es como la delincuencia en las calles, yo lo hago así. ¿Cuándo se acaba la delincuencia? Hay libertad de acción, la gente puede salir, entonces, claro, alguien va a abusar de eso. Lo que tenemos que ver es si tenemos los instrumentos para pelear en contra de ello, y yo creo que los estamos teniendo y creo que, si se aprueba esta ley, vamos a estar dentro de las mejores prácticas de la OCDE».
Y añade: «Lo segundo, tiene que haber conciencia también de la gente de que esto no se debe hacer, hay un tema ético, que yo creo que hoy día los empresarios están más conscientes que antes de que hay cosas que ya no se van a aceptar. Y todos estos escándalos, y a veces lo exagerados que somos, sirven también para disciplinar, porque yo he visto que muchas empresas se restringen incluso a hacer cosas porque temen a estar expuestas a la opinión pública. Ahora, yo veo que avanzamos, pero si alguien me dice que conoce un país en que ninguna de estas faltas ocurren y todo funciona bien y los mercados son súper competitivos y todos se portan bien, yo no lo creo, esto pasa en todas partes lamentablemente, y no veo nada de especial en Chile. Lo único es que, como hemos estado cambiando la ley, hoy vemos más cosas que antes pasaban completamente inadvertidas”.
-Apuntemos al tema de la pena. ¿Qué fue de ese cambio en el Gobierno de Lagos, que hasta el momento absuelve de sanciones penales?
-El año 2004 se reforma la ley. La ley anterior tenía una sanción penal en grado menor para colusión en ciertos productos que se llamaban esenciales: alimentos, vestimenta, por ejemplo. Pero esta nunca se usó, nunca se persiguió a nadie, nunca se aplicó. ¿Y por qué no? Porque no había evidencia, entonces era una ley que no servía. En ese momento, hay que pensar en el Parlamento de ese tiempo, probablemente se llegó a un acuerdo. Había gente que se oponía a dar más facultades a las agencias regulatorias para investigar. La visión que hoy día es prevaleciente de la opinión pública, incluso de los parlamentarios, no es la visión prevaleciente que había hace diez años atrás. Ha habido un cambio fundamental.
-En el Congreso había un fuerte lobby en contra de una regulación muy dura.
-Tú puedes ver las actas de las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, donde parlamentarios se oponían a dar más facultades, decían que las multas eran muy altas, que obviamente la cárcel no correspondía. Entonces, para avanzar a tener una mejor institucionalidad, obviamente hubo que ceder algunas cosas.
Lo que se cedió probablemente fue eliminar la pena de cárcel. Ahora, si tú me dices a mí, yo creo que eso fue una ganancia neta, porque en ese momento la pena de cárcel no era efectiva. Es más, tú puedes ver que el caso del confort actual, se creó un cartel que comienza a operar el 2000, cuando había pleno régimen penal para la colusión. Entonces, yo creo (hubo) un cartel sabiendo que hay pena de cárcel, pero que nunca me la van a aplicar porque no hay instrumentos para que me detecten y, por consiguiente, para que me sancionen. Hoy día la Fiscalía tiene la posibilidad de tener las pruebas y a un caso de colusión se le puede pedir sanción penal porque la evidencia es bastante clara y esto es lo que tiene el proyecto de ley que hoy día está en el Parlamento.
-El proyecto de ley tal como está ahora, sacando este aspecto de la sanción penal, ¿es bueno?
-Yo creo que va en la dirección correcta, porque el régimen de sanciones nuestro actual tiene una deficiencia: que fija una multa máxima absoluta. La ley dice, usted no puede aplicar más de 30 mil unidades tributarias anuales. Si tu estuviste coludido por 15 años o 20 años con un volumen importante de negocios al cual tú subiste los precios un 20%, el beneficio que tú obtuviste en relación con la sanción puede quedar completamente desbalanceado. La idea es que la multa sea tan grande que a ti te disuada. Para muchos carteles, sobre todo en mercados grandes de mucho tiempo, la multa máxima actual de 30 mil UTA no es disuasiva. Entonces, tenemos que ir a un sistema en que lo que dice la ley es que la multa va a ser proporcional al mercado afectado, máximo un 30% de las ventas del mercado afectado durante el período que duró el cartel.
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