Socialismo II: democracia

 Lo que no es compatible con la democracia es el capitalismo, o lo es únicamente a fuerza de subordinar la democracia al capitalismo, que es la situación en la que actualmente vivimos.

Desde que la democracia existe, siempre ha debido tener dos condiciones fundamentales, la igualdad ante la ley y la igualdad de palabra, igualdad y libertad. Estas no son meros requisitos formales, sino que su realización tiene que ver con condiciones materiales. En la época moderna, al alero del nacimiento de las republicas constitucionales, a la articulación de estas características, que son las que constituyen la ciudadanía, se les llamó: libertad civil. Es ciudadano sólo quien posee esta libertad civil, es decir, que su existencia no depende de nadie (más que de la sociedad en su conjunto) y, por lo tanto, no está sujeto a la voluntad de un tercero, pudiendo tomar decisiones autónomas y libres. Los conservadores de entonces, en vez de socializar la riqueza, para expandir la ciudadanía, decidieron restringir el voto y nació así el voto censitario. 

Con la división de la sociedad entre propietarios y proletarios la posibilidad de la independencia civil se disuelve inmediatamente. Por eso, la reducción de la ciudadanía a una categoría formal, jurídica, fue denunciada desde muy temprano como una farsa. El proletario, como ha dicho Carlos Fernández Liria, es, estrictamente hablando, lo contrario del ciudadano: por definición su existencia depende de un tercero que paga su salario sin el cual no puede vivir (y esto es así hasta el día de hoy). Por ello es que el sueño republicano ilustrado de una republica democrática de ciudadanos libres fue aplastado muy tempranamente por la hegemonía del capitalismo. 

Ahora, el capitalismo es bastante más que una mera economía y tiene sus propias condiciones de posibilidad: el trabajo de reproducción social, la expropiación del trabajo no pagado, la explotación de la naturaleza, entre otras. Estas permiten la existencia de este sistema y al mismo tiempo generan otras formas de dominación, por ejemplo, dominación de género o racial. En una sociedad capitalista, por tanto, quienes ocupan estas posiciones subalternas no poseen tampoco libertad civil, no pueden ser verdaderos ciudadanos/as, y no solo por una carencia material, sino que también por una carencia de reconocimiento, no se las reconoce con igual dignidad. 

La incorporación de esto al programa socialista y de la democracia, ha sido abordado por Nancy Fraser como “paridad participativa”, es decir, que todos y todas puedan tener igual derecho a participar de la sociedad. Esto requiere, por cierto, redistribución de riqueza, pero también de patrones culturales que garanticen a todos el respeto necesario y las oportunidades para interactuar sin discriminación. Solo así podemos hablar realmente de una República de ciudadanos en la que todos sus miembros adultos puedan interactuar entre sí como iguales. 

Es evidente la incompatibilidad de un régimen democrático así entendido con las sociedades capitalistas. Desde sus albores, entonces, el liberalismo va a sostener una relación ambivalente con la democracia. Por un lado, se la defiende como arma contra la monarquía, mientras que por otro lado se la teme, principalmente porque pudiera poner en riesgo los derechos de propiedad. En esa ambivalencia es evidente el lado que triunfó, y la consecuencia de esto fue una reapropiación de la democracia que neutraliza la demanda por la redistribución y reduce el contenido de la ciudadanía a la ficción jurídica de la igualdad ante la ley, obviando todo lo demás. 

Con ello se introduce un germen del que las llamadas “democracias liberales” no se podrán liberar jamás: la tendencia a la oligarquización, pues el peso del dinero se torna cada vez en la variable más determinante cuando se decide el destino de las sociedades. Con la consolidación del neoliberalismo esto pasa al primer plano: la concentración inédita de grandes cantidades de riqueza, la desestructuración del Estado y la eliminación de todo tipo de contrapeso al poder económico, son algunos de los elementos que lo caracterizan. Por eso, si a las llamadas “democracias liberales”, pudiéramos nombrarlas como “democracias bajo condiciones capitalistas”, tras la hegemonía neoliberal podemos hablar directamente, perdonando el oxímoron, de democracias oligárquicas. 

Que esto sea así no implica que nuestros regímenes no sean democracias, bien lo sabemos los chilenos que sufrimos la crudeza de una dictadura por 17 años. Pero sí hay que decir que se trata de una democracia incompleta y subordinada a los intereses del capital nacional y global. Basta un par de ejercicios mentales para confirmarlo: ¿Cuánto pesa un parlamento o un gobierno democráticamente electo frente a Google? ¿Qué autonomía tiene un gobierno de un país mediano cuando el patrimonio de un solo oligarca global, como Elon Musk, supera el PIB de países como Chile, Argentina o Portugal? ¿Es posible que los países decidan democráticamente avanzar y desarrollarse en una dirección distinta a los intereses de estos oligarcas globales?  

La economía, cuando además es conducida por compañías que concentran tales niveles de riqueza se transforma en un poder muchísimo más potente y que logra actuar sistemáticamente al margen de la ley. Lo hemos visto en nuestro país una y otra vez: grandes colusiones, corrupción parlamentaria para torcer la ley a su favor, manipulación de la opinión pública a través del control mediático. En este contexto la lucha democrática recupera toda su centralidad porque es imperativo que podamos retomar el control de nuestras propias sociedades. 

Durante muchos años el marxismo del canon despreció al Estado de derecho como un constructo “burgués”, sin darse cuenta de que esta institucionalidad era precisamente aquella que permitía contener el despliegue de las tendencias salvajes de la acumulación capitalista. Lo interesante de la institucionalidad de la República democrática -como dice, de nuevo, Fernández Liria- en Estado de derecho es que su función es doble, pues no solo permite contener las fuerzas oligárquicas, sino que también proteger a la propia democracia de sus excesos (la hybris democrática como la llamaban los antiguos).

Si el neoliberalismo avanzó debilitando la institucionalidad del Estado de derecho y liberando los poderes salvajes de la economía, poner las cosas de pie, implica hacer el camino inverso: recuperar y fortalecer este Estado de derecho para rescatar a las sociedades del actual “Estado de mercado” en el que se encuentran.  A su vez, fortalecer el Estado de derecho, requiere de democracia, pues su verdadero poder no está en la riqueza, sino que está en la capacidad de tener legitimidad social y esa legitimidad social solo es posible construir cuando la institucionalidad es una institucionalidad verdaderamente construida por todos: por ciudadanos libres que forman parte de una comunidad política. Y esto, sin darse muchas vueltas, la posibilidad de tener una sociedad con paridad participativa y libertad civil requiere distribuir la riqueza y aceptar la igual dignidad de todos y todas. 

Perseguir, por tanto, una República constitucional democrática, un Estado social y democrático de derechos, que controla a los poderes de la economía y es conducido por ciudadanos libres, iguales y fraternos, no es otra cosa que el programa del socialismo. Por eso, también podemos invertir los términos y decirnos que somos socialistas porque somos fundamentalmente demócratas.