Inversión minera: “La modernización ambiental es la clave en un periodo que promete auges”

Con más de US$100 mil millones en proyectos mineros en carpeta y una presión creciente por acelerar la inversión, la discusión ya no gira sólo en torno al “qué”, sino al “cómo”. En ese contexto, los ajustes al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental —hoy nuevamente en revisión por Contraloría— emergen como una pieza estratégica para viabilizar iniciativas largamente postergadas, sin tensionar el marco de exigencias ambientales.

Daniel Weinstein, abogado y analista en materias de regulación ambiental, sostiene que el DS Nº17/2025 “se alinea con una visión más moderna y con la experiencia acumulada en la aplicación de las tipologías existentes, de modo que el sistema se active sólo cuando existan impactos ambientales significativos que requieren evaluación”. A su juicio, el problema no es la evaluación en sí, sino la falta de focalización del sistema.

Weinstein explica que uno de los principios rectores del cambio reglamentario es evitar que el SEIA destine recursos escasos a proyectos que, por su magnitud o características, no generan impactos ambientales relevantes: “Para un sector como el minero, donde los plazos de tramitación se traducen en aumentos significativos de capital, la eficiencia del evaluador es crítica”, advierte, subrayando que hoy existen normativas sectoriales y tecnologías que vuelven obsoletos ciertos controles previos. En ese sentido, “la modernización ambiental es la clave en un periodo que promete auges”.

Principales modificaciones

Entre los ajustes más relevantes, destaca el nuevo tratamiento de la infraestructura eléctrica. Según indica, “proponer que las líneas de transmisión de alto voltaje ingresen al SEIA sólo cuando superen los dos kilómetros permite ejecutar mejoras de menor escala sin activar evaluaciones que no aportan a la protección ambiental”. En minería, explica, este tipo de infraestructura es habilitante y su sobrerregulación impacta directamente los plazos de desarrollo.

En una línea similar, la experta en derecho minero, María Paz Pulgar valora el reingreso del decreto a Contraloría, señalando que “la reforma apunta a modernizar el sistema actualizando tipologías y umbrales que, debido a nuevas tecnologías o normativas sectoriales, han quedado obsoletos”. Desde su perspectiva, el objetivo no es debilitar la institucionalidad ambiental, sino fortalecerla mediante un mejor uso de sus capacidades.

Pulgar ejemplifica con el caso de los centros de datos, que hoy ingresan al SEIA principalmente por el almacenamiento de combustible de respaldo: “Cambiar el umbral a 1.000 toneladas evitará trámites innecesarios que no generan mejoras ambientales reales”, afirma, agregando que lo mismo ocurre con líneas de transmisión menores o con instalaciones que ya cuentan con regulaciones técnicas estrictas.

La minuta técnica que acompaña la reforma refuerza este diagnóstico, señalando que varias tipologías actuales responden a criterios con baja o nula aplicación práctica, o a riesgos que hoy están suficientemente cubiertos por normativa sectorial. En ese contexto, el aumento de umbrales para el almacenamiento de sustancias tóxicas, explosivas o inflamables busca precisamente evitar ingresos al SEIA que no agregan valor ambiental.

Para Weinstein, el desafío es estratégico: “En un escenario global donde otros países están acelerando reformas para atraer capital minero, Chile no puede darse el lujo de mantener un sistema que focaliza tiempo y recursos en lo trivial”, plantea. En su opinión, si el país quiere sostener su liderazgo minero y aprovechar la ventana de oportunidad asociada a la transición energética, modernizar la evaluación ambiental no es opcional.

Pulgar coincide en que la economía también está en juego: “Modernizar los umbrales de ingreso no es desproteger, sino focalizar la evaluación donde los impactos son verdaderamente significativos”, cerró.