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Créditos imagen: Agencia Uno
Gobierno se juega su última ficha y alista la mesa técnica que discutirá reforma al sistema político
Tras acordar la instancia con la comisión de Gobierno Interior de la cámara baja, La Moneda buscará zanjar todos los nudos antes de la renovación tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Las principales observaciones recaen en las que apuntan a los partidos pequeños.
A pesar de intentar zanjar la iniciativa antes del receso legislativo, el Gobierno no logró ver aprobada la reforma al sistema político antes de marzo. Esto luego de que el presidente de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Rubén Oyarzo (Partido Radical), no atendiera a la urgencia inmediata puesta por el Ejecutivo, señalando que la iniciativa solo sería tramitada “como corresponde legislativamente”.
Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo entre dicha instancia y La Moneda para llegar a marzo con acuerdos claros que puedan aprobarse en particular –quitándole la urgencia y estableciendo una mesa técnica–, el Gobierno de Gabriel Boric reactivó las conversaciones para lograr la aprobación de la iniciativa antes del 11 de marzo y la renovación del Congreso. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, contactó a los diputados integrantes de la comisión para coordinar la instalación la mesa técnica que discutirá el proyecto.
La mesa, que sesionará durante este mes, estará compuesta tanto por los parlamentarios integrantes como por sus asesores –así como por los del Gobierno–, y estudiará tanto el contenido como las indicaciones presentadas durante las últimas semanas. Para ello, ni Lobos ni el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ni el senador por RN José García (sucesor de Elizalde en el cargo) se tomarán vacaciones.
Entre las principales trabas para su aprobación se cuentan las indicaciones oficialistas presentadas, las cuales fueron interpretadas como salvavidas para sus propios partidos y como un torpedeo al proyecto en sí. Entre las principales está la referida al número de firmas necesarias para constituir un partido.
Asimismo, la propuesta del Ejecutivo fortalece a los comités parlamentarios y refuerza el rol del jefe de bancada, otorgándole facultades para ordenar el trabajo interno, asignar cupos en comisiones y asegurar la disciplina partidaria.
Además, plantea restringir el traspaso de financiamiento público entre partidos y endurecer los requisitos para la creación de nuevas colectividades. También establece mayores restricciones para la conformación y el financiamiento de los partidos, junto con requisitos más exigentes para las candidaturas independientes.
Otra iniciativa es una reforma constitucional, impulsada por un grupo transversal de senadores, que fija una barrera del 5% de los votos (o contar con ocho parlamentarios) para que los partidos puedan elegir diputados. Además, establece una nueva causal de cesación del cargo parlamentario para aquellos que renuncien a sus partidos o bancadas.
De este modo, el proyecto busca introducir cambios orientados a fortalecer la gobernabilidad, reducir la fragmentación parlamentaria y establecer nuevas reglas para la conformación y el financiamiento de los partidos políticos. Para ello, se modificarían las leyes orgánicas constitucionales de Partidos Políticos, la del Congreso Nacional y la de Votaciones Populares y Escrutinios.
Si bien el proyecto cuenta con amplio respaldo, mantiene en alerta a las colectividades más afectadas por la reforma, principalmente en el arco de la izquierda y centroizquierda ―con partidos como el Radical y la Federación Regionalista Verde Social―, pero también en conglomerados de derecha, como el Partido Nacional Libertario y el Social Cristiano.
