Fiscal económico y Caso Pollos: “Éste es el cartel más grande que el sistema haya intentado desbaratar”

En una concurrida audiencia pública en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, litigó como parte demandante del Caso Pollos, donde exhibió evidencias y elementos probatorios que estaban previamente con reserva, como correos electrónicos enviados entre los principales ejecutivos de las empresas avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.

A juicio del fiscal, este caso se trataría del "cartel más grande que el sistema de libre competencia haya intentado desbaratar", por lo mismo pidió al TDLC que ordene el cese del cartel, que se exija un cobro de al menos 30 mil UTA (US$ 26,9 millones actuales) para cada empresa y que se disuelva la Asociación de Productores Avícolas (APA), que supuestamente funcionaba como ente articulador del cartel.

Contundencia de las pruebas
La prueba más antigua del fiscal data de 1994, donde las empresas pactaron un documento de convenio, en el cual la principal norma básica es la "prohibición estricta de usar artificios que se traduzcan en la violación o distorsión de los precios de referencia convenidos". Ese sería el punto inicial del cartel, que, a juicio del fiscal, comenzó como un cartel de precio.

Para velar todo este cumplimiento del pacto, en ese entonces se escogió a Juan Miguel Ovalle Garcés como parte del Comité de Evaluación del acuerdo. Este ejecutivo que se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Productores Avícolas en los últimos años, es sindicado por la FNE como el gran articulador de todo el cartel.

Irarrázabal comentó en la audiencia que la misión que se atribuye la APA, que es realizar "una proyección de la demanda", no es otra cosa que "un eufemismo que hacen los jugadores que tienen el 92% de mercado. Es una proyección autocumplida". De esta manera, comenta que "las participaciones de mercado de estas empresas no han variado desde los noventa".

Según declaraciones recientes de Ovalle, él no tenía conocimiento que este convenio haya operado. Sin embargo, el fiscal mostró un fax del 19 de mayo de 1994, donde Ovalle le escribía al controlador de Don Pollo, Ramón Covarrubias, que el precio de venta de los productos de segunda podría realizarse sólo al 50% del precio de la lista y que "cualquier otro precio se considerará como un incumplimiento del 'acuerdo de precios de referencia'". De esta forma, la FNE mostró otras secuencias de pruebas similares.

Desde la década de los noventa que las empresas tienen que entregar semanal y mensualmente a la APA su información de producción en kilos, nacimientos, ventas en unidades, kilos  y valores, etc. De esta forma se habría consolidado el inicio del "cartel de la producción", tal como lo mostró el fiscal con una serie de correos electrónicos hasta 2010, donde se aprecian diversos intercambios entre los ejecutivos regulando sus cargas y mostrando sus listas de precios.

Daño económico
Dentro del repaso del análisis económico, Irarrázabal comentó que Andrés Gómez-Lobo, economista y actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a quien se le encargó un estudio, estima montos cercanos a US$ 1.500 millones en relación al efecto que habría producido ese cartel por el sobreprecio en la limitación de la producción.